Pachuca.- La diputada local Corina Martínez García propuso castigar con prisión de hasta seis años y una multa económica a los servidores públicos que realicen actos de nepotismo al otorgar cargos públicos a familiares y personas cercanas.

En sesión de ayer, la legisladora morenista recalcó que el nepotismo, entendido como el acto de otorgar, entre otras cuestiones, cargos públicos a familiares, sigue presente en las esferas de gobierno y en la actualidad no está regulado en su totalidad.

Recordó también que en el Congreso de la Unión impulsan acciones para combatir el nepotismo, por lo que propuso modificar diversas leyes locales con el objetivo de regular dicha práctica en Hidalgo.

La propuesta contempla modificar el código penal del estado para agregar un capítulo que establezca que comete “abuso de funciones” el servidor público que ejerza actos de nepotismo valiéndose de las atribuciones de su empleo para designar a una persona con quien tenga parentesco consanguíneo, afinidad, o terceros con los que esté relacionado, entre otros.

En caso de cometer dicho delito, los servidores públicos serían castigados con prisión de dos a seis años y una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Además, el juez impondría la privación de su cargo al servidor público y lo inhabilitaría para desempeñar otro puesto público; mientras, quedarían exentos los familiares que se contraten con base a sus conocimientos, habilidades, actitudes y méritos.

La iniciativa que también busca modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras, fue enviada a las comisiones conjuntas de legislación y puntos constitucionales y seguridad ciudadana para ser analizada.

Gobernador envía iniciativa

En la misma sesión, el Congreso de Hidalgo recibió la propuesta para crear la ley estatal de fomento y fortalecimiento a las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, enviada por el gobernador Omar Fayad Meneses, misma que también será analizada en comisiones.

  • Los servidores públicos que realicen esos actos podrían ir a la cárcel hasta seis años, según la iniciativa presentada por Corina Martínez García

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