Carta abierta al gobernador de Hidalgo, licenciado Omar Fayad Meneses

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Guadalupe Orona

En diciembre de 2017 nos reunimos una comisión del movimiento antorchista nacional con el señor gobernador de Hidalgo y parte de su gabinete; en dicha reunión se convinieron algunos acuerdos para la ejecución de obra pública en un número reducido de comunidades hidalguenses, y se comprometió una reunión similar para enero del presente año, con el propósito de revisar los pendientes y el nuevo pliego petitorio de 2018; estamos ya en el séptimo mes del año y dicha reunión no se ha materializado, tampoco hay ningún acuerdo para atender la problemática planteada; hemos acudido, sin éxito, a todas las instancias a nuestro alcance hasta el día de hoy, y, en detrimento del bienestar de miles de hidalguenses que esperan atención a su problemática, por décadas ignorada.

A pesar del casi nulo avance de los acuerdos, durante el pasado proceso electoral nos abstuvimos de acudir masivamente a palacio de gobierno en justo reclamo de cumplimiento a la palabra empeñada, en aras de contribuir a la estabilidad social y no dar lugar a que se intentara, a posteriori, responsabilizar a nuestra organización del fracaso de algún evento o resultado adverso; hoy, superados esos escenarios, insistimos de nuevo para que a la brevedad se nos reciba, se acuerde la solución al pliego petitorio y se cumplan los compromisos pendientes de 2017. Es momento también de mostrar por parte del gobierno del estado que, efectivamente, está abierto al diálogo con todos los partidos políticos y organizaciones sociales, como recientemente declarara el representante del gobierno estatal, además de que se gobierna en interés de toda la sociedad hidalguense. Para manifestarlo, además de lo anterior, hay oportunidades muy evidentes, por ejemplo, intervenir de manera decidida para que se resuelvan las demandas de los antorchistas pachuqueños, que llevan tres meses en la explanada de la presidencia municipal sin que autoridad alguna se inquiete; asimismo, se actúe ante la Secretaría de Finanzas para que libere los recursos logrados con la gestión de los diputados antorchistas ante la federación, y que hasta el momento, por razones desconocidas, mantiene secuestrados dicha instancia estatal.

Mucho se ha analizado y dicho en todos los medios sobre las causas que originaron los resultados de las recientes elecciones. Coincido esencialmente en tres de ellas: 1) el enojo exacerbado de la mayoría de los mexicanos por la grave situación económica que padece, sintetizada en casi 100 millones de pobres; 2) en el abuso de poder por los responsables de atender a la ciudadanía y en el discurso del partido ganador, ese discurso que prometió luchar contra la corrupción, de la cual la población está harta, aunado a la insuficiente educación política de nuestro pueblo, que le impide dudar e interrogar cómo se lograrían cristalizar tales promesas; y 3) en que se supo capitalizar todo ese enojo e inconformidad social por el candidato ganador de la contienda y hoy virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que tendrá, a partir de que tome posesión, el próximo primero de diciembre, poderes potenciados. Pero también considero que las elecciones, sus resultados, son una calificación para los actuales gobernantes, que los debería hacer reflexionar y esforzarse por gobernar con mayor apertura, respeto y humildad hacia la población que los eligió, mostrando así capacidad de aprender de la experiencia recién vivida, donde el pueblo castigó con su voto las prácticas de gobierno que aquí reseñamos.

En lo que concierne a nuestra organización, diré claramente que el movimiento antorchista continuará con su labor de educación, organización y combate a la pobreza como hasta el día de hoy lo hemos venido haciendo desde hace 44 años, siempre del lado del pueblo y apegados a derecho y a las vías pacíficas para lograrlo; que nuestro trabajo de gestión continuará ante todas las instancias municipales, estatales y federales, solicitando, como siempre, sean respetados los derechos consagrados en nuestra Carta Magna: desde el derecho a la organización, a la vivienda, educación, salud, etcétera. Y ante lo declarado por el señor gobernador, creo que está en su derecho de sumarse al llamado a la reconciliación que hizo el candidato presidencial electo, pero opino que esto debe empezar con sus gobernados, esos que se han sentido maltratados y desatendidos en su administración, quizá porque son juzgados ajenos a su proyecto o bien porque resolviéndoles sus demandas considera que fortalece a Antorcha; pero sean las razones que sean para negarles solución a las peticiones de los antorchistas hidalguenses, diré nuevamente que todas esas negativas están fuera del marco de derecho. Por lo tanto, el gobierno estatal y todos los gobiernos municipales tienen la obligación de atender y resolverle aún a aquellos que no sean de su grupo político, y tienen a su vez gran oportunidad de demostrar que son gobiernos verdaderamente democráticos, como pregonan.

El nuevo gobierno federal, que tomará las riendas de la nación en unos cuantos meses, también tendrá en breve la gran oportunidad de mostrarse como un gobierno democrático, alejado de la práctica sectaria que ha caracterizado durante décadas a varios políticos que se dicen de izquierda y ahora formarán parte de la administración federal. Dejemos que el tiempo dé su veredicto.

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