Después del escándalo que provocó la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que reveló que la delegación estatal del IMSS gastó 31 millones de pesos para comprar 20 ventiladores a 1.5 millones de pesos cada uno, es decir, con un sobreprecio del 85 por ciento, ayer la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions. ¿La razón? Precisamente las irregularidades durante la compra de esos ventiladores. El escándalo además les costó la suspensión de sus cargos a cuatro funcionarios del IMSS-Hidalgo desde finales de mayo, cuando la SFP mantenía la investigación por posible corrupción en la venta de los aparatos. La decisión de la SFP de ayer, al inhabilitar a la empresa propiedad de León Manuel Bartlett es una buena señal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto a la bandera que ha mantenido desde que inició su gobierno: la de combatir a la corrupción como el peor cáncer que carcome a nuestro país. Pero también deja claro que ni el gobierno de la 4T se salva de tales prácticas que, en teoría, deberían ser parte del pasado. Este caso muestra que la administración de López Obrador no es inmune a la corrupción y que, por tanto, es indispensable mantener los anticuerpos contra ese mal. Y uno de ellos es el ejercicio del periodismo como contrapoder. Por eso es imprescindible que en México sea preservada la libertad de expresión, así sean tachados los medios de comunicación críticos como conservadores o como comparsas de intereses oscuros. Aquí lo que debe destacarse es que una investigación periodística, ejercida por MCCI, destapó la cloaca que implicaba la compra de esos ventiladores, con un sobreprecio de 85 por ciento. Afortunadamente los anticuerpos contra la corrupción gozan de cabal salud. Por eso la importancia de protegerlos aunque le moleste al presidente. De filón. No se entiende cómo el gobernador Omar Fayad puede mantener en su administración a un funcionario como Carlos Arozqueta Solís. No conforme con haber provocado una pelea con la delegación federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en tiempos del sexenio de Enrique Peña, ahora el funcionario fue reciclado y colocado en el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial (IHCE) donde ya provocó denuncias de hostigamiento, violencia laboral e intimidación. Diría el clásico: ¿pero qué necesidad?

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