Los ciudadanos comenzamos 2018 con un cúmulo de noticias que afectan a nuestros bolsillos gracias a las “ideotas” y decisiones de los gobernantes en turno. Con la llegada de 2018 comenzó el alza de precios de las gasolinas y del gas LP, lo cual ha empujado el aumento de precios de productos básicos como el kilogramo de tortilla, el cual se vende al público hasta en 19.83 pesos, en algunas ciudades del norte del país.
No obstante, ante esta realidad de ajuste de precios que reducen el deteriorado poder adquisitivo de los ciudadanos, la alta burocracia que ¿administra? y ¿gobierna?, afirma que esos aumentos no son reales, que son producto de la imaginación colectiva, pues aseguran que ni hay gasolinazo ni tortillazo.
Los ejemplos son las declaraciones del secretario de Hacienda José Antonio González, quien negó se haya registrado el famoso gasolinazo de inicio de año, y las de autoridades de la Secretaría de Economía, que comanda Ildefonso Guajardo, que sostuvieron que un alza en el precio de este alimento básico carece de fundamento porque en los primeros días de 2018 la tonelada de maíz se vendió 11 por ciento más barata que hace un año.
Sin embargo, la realidad que vivimos los ciudadanos es que los aumentos a los combustibles, al gas LP y del kilogramo de tortilla ya se resiente en nuestros bolsillos, y todo esto es producto de la reforma energética, esa que tanto alabó el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su sexenio, la cual ahora está dando sus frutos: aumentos de precios en las gasolinas y energéticos, así como la pérdida de la soberanía sobre el petróleo.
Aunado a las noticias de los aumentos de precios por la llamada cuesta de enero, los ciudadanos nos encontramos que 2018 será un año muy agitado en materia política en virtud del proceso electoral que está en ciernes y en el cual los grupos de poder político y económico se juegan mucho: mantener los privilegios para la actual cleptocracia o el arribo de un nuevo grupo político y económico al poder.
Desde ahora el presidente en turno mueve sus piezas para colocar a la gente que le cuide las espaldas después de entregar el poder al próximo presidente de la República, cuando los ciudadanos conozcamos la magnitud de los desvíos de recursos públicos, así como el saldo de la administración de Enrique Peña Nieto.
En épocas pasadas, cuando el PRI mantuvo la hegemonía en el poder durante más de 70 años, cada término de sexenio era de angustia para los ciudadanos, pues era un hecho que habría crisis económica, que las arcas habían sido saqueadas y el país quedaba hipotecado ante los acreedores extranjeros.
México se reinventaba cada seis años, llegaba el candidato oficial con sus promesas de renovación, de bienestar, de empleo, de mejores condiciones sociales, pero poco o nada se materializaba ante la estrechez financiera que había en la nación tras el majadero derroche y desvío de recursos nacionales.
Todo parece indicar que el país está nuevamente en ese escenario de los añejos sexenios priistas, ya que la economía no avanza, los salarios siguen deprimidos, el empleo es escaso y mal remunerado, el dinero no fluye, se percibe una astringencia financiera en todas las instituciones que operan con recursos públicos.
Los escándalos de obscenos desvíos y fraudes con dineros públicos se suceden uno tras otro, la clase política busca “blindarse” con reformas que vulneran los derechos humanos para imponer el “orden” a través de la fuerza del Ejército, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está “secuestrado” por incondicionales del tricolor, quienes ya afinan la estrategia para las próximas elecciones federales.
Los comicios federales del primero de julio de 2018 serán estercolizos por la guerra sucia que se vislumbra, ya que quienes hoy están en el poder difícilmente aceptarán un cambio, pues ello significa perder grandes negocios nacionales y transnacionales, por lo que se antoja desde ahora que habrá una lucha encarnizada por retener el poder, cueste lo que cueste.
En medio de ese escenario, los ciudadanos nos enfrentamos a los resultados de las llamadas reformas estructurales: pérdida del poder de compra, menor bienestar social y mayor esfuerzo para adquirir bienes de consumo básico, sin embargo, tenemos la posibilidad de influir en el destino del país, si el domingo primero de julio próximo salimos masivamente a emitir nuestro voto libre y secreto.

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