Pachuca

El Poder Ejecutivo busca aumentar de tres a cinco años la vigencia del procurador general de Justicia de Hidalgo, lo cual fue recibido con reservas por diputados de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes piden un lapso de tiempo menor.
Como parte de las reformas para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, la propuesta de modificación a la Constitución del estado contempla cinco años de ejercicio en el cargo de procurador.
Mientras que el fiscal especializado en delitos electorales y el fiscal especializado en delitos de corrupción ocuparán el cargo durante tres años, de acuerdo con el documento que analizan legisladores.
Además, el titular de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) durará en su encargo siete años y no podrá ser nombrado nuevamente. Deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.
Luis Baños, presidente de la comisión de legislación y puntos constitucionales del Congreso, indicó que existen opiniones encontradas en cuanto a la duración en funciones del procurador, ya que la fracción del PRD propone tres años.
El también coordinador de los diputados de Acción Nacional se pronunció por un periodo corto para el procurador, toda vez que es muy desgastante ese puesto.
Mientras que la reforma da facultad al gobernador con tal de proponer a través de listas de candidatos para que el Congreso los designe, el legislador de Acción Nacional se pronunció por agregar una consulta pública, ya que el Sistema Anticorrupción necesita legitimación.

Cambian tribunal fiscal
por justicia administrativa

La reforma contempla que el Tribunal Fiscal y Administrativo cambie su denominación a Tribunal de Justicia Administrativa y se constituya como uno de los ejes del Sistema Estatal Anticorrupción.
Dicho tribunal será el encargado de resolver las acusaciones formuladas por la ASEH y los órganos internos de control de las entidades públicas estatales y municipales en lo referente a faltas administrativas calificadas como graves.
Además, se fortalecen sus facultades en cuanto a la resolución de controversias entre el estado y los particulares, y las relativas a la responsabilidad patrimonial del estado. Los magistrados que lo integran serán nombrados por el Congreso a propuesta del titular del Ejecutivo y durarán en su encargo seis años.

Órganos Internos de Control

Se establece la obligación de las entidades públicas estatales y municipales para contar con un órgano interno de control.
Los correspondientes a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la dependencia encargada del control interno, puntualiza el documento.
En lo relativo a los órganos autónomos, los titulares del órgano interno de control serán nombrados por el Congreso.
Dichos órganos deberán vigilar el correcto ejercicio y administración de los recursos públicos, atender las evaluaciones por el cumplimiento de los objetivos planteados y realizar las acciones que correspondan por actos u omisiones que constituyan la probable comisión de delitos o faltas administrativas.

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Víctor Valera
Egresado de la UAEH, reportero en Hidalgo desde 2007. Cuando inició a reportear en diarios locales, cubrió organizaciones campesinas y protestas sociales. Actualmente cubre la fuente política y Congreso local. [email protected]