Busca iniciativa aplicar medidas cautelares a procesos de sistema inquisitivo

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Busca iniciativa aplicar medidas cautelares a procesos de sistema inquisitivo

Pachuca

Una incitativa en la Cámara de Diputados federal pretende que se apliquen las reglas sobre medidas cautelares a procedimientos iniciados con anterioridad al sistema procesal acusatorio.
De acuerdo con la iniciativa turnada la comisión de justicia de esa cámara, se pretende añadir el artículo 182 bis al código nacional de procedimientos penales, con el fin de que mencione:
“Artículo 182 bis. Aplicación de las reglas sobre medidas cautelares a procedimientos iniciados con anterioridad al sistema procesal acusatorio.”
En el cuerpo del artículo se menciona que una vez que el inculpado, a quien en su procedimiento resulte aplicable la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, quede a disposición del órgano jurisdiccional por virtud del cumplimiento de una orden de aprehensión, se convocará inmediatamente a una audiencia ante el juez de la causa.
A medida de esta reunión se resolvería tras escucharse a la partes implicadas, sobre la aplicación de medidas cautelares, tomando en consideración las reglas de prisión preventiva, así como, en lo conducente, las disposiciones sobre medidas cautelares contempladas del artículo 153 al 182 del código nacional de procedimientos penales.
Abunda que se aplicarán las reglas de dichos artículos de este código para la supervisión, incumplimiento, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas cautelares decretadas a los inculpados a los que se les aplica los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio.
En los argumentos, el autor de la iniciativa, el legislador por Hidalgo del PVEM Cesáreo Márquez Alvarado expone que con base en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados deben observar el carácter excepcional de la prisión preventiva y respetar el principio de presunción de inocencia a todo lo largo del procedimiento, además de que dicha medida es cautelar y no punitiva.
De igual forma, estas condiciones de prisión preventiva, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, generan que de los 359 centros de reclusión, 130 no cuenten con las suficientes acciones para prevenir o atender casos de riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines, problemáticas del hacinamiento.
Otro punto crucial es el costo para el Estado que genera mantener a tantos detenidos, esto ya que el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social del Estado mexicano, en 2014, gastó solo en manutención de los reos de los 21 centros federales, más de mil 703 millones de pesos.
Lo anterior sin contar con lo que erogan los centros penitenciarios de cada estado de la República.
Ante esto señala que existen motivos jurídicos, sociales y económicos para no aplicar la prisión preventiva como regla general en el procedimiento penal tradicional, “no es posible seguirla aplicando de manera automática”, manifestó.

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