Buscan prohibir incineración de residuos

Imagine un día común: levantarse, preparar el desayuno, salir de casa al trabajo, volver por la tarde-noche y, en lugar de descansar, pensar en el grado de contaminación al que estuvo expuesto al vivir en una zona extensamente afectada por partículas que generan un grave daño a la salud.

Además, reflexione sobre el daño al medio ambiente que genera el hecho de que Hidalgo alberga en su territorio seis cementeras trabajando, convirtiéndose en el único estado que tiene tal cantidad de industrias de ese tipo

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Cementeras y basura, principal problema

Imagine un día común: levantarse, preparar el desayuno, salir de casa al trabajo, volver por la tarde-noche y, en lugar de descansar, pensar en el grado de contaminación al que estuvo expuesto al vivir en una zona extensamente afectada por partículas que generan un grave daño a la salud. Asimismo, considere que Hidalgo tiene seis cementeras trabajando dentro de su territorio, siendo el único estado que alberga tal cantidad de industrias de ese tipo, además de la incineración de basura que llegó a la entidad hace un par de años. Pero ante ese panorama, distintos frentes de comunidades proponen una reforma al artículo 162 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo para que sea frenado ese contexto que a diario viven los hidalguenses.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, la investigadora Brisa Carrasco, de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), explicó que la incineración de residuos, así como la industria del cemento y otros materiales para la construcción que enfrenta la entidad hidalguense podrían generar daños a la salud y medio ambiente; igualmente, precisó que el modelo de quema de basura no es rentable económicamente.

La especialista forma parte de 12 unidades de frente común en todo el país, entre las que está la de Tizayuca, que pugnan por un sistema que no realice ningún tipo de incineración de basura ni de materiales que puedan comprometer la salud de las personas, ya que ha sido comprobado en otros países que ese no es el camino ideal.

“Ya se probó que ese no es el camino correcto, no tiene por qué repetirse algo que ya se probó que no funciona, en Europa y Estados Unidos”, indicó la investigadora sobre el tema.

Agregó que la incineración de basura, las plantas cementeras y el manejo de residuos sólidos especiales deben ser atendidos por las autoridades en coordinación con la sociedad, ya que la población no es ajena a la toma de decisiones y debe participar en todo lo que compete a su entorno.

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Además, más allá de la cuestión de salud y medio ambiente, esas prácticas no son redituables económicamente, ya que donde están instaladas plantas de ese tipo de modelo el municipio o los estados se endeudan con préstamos para hacer una inversión pública-privada, no obstante, el déficit no es una respuesta de impulso económico, pues las deudas persisten varios años y el beneficio solo será para las firmas.

En ese sentido, en Tizayuca fue detenida la operación de Valorsum, pero en otras regiones, sobre todo en la de Tula-Tepeji, las cementeras continúan su operación bajo medidas de calidad que deben ser revisadas por las autoridades.

Asimismo, Brisa Carrasco refirió que recientemente el depósito de llantas en Cementos Fortaleza fue clausurado, no obstante, presuntamente quebrantó los sellos de suspensión y continuó trabajando, y con hechos como ese, las cementeras y otras industrias han burlado a la ley, por lo que deben endurecerse las reglas de operación de todas esas firmas y además revisar el modelo por el que transitan los municipios a su crecimiento, que debe tomar en cuenta el entorno y el cuidado al medio ambiente. Otras firmas instaladas en Hidalgo son Cemex y Cruz Azul.

Por esa razón, el Frente de Comunidades de Tizayuca, junto con investigadores del resto de las unidades de todo el país, propusieron a la 64 Legislatura local trabajar en una modificación al artículo 162 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.

Ese artículo cita: “Se prohíbe la incineración de desechos sólidos urbanos y de residuos de manejo especial en el estado, salvo casos excepcionales y previa autorización de la secretaría (de Medio Ambiente y Recursos Naturales)”.

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El objetivo es trabajar en un instrumento legislativo que endurezca las penas por la incineración y prohíba la práctica totalmente, además de que en el tema de las cementeras sea vigilado el cumplimiento cabal de las medidas de mitigación de contaminación y control de sus procesos para evitar irregularidades.

Ese mismo apartado considera a los microgeneradores, que son los establecimientos industriales, comerciales o de servicios que expulsan una cantidad de hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Cabe explicar que los microgeneradores de residuos peligrosos están obligados a registrarse ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los municipios, según corresponda, sujetándose a los planes de manejo y condiciones establecidas para tal fin; así como llevar sus propios residuos peligrosos a los centros de acopio autorizados o enviarlos a través de un transporte autorizado, ello de conformidad con las disposiciones legales.

La investigadora Brisa Carrasco detalló que la responsabilidad de los gobiernos es velar por el interés de los ciudadanos de una forma integral, por ello urgió a los gobiernos estatales y municipales a trabajar en esa visión de reforma de ley y con ello mejorar la calidad de vida.

En otros países donde han sido probados esos modelos empresariales y con permisión de la ley notaron que son “falsas soluciones promovidas para contrarrestar la crisis climática, que no solo no han logrado mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que las han aumentado; además de que esas propuestas son una herramienta más del esquema para continuar con la privatización de la naturaleza y los recursos estratégicos, aumentando así los impactos socioambientales en lo local, sin resultados en la reducción de emisiones en lo global”, destacó la académica de la UAEM Brisa Carrasco en su artículo “Incineración de residuos en cementeras como una falsa solución inserta en los mercados de carbono”, que realizó junto con el investigador en la misma materia Jorge Tadeo Vargas, quien también es uno de los principales impulsores de esa reforma de ley.

En ese sentido, Brisa Carrasco adelantó que la legislación atiende esa propuesta de reforma de ley que realiza con el diputado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Víctor Osmind Guerrero Trejo, integrante de la comisión de medio ambiente, recursos naturales y cambio climático, quien revisa la propuesta para adecuar el marco legal a la protección de la salud, el medio ambiente y la economía de los hidalguenses.

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Industria contaminante

De acuerdo con las investigaciones, la industria cementera es una de las que más dióxido de carbono (CO2) emite a la intemperie, pues el proceso de producción del material implica la calcinación del carbonato de calcio (CaCO3).

Esa sustancia se encuentra en la formación de conchas o esqueletos y por sí sola no representa un riesgo a la salud, no obstante, durante el proceso de calcinación se convierte en un agente que causa daño al cuerpo, principalmente hepático.

En promedio, una planta cementera podría producir hasta 13 toneladas de cemento y con ello provocar igual cantidad de CO2, situación que además se suma al calentamiento global de todos los países.

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Dos pulmones sanos

El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Carlos Alexander Lucho Constantino, experto en el área académica de química, explicó que ese asunto no parte de cero, pues ya existen varias investigaciones que consideran que la contaminación de material particulado PM10 y PM2.

5 tiene un gran impacto en las enfermedades crónicas que podrían desarrollarse en habitantes cercanos a una empresa, por ejemplo, una cementera.

La región Tula y los municipios Atitalaquia y Atotonilco de Tula son, en términos generales, los más contaminados de la entidad, sobre todo de ese material particulado, pues en promedio alcanzan la alerta naranja casi todos los días, es decir, que registran niveles de contaminantes superiores a los 100 puntos en mala calidad del aire.

Asimismo, Carlos Alexander Lucho Constantino subrayó que esas partículas están asociadas a daños a la salud, sobre todo si su exposición es constante y en ese sentido reiteró que la población es la única que puede hacer un impulso para que los gobiernos tomen en serio el objetivo de salvaguardar la integridad de los ciudadanos, como es su compromiso.

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Para dar una guía del camino que pueden seguir los gobiernos, tanto estatal y municipales, para regular esa materia, está el artículo “Asociaciones de retraso distribuidas entre enfermedades respiratorias y mortalidad por concentración de partículas en suspensión en Tula. Una región industrial altamente contaminada en el centro de México”, que realizó Carlos Alexander Lucho Constantino en conjunto con otro grupo de investigadores.

Ese texto reúne las características de esa región desde Tlaxcoapan hasta Atotonilco de Tula y municipios aledaños; además, cuenta con datos exactos sobre salud (mortalidad y morbilidad) y medio ambiente de 2011 a 2013.

El artículo es una de muchas herramientas que existen sobre la contaminación en esa región, además de la propuesta de reducción a la permisión de esas partículas para que las emisiones sean reguladas y sean implementadas acciones concretas para disminuir la expulsión de ese material, en específico las partículas PM10 de 120 a 75 (microgramos por metro cúbico) y de las PM2.5 de 80 a 45.

Otro instrumento es la NOM-025-SSA1-2014, vigente para la regulación de las industrias cementeras, que da el panorama de cuáles son las afectaciones para el material particulado. “La exposición a largo plazo a niveles altos de PM2.5 se asocia significativamente a hospitalizaciones por neumonía adquirida; mientras que la exposición a PM10 durante los meses de verano se asocia con mayores síntomas de apnea obstructiva y menor saturación durante el sueño”, por citar un párrafo de esa regulación.

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Urgente respiro a habitantes

Los científicos refieren que es urgente modificar los hábitos, hacer consciencia en la sociedad de lo que implican los daños a la salud y la participación ciudadana en las decisiones que competen a una comunidad.

Además de que ese asunto no es únicamente problema de Hidalgo, ya que a la propuesta de reforma al artículo 162 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo se han sumado organizaciones civiles como Comunidades Unidas contra la Incineración de Tizayuca y Ciudadanos de Atotonilco de Tula por las Cementeras.

A parte, también se enlistan regidores del ayuntamiento de Apaxco, pues la contaminación de las fábricas de cemento afecta en los límites entre el Estado de México e Hidalgo.

Ante ese panorama, es urgente que la sociedad y el gobierno unan fuerzas para mejorar un entorno que resentirán no solo estas generaciones, sino las que vienen.

Asimismo, es vital valorar el costo de la instalación de empresas con esas características que requieren mayor revisión en sus emisiones de material particulado, y un examen total a ese modelo de producción y consumo, que si bien genera empleos, el costo es muy alto para las arcas públicas, la salud, la infraestructura del medio ambiente, entre otros.

Posible solución

José Luis Cadena Zamudio, profesor del área académica de ciencias de la tierra y materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), trabaja en un análisis que permita disminuir la contaminación ambiental que crean las empresas cementeras.

Durante el registro de datos, el catedrático ha destacado que esa es una de las industrias con más emisión de dióxido de carbono (CO2).

Distintos frentes de comunidades proponen efectuar una reforma al artículo 162 de la ley estatal para la protección al ambiente con el fin de reducir la emisión de contaminantes

Tula,Atitalaquia y Atotonilco de Tula son, en términos generales, los más contaminados, pues en promedio alcanzan la alerta naranja casi todos los días en mala calidad del aire

La investigadora de la UAEM Brisa Carrasco refirió que la incineración de basura, las plantas cementeras y el manejo de residuos sólidos especiales deben ser atendidos por las autoridades en coordinación con la sociedad

En Tizayuca fue detenida la operación de Valorsum, pero en otras regiones las fábricas de cemento continúan operando

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