HUGO CÉSAR* / Pachuca

En Hidalgo, de 2011 a 2017 fueron denunciados ante las autoridades 172 asaltos ocurridos en transporte público, aunque esa cifra no representa la realidad, ya que las víctimas consideran que realizar la denuncia correspondiente es una pérdida de tiempo debido a la impunidad, además de la vulnerabilidad a la que están expuestos luego que choferes y concesionarios tengan acceso a sus datos personales.

De acuerdo con el testimonio de un joven que fue asaltado cuando viajaba en camión por la carretera Pachuca-Ixmiquilpan, quien solicitó resguardar su identidad, las víctimas corren mayor peligro tras levantar la denuncia correspondiente, pues no hay garantía de que sus datos personales sean protegidos.

“Después (del asalto) el único altercado que tuve fue con el chofer del (camión) PAI. Al subirme a la unidad, él se asoma y le dice al guardia: ‘Revísale qué lleva en la mochila’; le respondí: ‘Si me vas a revisar la mochila a mí, quiero ver que les revises a todos, tú sabes qué pasó la vez anterior y tienes algo que ver ahí. Donde agarren a los chavos (responsables del robo) te voy a cobrar lo que perdí, y si sale tu nombre, me voy a ir sobre ti’”, relató el joven.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de 2011 a 2017 autoridades registraron 172 asaltos con violencia a usuarios del transporte público en las carreteras de Hidalgo; en el primer año, la cifra fue de 63 casos.

Con el fin de comparar la información al respecto, específicamente en la ruta Pachuca-Actopan-Ixmiquilpan (PAI), uno de los tramos en la entidad con mayor inseguridad, según diversos testimonios, fueron solicitados datos a la dirección general de la Policía de investigación (DGPI), sin embargo, no hubo respuesta.

A pesar de que los asaltos a usuarios del transporte público en carreteras de Hidalgo fueron en aumento durante los últimos seis años, con base en información del SNSP, durante 2017 solo 6.8 por ciento de los hechos delictivos de ese tipo fueron denunciados, es decir, en el 93.2 por ciento de los casos las víctimas del delito no acudieron ante las autoridades, de acuerdo con registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mario Alberto, quien también ha sido víctima de asalto en transporte público, narró que el día de los hechos “todos se empezaron a bajar, y pensé: no se supone que íbamos a denunciar; solo un chavo se paró y dijo: ‘Por favor no se bajen, hay que ir a denunciar’. Yo lo apoyé, pero las personas hicieron caso omiso. Los únicos que nos quedamos fuimos el conductor, una chava, el chavo y yo; imagínate, de todo un camión de 40 personas, solo tres personas y el conductor (se quedaron). Finalmente ya no se hizo nada”.

Según algunos testimonios recabados, las personas afectadas sospechan que en varios casos los choferes están coludidos con los asaltantes, al respecto Mario Alberto comentó: “Traían (amenazado) al conductor con un arma, pero se me hizo sospechoso que parecía que no le daba miedo la situación… Por lo regular, los conductores traen los billetes en las manos; le empezaron a hablar con groserías: ‘Cabrón, la cuenta’ y les dio la caja con todo el dinero. Yo pienso que, probablemente, era parte de ellos”.

Asimismo, algunos entrevistados consideran que las condiciones en las que ofrecen el servicio están relacionadas con el aumento de la inseguridad en el transporte público. “Saturan las unidades y no tiene ningún control sobre eso. No tienen control de quiénes suben y quiénes bajan, y pues eso habla de una mala empresa”, afirmó Alexis Valencia Medina, otra víctima.

El exjefe de servicio en una empresa de transporte público, quien solicitó resguardar su identidad, afirmó que los choferes no están involucrados en los hechos delictivos ocurridos en las rutas de los camiones.

“No pueden estar con ellos (los asaltantes), porque aparte golpean a los choferes por no obedecer, les ponen sus cachazos. Al llegar a la central solo piden la declaración del conductor, ya si no coincide con la del pasaje, pues se van contra la empresa responsable.”
Con respecto a los seguros brindados a los viajeros, aclaró: “El usuario cuenta con un seguro que lo obtienen al comprar el boleto, pero no cubre cosas materiales, porque no cobramos paquetería como otras empresas, como en ADO; además, tú como chofer no puedes bajarte a ver si (las personas) traen armas”.

Además, a pesar de que algunas unidades tienen cámaras de video a bordo, las empresas de transporte no colaboran con las autoridades a través de la entrega de los materiales que pueden utilizarse para la investigación correspondiente.

“Llegan dos patrullas, una es de la Policía municipal de Actopan y la otra estatal, se nos ofrece la opción de que nos podíamos ir a nuestras casas o ir al Ministerio Público (MP). El autobús traía cámaras, pero la queja de incluso uno de los policías era que la empresa nunca bajaba las grabaciones para entregarlas a las autoridades”, expuso Alexis Medina.
El Inegi indicó que entre las principales razones para que las víctimas no denuncien delitos ante las autoridades está la pérdida de tiempo con 34.2 por ciento, desconfianza en la autoridad con 16.5, trámites largos y difíciles con 7.7, actitud hostil de las autoridades con 4.7 y miedo a la extorsión con 1.4 por ciento.

Del total de las averiguaciones previas iniciadas por el MP, el Inegi destacó que en el 55.9 por ciento de los casos la denuncia no fue resuelta. Los casos que derivaron en la recuperación de bienes, la puesta a disposición del delincuente ante un juez o que la persona afectada otorgara el perdón representan solo el uno por ciento del total de los hechos, porcentaje que en 2016 fue de 1.2 puntos.

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