Busca PGR castigar a su exoficial mayor

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Guillermina Muñoz Soto está acusada de presunto fraude fiscal

Ciudad de México.-Después de intentarlo en tres ocasiones, la PGR consiguió una orden de aprehensión contra Guillermina Muñoz Soto, oficial mayor de la institución en la gestión de la procuradora Marisela Morales.
A la exfuncionaria se le acusa de un presunto fraude fiscal de 2 millones 98 mil 281 pesos. Desde hace 11 meses, el Poder Judicial de la Federación se había negado a ordenar su captura por un caso donde están relacionados el juez federal en materia administrativa Alfonso Flores Padilla y su esposa Laura Montes López, cercana colaboradora del ministro presidente Luis María Aguilar.
Apenas la semana pasada se instruyó la captura, pero solo por defraudación fiscal, no por un delito que se le adjudicaba en una operación inmobiliaria en la que fueron parte los funcionarios del Poder Judicial.
En 2012, Muñoz Soto compró en 8.7 millones de pesos la casa 56, manzana D, en el condominio Garden Placid de Jardines del Pedregal, a Flores Padilla y Montes López. La PGR detectó que de los 8.7 millones de pesos que costó la casa, la exoficial mayor solo pagó con su dinero 2.2 millones de pesos y los restantes 6.5 millones fueron saldados por terceros.
Entre el 30 y 31 de octubre de 2012, Laura Montes, entonces secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Aguilar, recibió depósitos por 6.6 millones de pesos a cuenta de la casa de Muñoz.
Quien más dinero aportó para liquidar la casa de Muñoz fue Grupo Aeronáutico AFA, con 3 millones de pesos, la empresa es propiedad de Alejandro Puente Córdoba, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec).
Puente era en aquel entonces titular del consejo de participación ciudadana de la PGR y una persona muy cercana a la entonces rocuradora Morales. Una investigación de Grupo Reforma reveló en septiembre de 2013 que una de las aeronaves de AFA fue subarrendada por una empresa de Coahuila para rentarla a la propia PGR.
En septiembre de 2012, cuando Muñoz ya era oficial mayor, la PGR pagó 126 mil dólares a la empresa Ra Jet Aeroservicios por 30 horas de vuelo de un avión Sabreliner 65 matrícula XA-APC, propiedad de la empresa de Alejandro Puente.
Paralelamente, la exfuncionaria de la PGR tramitó un crédito bancario en Scotiabank Inverlat para adquirir el inmueble, aunque la casa ya estaba pagada cuando recibió el financiamiento por 6.9 millones.
Las autoridades encontraron que la beneficiaria no usó el crédito para pagarle a la empresa de Puente y a las otras personas físicas y morales que cubrieron el monto de su casa. Además de comprar un vehículo, realizó depósitos bancarios en favor de siete personas, entre ellas tres de sus entonces subordinados en la PGR.

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