Por más que se repita el discurso triunfalista, los números fríos se encargan de darnos un portazo y regresarnos a la dura realidad. En Hidalgo, pese a que se presuma la llegada de 55 mil millones de pesos en inversiones del sector privado, el grueso de la población aún sufre de ingresos precarios, insuficientes hasta para comprar lo básico: la canasta alimentaria. Según el Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITP), indicador que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante el tercer trimestre de 2019 casi la mitad de los hidalguenses (46.9 por ciento) no pudo comprar la canasta básica con sus ingresos. Esa cifra, por si fuera poco, creció respecto al segundo trimestre del año, cuando el indicador se situó en 46.2 por ciento. Ese indicador refleja que la mitad de la población hidalguense tiene un poder adquisitivo muy pobre, que al final termina perjudicando a toda nuestra economía local. Simple: si no hay dinero ni para comer, mucho menos habrá para otro tipo de bienes y servicios. Y si a eso le sumamos que la entidad carga con la tercera tasa de informalidad más alta del país, entonces tenemos que además de salarios precarios, la mayoría de la población económicamente activa carece de seguridad social y otros beneficios que implica la formalidad, como acceso a créditos para vivienda. Las cifras, esos fríos números, se encargan de devolvernos a la realidad. Qué bien que estén llegando grandes flujos de inversión privada, pero la mayoría de hidalguenses aún no lo percibe ni en sus bolsillos ni en su nivel de bienestar. De filón. De impulsor del consumo interno, el Buen Fin se ha convertido en resorte del endeudamiento bancario de la población.

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