Ricardo Ravelo

Falta de personal capacitado, carencia de recursos económicos, hacinamiento, ausencia de programas específicos para lograr la readaptación social, entre otros problemas, sumen en severa crisis a las prisiones del país. Y nadie hace nada.
Por si eso fuera poco, las cárceles están repletas de sicarios y narcotraficantes que, con el apoyo de sus socios, han explotado el comercio de drogas de todo tipo en las prisiones, generando con ello una amplia red de corrupción que lo mismo implica a custodios y funcionarios menores que a muchos directores, quienes se han coludido con las bandas del crimen. En pocas palabras, las cárceles son un gran negocio cautivo de una cauda de funcionarios y capos, cómplices hasta el descaro.
No importan las condiciones de insalubridad en la que viven los reos, tampoco que consuman alimentos preparados sin cumplir las reglas de higiene o que se los coman en estado de putrefacción y entre olores fétidos. Lo que importa es el negocio del tráfico de drogas, la venta de alcohol y la prostitución descarada, pues es bien sabido que los funcionarios de las prisiones han creado otro mundo dentro de las cárceles: el de la corrupción y la impunidad sin límites.
Por esas y otras razones, las cárceles son una bomba de tiempo. Es poco decir que son escuelas del crimen, en realidad son poblaciones criminales, zonas de excepción, un mundo aparte, el mafioso y corrupto de afuera al que solo separan –o parece separar –unas rejas de la realidad exterior, tan atroz como la de adentro. Pero la corrupción ha desaparecido esas barreras. Dentro de las prisiones todo se puede hacer y todo se permite con dinero, el lubricante que lo ablanda todo.
De esa forma, se estima que la mayor parte de las extorsiones provienen de las prisiones del país. Amplias redes de mafiosos disponen de directorios, celulares para llamar a sus posibles víctimas y, previa amenaza de que tienen a un familiar secuestrado, enganchan a su víctima, quien corre apresurada a depositar una suma importante para liberarlo. Presas de este vil engaño han caído miles de personas. Algunas, por desgracia, han muerto del susto.
La violación de los derechos humanos es lo común en las prisiones. Lo humano no existe. En los últimos dos años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha difundido amplios informes sobre la precaria situación que priva en las cárceles y los datos son espeluznantes: en muchos centros federales de readaptación social los reos comen alimentos echados a perder, pasan 23 horas encerrados en sus celdas, les niegan las actividades deportivas, también las conocidas como de reinserción y la falta de higiene es lo común entre los empleados encargados de manejar los alimentos, pues no usan guantes, ni tapaboca.
Esa situación se ha documentado desde hace mucho tiempo en los Ceferesos de Hermosillo, Sonora; en Oaxaca; en Gómez Palacio, Durango, en Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, por citar solo algunos estados que enfrentan esta crítica situación en sus centros penitenciarios.
Un grave problema que impera en muchas de estas prisiones federales es la falta de alimento, justificado por las autoridades debido a la carencia de presupuesto, según argumentan. Tampoco disponen de suficiente personal para desarrollar todas las actividades laborales, deportivas y trabajos remunerados que permitan, al menos medianamente, dar algunos pasos para lograr la llamada readaptación social de los internos, algo utópico en el sistema penitenciario del país.
En el más reciente informe dado a conocer por la CNDH, a través de la tercera visitadora general Ruth Villanueva Castilleja, se afirma que un grave problema que imposibilita la readaptación social de los internos es la sobrepoblación que existe en casi todas las prisiones.
Un ejemplo de ello es el centro preventivo y de readaptación social de Cuautitlán, en el Estado de México: su capacidad es para albergar a 286 reos y actualmente su población es de mil 132 internos. Según el informe, lo mismo ocurre en el centro federal de readaptación social dos occidente, cuya población está excedida en un 56.35 por ciento.
La tercera visitadora explicó las causas de la sobrepoblación: existe uso desmesurado de la pena privativa de la libertad, rezago en los expedientes de gran parte de la población interna –casi 50 por ciento son reos procesados y no sentenciados –, la fijación de penas largas y la falta de utilización de penas alternativas.
En la mayoría de las prisiones –los casos de Topo Chico, en Nuevo León y en casi todos los penales de Tamaulipas –no existen zonas o áreas específicas para recluir a delincuentes de alta peligrosidad separados de los que enfrentan penas por delitos menores. La población, en casi todos los casos, está revuelta: narcos con estafadores, homicidas con personas procesadas por robo, psicópatas y violadores conviven con reos de baja peligrosidad. Es por ello que resulta muy común afirmar que las prisiones mexicanas son verdaderas escuelas del crimen. Y esto es decir lo menos.
En el informe 8/2016, presentado por el presidente de la CNDH Raúl González Pérez, existen datos escalofriantes como el hecho de que en muchos Ceferesos del país impera la práctica de la tortura y carecen de programas para curar las adicciones a sustancias tóxicas.
Y esas cárceles, que se supone deben estar mejor acondicionadas por su nivel de seguridad, enfrentan los mismos problemas que los centros estatales: hacinamiento, escasez de alimentos, consumo de comida en mal estado y elaborada sin higiene. Incluso el personal de la CNDH detectó que en las bodegas y espacios donde son guardados los alimentos se perciben olores fétidos.
Otra de las quejas recurrentes de los reos es la falta de acceso a los servicios de salud, pues no hay personal suficiente, ni medicamentos para aliviar algún padecimiento por mínimo que sea. Ya ni se diga cuando se trata de alguna enfermedad grave. El reo tiene dos caminos: pedir ayuda a sus familiares o en el peor de los casos morir.
Lo que la CNDH no expone en sus diagnósticos sobre el estado de las prisiones y su población es que más de 50 por ciento de las cárceles estatales está bajo el control del crimen organizado. Cárteles como los del Golfo y los Zetas, por ejemplo, imponen su hegemonía en penales de Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Tabasco y Morelos, entre otros, donde existe un mercado cautivo de drogas, alcohol y prostitución. Todo esto es autorizado por los directores de los penales por negocio o por estar bajo amenazas de los varones de la droga.
De hecho muchas fugas ocurridas en Tamaulipas y Veracruz fueron planeadas por los Zetas en contubernio con las autoridades penitenciarias, quienes mantienen una complicidad abierta con el narcotráfico para guardar drogas y armas en las cárceles, como se acreditó recientemente en el penal de Reynosa, Tamaulipas, donde las autoridades llevaron a cabo una revisión.
En las cárceles de Durango, Coahuila y Nuevo León se ha comprobado que muchos reos son sicarios de la mafia, quienes son contratados por bandas del crimen organizado para asesinar a personas. Esto lo saben las autoridades, quienes autorizan la salida del preso para ejecutar el homicidio solicitado para luego regresar a la población interna como si nada hubiera pasado.
De igual forma opera y a gran escala la prostitución en las cárceles. Estas redes también son manejadas por el narcotráfico, mantienen una estrecha comunicación con funcionarios penitenciarios, quienes reciben cuantiosos sobornos por permitir la introducción de bebidas alcohólicas, droga, “mujeres de la vida galante” y la organización de festines que en ocasiones duran hasta tres días. En esas fiestas corre a raudales el alcohol y la cocaína, venenos de la conciencia.
De la venta de droga que se permite en las prisiones, las ganancias se reparten: se le paga a la organización criminal que surte y luego vienen los “moches”, es decir, los sobornos para custodios y principalmente para el director de la prisión, quien no es la máxima autoridad, pues este funcionario a menudo es reducido a un simple empleado de la mafia.
Es el director de la prisión quien mediante un cañonazo de dinero permite todo, incluso los llamados privilegios para los reos especiales y de alto nivel, quienes desean vivir como si estuvieran en un hotel boutique o de gran turismo: piden camas de agua, aire acondicionado, salas de piel, pantallas
de plasma con servicio de televisión por cable, celulares, computadoras, impresoras, alcohol, mujeres a la hora que lo desean y comida comprada en los mejores restaurantes del lugar.
Esos privilegios no son historias recientes. En el reclusorio Sur de la Ciudad de México así vivía, en la década de 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo, el llamado “capo de capos”; durante muchos años esa vida de lujos la llevó Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el penal de Puente Grande, donde se le suministraba viagra e inyecciones de testosterona para mantener la libido aceitada como un resorte.
En realidad el Chapo mandaba en Puente Grande y tenía una nómina secreta para sobornar a todos los funcionarios del penal. Tanto dominio llegó a tener que aquel enero de 2001 se fugó de la cárcel. La versión de que salió en un carrito de lavandería fue una pincelada de ficción a la escena: en realidad salió por la puerta grande y caminando.
Plagado de lujos y privilegios también vivía Juan José Esparragoza Monzón, el Negro, en el penal de Culiacán desde que fue detenido en enero de este año. Lo que llamó la atención del caso, por las sospechas que despertó, es que las autoridades federales pidieron que fuera trasladado a un penal de máxima seguridad debido a su alto perfil criminal.
Esparragoza Monzón interpuso un recurso de amparo a través de sus abogados para impedir el traslado, el cual le fue concedido con una celeridad inusitada. Meses después se fugó junto con cuatro altos miembros del cártel de Sinaloa: Jesús Peña, el 20, operador de Ismael el Mayo Zambada; Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito; Francisco Javier Zazueta Rosales, el Chimal –implicado en el ataque de un convoy militar en Culiacán en septiembre de 2016 –y Alfonso Limón, el Chuba, quien fue capturado en Sinaloa en noviembre de 2014.
A pesar de este nivel de corrupción que llega hasta la médula del sistema carcelario, el gobierno de Enrique Peña Nieto permanece paralizado. Ni una sola acción para frenar esa ola de excremento que circula por el sistema penitenciario nacional donde, además de la comida, todo el mundo parece estar podrido de avaricia y poder, donde lo humano, lo estrictamente humano, no existe y a nadie le importa.
¡Vaya sistema!

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