Varias dependencias federales y estatales que, legalmente, tienen como fin el combate a la pobreza, pareciera que su encargo es precisamente el contrario: hacer que los millones de mexicanos que se encuentran en la pobreza o pobreza extrema no solamente no salgan de esa situación de vulnerabilidad, como hoy suele llamarse a la pobreza, por ser menos ofensivo para muchos oídos, si no que, además, de su ya sufriente situación hay que hacerlos padecer las de Caín para que algo se pueda atender y resolver. Prácticamente no existe funcionario público, sea estatal, federal o municipal, que a la hora de que se plantean problemas que bien son su incumbencia para resolver, ya sea de infraestructura básica, salud, educación, etcétera. Que no responda con un “contundente”: no se puede, “no hay recursos”, “es muy poco el presupuesto”, etcétera.
Esa política contrasta con la de algunas dependencias del gobierno federal, dispensa a grandes empresas con condonaciones que afectan los ingresos del gobierno, con los cuales, obviamente, podrían servir para solventar grandes problemas de infraestructura básica o bien para instrumentar programas sociales de manera más efectiva. Por ejemplo, a decir de la organización Fundar, Centro de Investigación AC, es sabido que en el actual sexenio se han dejado de cobrar unos 188 mil millones de pesos por cancelación de créditos fiscales. De acuerdo con dicha fundación la cancelación de un crédito fiscal implica que la autoridad tributaria desista de la recaudación de un adeudo, ya sea porque su cobro resulta incosteable, o bien, porque el deudor o los responsables solidarios son insolventes o no pueden ser localizados. “Desconocemos si la autoridad tributaria intenta recuperar los adeudos hasta el máximo de sus posibilidades antes de decidir cancelarlos. Esto es todavía más alarmante, porque las personas que deben más son a quienes principalmente se les dejan de cobrar sus deudas”, cita Fundar.
De las condonaciones en 2016, tan solo 10 personas morales (que equivale a uno por ciento de los contribuyentes que recibieron una condonación) se beneficiaron con un monto acumulado de 3 mil 616 millones de pesos, lo que representa más de 85 por ciento del monto total de condonaciones. “Cinco de los 10 contribuyentes están relacionados con la corporación GEO, empresa de construcción y desarrollo de vivienda social que hace poco entró en concurso mercantil”. De acuerdo con Proceso.com, otra de las grandes empresas beneficiadas en 2013 y 2015 fue Televisa: “El Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó a Grupo Televisa un crédito fiscal por 3 mil 334 millones de pesos, lo cual permitirá a la compañía limpiar sus estados financieros y mejorar su imagen crediticia ante inversionistas”. También se vieron beneficiadas importantes empresas como TV Azteca y Volkswagen.
El perdón fiscal otorgado a empresas morales durante este sexenio es equiparable al presupuesto total de las secretarías de Salud y de Agricultura, que recibieron en 2017, es decir 121 mil millones de pesos y 62 mil millones, respectivamente.
Es decir, por un lado se regatea a los descamisados de esta nación hasta un sistema de agua potable, un hospital o una escuela y, por otro, se regala, por la vía de la condonación, miles de millones de pesos a los que de por sí están nadando en dinero. ¡Vaya paradoja! Pero, además, pareciera que, prácticamente todos los funcionarios de los distintos niveles de gobierno, se encuentran alejados de la realidad social y económica que vive México, pues su actitud ante las carencias sociales de la inmensa mayoría de la población no se modifica: vemos funcionarios impávidos, con el mismo discurso de hace décadas, ante decenas de peticionarios y, lo que es peor, en muchos estados usando la fuerza pública como contención de la inconformidad social.
Pero el pueblo organizado en Antorcha, a pesar de esa política discriminatoria, del bloqueo oficial y de todas las agresiones y calumnias reclamará atención y solución a las demandas de miles de comunidades marginadas y colonias populares, aunque, como lo señalé en alguna ocasión anterior “Seguramente habrá quienes aconsejen que se sigan ignorando las peticiones de los antorchistas, que consideren que atender sus demandas es ayudar a acrecentar su fuerza como organización, pero, desde este modesto espacio, les digo que están equivocados, que resolver las demandas de los antorchistas, es, en primer lugar, un acto de justicia social para millones de mexicanos y contribuir a atemperar la grave situación que viven y, en segundo lugar, resolver las demandas que abandera Antorcha es contribuir a generar un clima de paz social y de menor crispación, pues sí, precisamente, esos miles de mexicanos que se han sumado a nuestra organización lo hicieron así porque sus demandas y sufrimientos no encontraron eco en ninguna otra parte, ni institución pública o funcionario alguno; de manera que ocuparse ahora de ellas es, simplemente, atender lo que en su momento no se hizo”. Debemos seguir trabajando para cambiar de modelo económico y que esas políticas, de favorecer al que de por sí tiene en demasía, desaparezcan en bien de las mayorías a través de una verdadera política distributiva.

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