Busca PAN tipificar discriminación como delito

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Pachuca.- El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Uribe Vázquez busca erradicar la discriminación y que el tema sea tratado como un delito, por lo cual pidió modificar el artículo 202 bis del código penal del estado, que habla sobre la dignidad de las personas.
El legislador propuso que “se impondrá de uno a tres años de prisión o de 150 a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA) vigente al que, por razones de origen nacional, edad, sexo, pertenencia étnica o nacional, embarazo, raza, color de piel, idioma, género, orientación sexual, estado civil, posición social, condición económica, discapacidad, características físicas, estado de salud o de otra índole, atente contra la dignidad humana”.
Agregó que las conductas discriminatorias implican negar o restringir a una persona sus derechos laborales. Asimismo, negar o limitar a un individuo un servicio de salud, provocar o incitar al odio o a la violencia; o excluir a alguna persona o grupo.
Sobre los servidores públicos que nieguen o retarden a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derechos, le aumentarán en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del artículo, y además le impondrán destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Sostuvo que cuando las conductas referidas en la ley sean cometidas por una persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena incrementará en una mitad.
“De la misma manera se incrementará la pena en una mitad cuando la conducta se cometa en contra de mujeres embarazadas, personas indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Este delito se perseguirá por querella”, resaltó Uribe Vázquez.
Sostuvo que de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no es percibida, pero que “en algún momento la hemos causado o recibido”.
Recordó que las acciones para mejorar el contenido constitucional del derecho a la no discriminación han sido armonizadas con los documentos internacionales en la materia, como es el caso de la reforma del 4 de diciembre de 2006 y 10 de junio de 2011, cuyo contenido en el párrafo quinto del artículo primero constitucional permite mejorar las condiciones de los grupos que están en situación de alguna modalidad de discriminación.
Añadió que respecto a lo local, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, mediante la reforma publicada el 31 de diciembre de 2011, integra ese derecho mediante la reforma al artículo cuarto, cumpliendo las expectativas de la normatividad nacional y apropiándose de los términos antidiscriminatorios, supuesto que pondera el interés de la estructura estatal para reconocer y hacer respetar dicho derecho.

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