De las designaciones anticipadas de Andrés Manuel López Obrador a cargos importantes dentro de la administración federal, todas han recibido tácita aprobación, excepto una de las últimas: Manuel Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Señalado responsable de la “caída del sistema” en 1988, fungió como secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y después, con Carlos Salinas, secretario de Educación Pública, de donde saltó a la gubernatura de Puebla, donde nació en 1936.

Su padre, Manuel Bartlett Bautista, fue gobernador de Tabasco.

Hasta 2006 militó en el PRI y presidió la comisión de puntos constitucionales; ya, en 2012, regresó al trabajo legislativo bajo el amparo del PT.

Licenciado en derecho por la UNAM, acredita doctorado en Ciencias Políticas.

Recientemente, en mayo, revivió la polémica de lo ocurrido en la elección de 1988 y acusó al PAN de la supuesta caída del sistema y dijo que en el Colegio Electoral se resguardaron las boletas y como Acción Nacional no quería que ganara Cuauhtémoc Cárdenas, el partido azul validó la elección de Salinas.

Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, fue contundente al decir que el nombramiento de Bartlett para CFE no fue el más acertado y que “había mejores opciones”.

Apuntó que ella no es quién para dar consejos a AMLO, finalmente, declaró, “él toma las decisiones”.

Por su parte, López Obrador, virtual presidente electo, declaró que el expriista “ha estado defendiendo la industria eléctrica desde hace 15 años”.

Respecto a las críticas por el nombramiento, dijo que era respetuoso de todos los comentarios.

Por su parte, Bartlett manifestó que les disgusta que llegue a poner orden en esa empresa.
Refirió que la CFE está a punto de desaparecer por malas administraciones y anticipó que volverá a ser de calidad nacional.

A fin de cuentas no dejó de ser un tema de ópticas, en un lapso de transición que, a diferencia de otros muchos, ha sido intenso, con un López Obrador de mesuras pero sin perder incesante actividad.

Prisas en la Cámara

Con la perspectiva de que en el nuevo Congreso estatal habrá predominio de diputados morenistas, 17 de un total de 30, los actuales legisladores entraron en un casi frenesí laboral para hacer sustanciales modificaciones, tanto en diversas esferas de índole judicial, como en la Ley Orgánica de la propia Cámara que permitirá acuerdo ya aprobado, en apresurado cambio de sede: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, el martes 31 de julio pasado, que permitirá la alternancia en la presidencia de la junta de gobierno entre las tres fracciones parlamentarias con mayor número de legisladores.

Igualmente, se aprobó que el gobierno estatal celebre operaciones de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública a través de la Secretaría de Finanzas.

Pero antes, incansables los representantes populares, aprobaron leyes de Movilidad y Transporte, y de Cultura.

Tuvieron, igualmente tiempo para elegir a un nuevo procurador de justicia, nuevo fiscal electoral, reducción de magistrados electorales, cuatro magistrados para el Tribunal Administrativo del Estado y un consejero de la Judicatura.

Falta únicamente la designación del nuevo titular de derechos humanos, lo que ocurrirá en la última decena de este aún joven agosto.

Ese martes, militantes de Morena, acompañados de diputados en funciones y los ya electos, cerraron los accesos a la Cámara de Diputados.

La intención era impedir enmiendas a la Ley Orgánica.

De inmediato se presentaron elementos antimotines de la Policía estatal y con evidente uso excesivo de fuerza repelieron a los morenistas.

Hubo lesionados, entre ellos una diputada, así como otros con golpes contusos.

Con esos acontecimientos se robusteció la tesis de que el gobierno hidalguense intensificó su influencia para blindarse ante la cercanía del cambio de legislatura.

En días posteriores se vertieron comentarios sobre lo ocurrido.

El gobernador Fayad manifestó que no estaba confrontado con Morena y… “creo que no estamos en una época que admita el porrismo; yo creo en el diálogo, el respeto”.
El mandatario estatal, semanas atrás, se pronunció por la reconciliación.

Ciertamente la alusión al porrismo no cabría para interpretar, en lo político, lo ocurrido.
Integrantes de Morena, a su vez, precisaron que lo único que se perseguía era evitar que se diera un “albazo” al reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Un conocido y respetado periodista, Anselmo Estrada Alburquerque, citó en el diario Criterio:

“Con los últimos estertores de la agonía del PRI, la manada priista pastoreada durante dos años por María Luisa Pérez Perusquía, la ya otrora presidenta de la junta de gobierno del Congreso local, salió supuestamente triunfante de la póstuma sesión con que clausuró su gris actuación la 63 Legislatura, última mayoritaria del Partido Revolucionario Institucional, RIP, a lo largo de 80 años”.

Y quien sorprendió fue Leoncio Pineda Godos, dirigente estatal del PRI, refiriendo: “Es necesario que el gobierno de Omar Fayad, ante el nuevo escenario electoral, tienda puentes de entendimiento con todos los actores políticos de esa entidad”.

No estuvo de acuerdo con la intervención de la fuerza pública en las instalaciones de la Cámara y dijo que lo mejor es que “los políticos buenos y los malos se sienten a la mesa a dialogar, porque de no ocurrir así, el pueblo es el primero en perder y la muestra está en lo ocurrido”.

El epílogo un tanto descompuesto, fue la movilización, el jueves, de morenistas ante la Comisión de Derechos Humamos del Estado de Hidalgo, en donde denunciaron atropellos de la fuerza pública.

No hubo incidentes que lamentar.

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