Los ayuntamientos siguen siendo el nivel de gobierno más débil, el más desprotegido. Y si a eso le sumamos las malas administraciones, entonces tenemos condiciones que propician la debilidad de sus finanzas y, sobre todo, la precariedad de su ejercicio de gobierno. Por eso vemos, en la Zona Metropolitana de Pachuca, tantas calles que lucen como si estuvieran abandonadas. Más en el área de Mineral de la Reforma, donde decenas de colonias viven con servicios precarios. Donde conducir un vehículo semeja una zona de guerra o donde la basura se acumula varios días sin que llegue el camión recolector. Y cómo estarán las cosas que en lugar de que el presupuesto crezca para hacer frente a tantas necesidades, disminuye. Ayer en sesión de cabildo, la presidencia de Mineral de la Reforma proyectó un presupuesto de 289 millones de pesos, el cual es 37 millones menor al del año en curso, cuando fueron aprobados 326. El documento propone que del presupuesto total 14 por ciento sea destinado a inversión pública; luego, casi la mitad (44 por ciento) lo destinaría a servicios personales, esto es, sueldos, que garantizan la operatividad de la alcaldía que requiere mil 100 empleados para funcionar. Para hacer frente a la austeridad, el alcalde panista Raúl Camacho propuso reestructurar algunas áreas y adelantó que ya encontraron duplicidad de funciones en las direcciones de Obras Públicas y Finanzas. De algún lugar tendrán que salir los recursos para, por ejemplo, reparar los miles de metros cúbicos de pavimento dañado. Pero, más allá de salir del apuro, es necesario pensar en esa reforma al sistema de gobierno mexicano que se discute desde hace décadas. ¿Cómo hacer que recauden más, cómo fortalecer sus atribuciones?, ahí es donde deben ponerse a trabajar los legisladores y quienes están atrás de las reformas. Si no, seguiremos viendo a los municipios débiles, sin dientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De filón. Hablando de reformas, las de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de México necesitan más tiempo que el plazo establecido por los propios legisladores para que la justicia laboral sea transferida al Poder Judicial en las entidades en marcha, según dijo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) Blanca Sánchez Martínez. Una muestra más de que los cambios que se han hecho en la Cámara de Diputados no necesariamente corresponden con nuestra realidad.

Comentarios