Conforme se acerca el 2021, en Baja California se calientan los ánimos a grado tal que ya está totalmente abierta la confrontación entre el gobernador Jaime Bonilla y el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz.

Aliados en 2018, hicieron campaña juntos, uno por la gubernatura, el otro por la alcaldía del principal municipio de Baja California, pero transcurrido un año y medio la situación se ha complicado: Bonilla acusa a Arturo González de no trabajar por Tijuana, de descuidos en el municipio por estar más ocupado en hacer campaña por la gubernatura.

Las descalificaciones de Bonilla llegan al grado de señalar a González como una persona que cambia de carácter a lo largo del día; a través de un video que circula en redes le pidió al secretario de Salud Alfonso Pérez Rico, que opinara sobre ese cambio de conducta y ese dijo que era un estado de ansiedad agravada, más adelante expuso que podría tratarse de un caso maniaco-depresivo, lo que desató las risotadas del mandatario, quien se deslindó enseguida: “Yo no lo dije, lo dijiste tú”. Y así, insulto tras insulto y con evidente sorna Bonilla aclaró que no tiene nada personal con Arturo González. El gobernador de Baja California parecía imitar con su actitud al desaparecido conductor Paco Stanley cuando conducía el programa “Pácatelas” en Televisa, donde aparecía drogado –era adicto a la cocaína– haciendo humor negro, burlas y comentarios en serio y en broma. La conferencia del gobernador se convirtió así en un circo, una falta de respeto absoluto para la ciudadanía.

Luego de elogiar la labor de los alcaldes de Mexicali y Rosarito –son los que mejor han trabajado, dijo –nuevamente arremetió contra González Cruz al referirse al tema de la seguridad pública, pues dijo que tiene desatendido el municipio en ese y otros rubros “porque no trabaja”. Y le recrimina que el ayuntamiento tijuanense estuvo ausente en el problema de los deslaves ocurridos en las colonias El Vergel, Ballesteros y Sánchez Taboada, pues el gobierno del estado –dijo– tuvo que atender esas emergencias.

Le dijo que se ponga a trabajar, “pero no se le puede pedir eso a quien no ha trabajado”, piensas que estás en el Campestre –el club de empresarios del que González Cruz fue presidente– y así, golpe tras golpe, iba respondiendo las preguntas de los reporteros que aparecían en una pizarra electrónica.

Ante lo que, según Bonilla, es una falta de respeto a los ciudadanos de Tijuana, le pidió al alcalde ofrecer disculpas al pueblo, pues no ha cumplido con su deber como autoridad. Y así, a lo largo de toda su conferencia, Bonilla centró todos sus comentarios injuriosos y descalificativos en González Cruz, quien actualmente está considerado como el alcalde con mayores méritos para competir por la gubernatura de Baja California en el 2021.

Pero no todo termina ahí. El 24 de agosto, Arturo González Cruz fue citado en la Secretaría de Gobernación por el subsecretario Ricardo Peralta, aliado de Bonilla durante el cabildeo en el Congreso de Baja California para votar la llamada ley Bonilla, que implicaba ampliar a cinco años el mandato del actual gobernador de esa entidad, proyecto que echó abajo la Suprema Corte con su resolución de este año.

En aquel escándalo, a Ricardo Peralta se le vinculó con los moches que presuntamente le entregaron a los legisladores de Baja California para votar la ley Bonilla. El exadministrador general de aduanas –cuyo paso por esa área fue efímero y ruidoso por la corrupción que prohijó– fue acusado por Jaime Martínez Veloz, entonces candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, de operar los presuntos sobornos a legisladores, al estilo Emilio Lozoya, para aprobar la cuestionada ley.

En ese escándalo político desatado por los sobornos –se habló del reparto de hasta un millón de dólares para todos los legisladores– habría sido operado por Alejandro Miramontes, administrador de la aduana de Mexicali –presuntamente de ahí salió el dinero– quien fue colocado en ese puesto por Ricardo Peralta cuando fungió como administrador general de aduanas a principios del sexenio.

Incluso, el entonces presidente del Congreso de Baja California Benjamín Gómez acusó a Peralta de intentar sobornarlo para convocar a una sesión y votar por la ley Bonilla.

Con base en esos antecedentes, no queda ninguna duda del contubernio que une al gobernador Jaime Bonilla y al subsecretario Ricardo Peralta, quien con la protección de la secretaria Olga Sánchez Cordero se ha convertido en un gángster en la Secretaría de Gobernación que rememora, toda proporción guardada, la negra historia de Fernando Gutiérrez Barrios, quien lo mismo protegía al narcotráfico que cuidaba de la política interna del país, una dualidad bastante perversa.

Decíamos que el 24 agosto, Ricardo Peralta citó en su despacho al presidente municipal de Tijuana Arturo González Cruz. El llamado fue para recriminarle sobre la venta de un decomiso –no se precisa qué tipo de decomiso, si contrabando o drogas– que habría realizado el secretario de Seguridad Pública del municipio de Tijuana y cuyo dinero –le dijo– eran para su campaña a la gubernatura.

Según denunció González Cruz, el tono de Ricardo Peralta fue amenazador, lejos el trato fino y deferente; Peralta hizo sentir el poder que detenta desde la subsecretaría de gobernación y como responsable de la vigilancia de todos los municipios del país.

En sentido estricto, la función de Ricardo Peralta es la de un gendarme que conoce los entretelones de la mafia y del poder político, cuyas diferencias no parecen existir.

Al salir de la Secretaría de Gobernación, González Cruz denunció lo ocurrido. Expuso con detalles el trato hostil que le dio Ricardo Peralta y negó que en Tijuana haya habido un decomiso, como adujo Peralta, ni se vendió nada porque tal aseguramiento no ocurrió. Al mismo tiempo negó estar en campaña por la gubernatura de Baja California, como lo ha señalado el gobernador Jaime Bonilla en reiteradas ocasiones desde sus habituales conferencias virtuales, donde es claro que las preguntas son a modo y, en muchos casos, responde las que aluden a González Cruz, pues aprovecha para golpear.

La actitud de Ricardo Peralta y la campaña injuriosa de Jame Bonilla en contra de González Cruz pone en evidencia que ya está desatada la guerra por la gubernatura de Baja California y quieren frenar el paso acelerado de González Cruz, quien hoy por hoy es el mejor hombre para competir en el 2021.

No se puede esperar menos del subsecretario de Gobernación, quien no de balde fue enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la administración general de aduanas (AGA) para combatir a las mafias, pero no advirtieron que Peralta era la persona equivocada. Él era parte de lo que iba a combatir.

En los dos primeros días como titular de aduanas Peralta asestó lo que la prensa exhibió como un duro golpe al crimen al decomisar 40 toneladas de mercancía de contrabando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En una conferencia mañanera, el vocero Jesús Ramírez dijo que ese golpe era un gran ejemplo de que el combate al crimen y la limpieza en las aduanas iba en serio. Sin embargo, lo que no dijo es que la mercancía asegurada en la terminal aérea era falsa, como falsos resultaron otros aseguramientos que se aprovecharon solo para la publicidad.

Peralta tampoco pudo limpiar las aduanas, como ofreció, por el contrario, toleró a las redes de contrabando y del crimen organizado, pues se dijo que lo que el funcionario buscaba, a través de terceros, era llegar a un arreglo con todos los grupos. Incluso, se preparaban negociaciones con empresas que estaban siendo investigadas por la importación de los llamados autos chocolates, otra historia de la que nos ocuparemos próximamente.

No es todo: antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador se hicieron promociones para vender cargos de administrador en varias aduanas del país. Hasta un millón de dólares costaban las posiciones en Reynosa, Mexicali, Tijuana, ente otras. Y después de pagar por el puesto, al nuevo funcionario le daban la anuencia de operar con manos libres para reponer su inversión, eso es, debía pactar con el crimen, pues no había otra forma de recuperar lo invertido.

Este es el perfil de Peralta, el hombre que ejerce mano dura en Gobernación, el que negoció la ley Bonilla con presuntos sobornos para legisladores en Baja California, el cómplice del gobernador Jaime Bonilla, el que ahora ha empezado a mover sus piezas y a manejar el terror para truncar las aspiraciones legítimas de Arturo González a la gubernatura de Baja California.

La postura de González Cruz es firme: “No voy a renunciar a mis derechos políticos”, dijo. Es obvio que el trabajo del alcalde tijuanense le mete demasiado ruido a Jaime Bonilla, quien después de que la Suprema Corte declaró inválida la llamada ley Bonilla– además de que era inconstitucional fue operada con sobornos a legisladores– tuvo que conformarse con gobernar solo dos años el estado de Baja California y, desde su posición como mandatario, se ha convertido en el principal descalificador de González Cruz, aunque mañosamente asegura que “no tengo nada personal” con el alcalde, a quien le pide que se revise médicamente por sus constantes cambios en su estado de ánimo.

Sin lugar a dudas quien tiene que acudir al psicoanalista y con urgencia es el gobernador Jaime Bonilla, pues está claro que Arturo González Cruz se ha convertido en una verdadera pesadilla para él. Si no hay nada personal, pues ¿por qué aprovecha todo momento para cuestionar y descalificar su trabajo? Ya no imaginemos si hubiera algo en lo particular, sería un tormento total.

Texto extraído de www.sinembargo.mx

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