Urgen investigaciones, detenciones, procesos judiciales y condenas contra todos los involucrados en el huachicol. Son muchos años, son muchos agravios, es mucha la corrupción para que todo quede en un borrón y cuenta nueva.

El Plan para la Prevención del Mercado Ilícito de Combustibles (MIC), encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no puede entenderse solo con el cierre de los ductos para evitar la “ordeña” o la vigilancia de las pipas con el objetivo de que no sean robadas.

Ese plan debe incluir las medidas necesarias para que la Fiscalía General de la República empiece a judicializar con los ministerios públicos y jueces los cientos de casos de huachicoleo.

Y no hablo de los huachicoleros de a pie, me refiero a todos, pero en especial a los de cuello blanco. No podemos seguir así. Si no hay justicia, la impunidad volverá a permitir que esos delincuentes vuelvan a saquear nuestras riquezas.

Hasta ahorita las detenciones en ese rubro solo han llevado a la cárcel a los huachicoleros de a pie. Hubo encarcelados y sentenciados a 10 años de prisión en agosto del año pasado. Un juez del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio sentenció a cinco a 10 años de prisión por el delito de “posesión ilícita de hidrocarburos”.

Revisemos este caso: fue la Policía federal la que detuvo primero a dos hombres en la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, mientras transportaban 58 mil 571 litros de hidrocarburo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Luego, la Agencia de Seguridad Estatal detuvo a un hombre en Santiago Acayutlán, en Tezontepec de Aldama, con 4 mil 17 litros de gasolina, y finalmente, la Policía investigadora del estado, en Tepeapulco, detuvo a otros dos hombres en la colonia Del Trabajo con 3 mil 609 litros de gasolina.

Durante 2017 se aprehendieron a mil 947 personas por huachicoleo, de las cuales mil 202 fueron judicializadas y solo 176 estuvieron en prisión preventiva, pero Pemex no nos dice cuántos de ellos fueron finalmente procesados y sentenciados. Hasta junio del año pasado, las cifras sumaban 728 detenidos, de los cuales solo 89 estuvieron en prisión preventiva y tampoco sabemos quiénes finalmente fueron sentenciados.

Lo que sí sabemos es que durante el año pasado, Pemex presentó ante la PGR 10 mil 78 denuncias por el delito de robo de hidrocarburo, pero solo mil 162 de esas denuncias terminaron en la vinculación a proceso de los presuntos delincuentes.

La Procuraduría General de la República (PGR) va más allá y refiere que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, 3 mil 160 personas fueron detenidas por robo y transporte de combustible tomado de manera ilegal de los ductos de Pemex en Puebla, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Guanajuato. Pero de esa cifra, solo mil 500 detenidos seguían su proceso en prisión preventiva.

Pero hay que decirlo también, los estados con mayor cantidad de huachicol son aquellos que han sido gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN). De hecho, el llamado Triángulo del huachicol está en Guanajuato, un bastión del panismo y lo conforman Apaseo el Alto, Salamanca, Irapuato, León y Celaya. Aquí el cártel Jalisco nueva generación (CJNG) disputa con el cártel Santa Rosa de Lima, una batalla por el huachicol en complicidad con autoridades locales y federales.

De los 20.3 millones de litros de combustibles que la PGR aseguró a mitad del año pasado, 4.9 millones fueron extraídos en Guanajuato, donde hasta ese momento había 5 mil 490 tomas clandestinas.

Luego le siguen Puebla con 3.3 millones de litros de combustible asegurados, Hidalgo con 2.7, Jalisco con 2, Tamaulipas con 1.6 millones, Nuevo León con 990 mil, Estado de México con 959 mil, Tabasco con 500, Michoacán con 362, Tlaxcala con 343, Aguascalientes con 333 y Sonora con 284 mil.

El mapa del huachicol está bastante claro: Guanajuato, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Jalisco e Hidalgo son los estados más huachicoleros.

Y si la PGR ya confiscó 582 inmuebles que almacenaban hidrocarburos robados: 265 en Veracruz, 57 en Jalisco, 49 en Hidalgo, 42 en Tabasco, 37 en Puebla y 26 en Guanajuato, ¿qué espera para empezar a detener, investigar, procesar, condenar y confiscar lo robado?

Afortunadamente el Senado aprobó endurecer las sanciones por robo de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y demás derivados con penas que alcanzan los 30 años de prisión y multas de hasta 25 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente. Actualmente esos delitos se castigan con hasta 25 mil días de salario mínimo. Y a quienes financien ese delito, con 17 a 25 años de cárcel.

A eso hay que añadir la “ordeña” vía marítima, los “ordeñadores” náuticos que se robaban miles de litros al día con la complicidad de autoridades, empresarios y funcionarios de Pemex. Hay más de 90 barcos que navegan en el golfo de México bajo investigación de la Secretaría de Marina (Semar) por robo de combustibles destinadas a regiones de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

Está claro que lo que se estaba haciendo para combatir el huachicol era solo una simulación, tan solo en Edomex repuntó en 18 años, 3 mil 990 por ciento, mientras que las tomas clandestinas se incrementaron 262 por ciento durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Por tanto, urge información. Los mexicanos necesitamos saber cuántos detenidos hay ahora por huachicol, cuántas cuentas congeladas por robo de combustible.

Urge que no solo se detenga y procese a los huachicoleros de a pie, urgen detenciones de peces gordos, de empresarios, de los huacicoleros de cuello blanco. Todo aquel que ha participado de una manera u otra en el robo a nuestras riquezas debe ser procesado y castigado con cárcel. De lo contrario, todo ese valiente operativo, de nada servirá.

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