Uno de los propósitos del Nuevo Sistema de Justicia Penal es evitar que las cárceles estén llenas de personas inocentes a las que aún no se les ha podido comprobar su culpabilidad en la comisión de un presunto delito. La idea de ese principio, además de salvaguardar los derechos humanos de la víctima y el imputado, es ahorrar recursos para el Estado y además evitar que alguien cuya culpabilidad está en entredicho pise un lugar en el que pueda contaminarse por la presencia de delincuentes cuyos ilícitos sean más graves. Ese sistema, que requirió una amplia reforma al sistema de justicia mexicano, apenas está dando sus primeros frutos. Uno de ellos, muy tangible, es lo que nos informa el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo: que casi 500 imputados enfrentan su proceso en libertad. Esa cifra corresponde al periodo que inició en noviembre de 2014, cuando el distrito judicial Pachuca comenzó a operar bajo ese nuevo modelo, y abarca hasta el 15 de abril de 2017. ¿Qué significa para Hidalgo que esos casi medio millar de imputados hayan enfrentado su proceso en libertad? Sin duda ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Pero hay otro ángulo que debe estudiarse y que ha estado en la agenda pública: la percepción de que dicho sistema permite que los delincuentes estén en libertad. Es algo que debe corregirse pero que antes debe reflexionarse. ¿Conviene o no que, al menos en Hidalgo, esos casi 500 imputados no hayan tenido que ingresar a ninguna cárcel para enfrentar su proceso? De filón. La Auditoría Superior de Hidalgo advierte: no hay que perder de vista los últimos años de administración de los exalcaldes de Mineral de la Reforma, Santiago de Anaya, Alfajayucan, Tezontepec de Aldama, Tula, Ixmiquilpan y Cardonal. Seguramente vendrán como el resto de su administración: plenos de irregularidades y cuentas por aclarar. Bien, pero ¿por qué aún no hay denuncia alguna contra Filiberto Hernández, exalcalde de Mineral de la Reforma?

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