Buscan plantear gestión contra riesgos como política integral

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propuesta

Pachuca

La legisladora por Hidalgo Nora Oropeza Olguín propuso impulsar la gestión integral del riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social, además de fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección.
La iniciativa de reforma a la Ley General de Protección Civil, turnada a esa comisión para su análisis, pretende además estimular, desarrollar y promover normas oficiales mexicanas para la consolidación del sistema nacional en la materia.
En este caso se intenta reformar los artículos 27, primer párrafo, 90, 91 y 92 de dicha ley.
Al respecto, la diputada priista por Hidalgo expuso que mediante esa iniciativa pretenden fortalecer la toma de decisiones de los órganos públicos involucrados en el Sistema Nacional de Protección Civil y promover la participación de representantes de las entidades de la administración pública federal en los órganos colegiados que existen para este menester.
Eso permitirá que tengan la capacidad de opinión, decisión y autoridad para coadyuvar a preservar la integridad, la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.

La iniciativa plantea también que cuando la autoridad en materia del agua o el concesionario desfogue la infraestructura hidráulica, se obligue ante el contratiempo a promover acciones, operar estrategias, para la protección civil de la población impactada por la eventualidad.
Además de que “en estos casos se aplicarán los procesos de información mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos y otros, para salvaguardar la vida, integridad, salud y bienes de la población, así como la infraestructura pública, la planta productiva y el ambiente del lugar donde ocurra el desastre”, puntualiza.

La iniciativa proyecta sancionar a los servidores públicos que incumplan con su obligación, por razones de empleo, cargo o comisión en materia de protección civil, y que como consecuencia de tal conducta propicien daño a las personas, lugares, instalaciones u objetos.

“Es menester sancionar la conducta delictuosa cuando esta provenga de la omisión del servidor público respecto de la protección civil, considerando su responsabilidad al poseer información de posibles impactos o consecuencia de fenómenos antropogénicos y de fenómenos naturales perturbadores y que estos sean previsibles por el uso de la tecnología”, precisa.

La iniciativa contribuye también al objetivo de salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno ante una devastación de origen natural o humano, conforme al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
A su vez, busca impulsar la gestión integral del riesgo como una política en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social; fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección; estimular, desarrollar y promover normas oficiales mexicanas para la consolidación del sistema nacional de protección civil.

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