Melisa Agüero

La desconfianza en las autoridades se acentúa proporcionalmente al número de casos desatendidos o atendidos de manera opaca tan solo para crear estadísticas. No necesitamos contextualizar mucho, sabemos lo que hacen las autoridades en Hidalgo cuando les toca atender casos de maltrato animal, incluso los que son resultado de las omisiones en las que recaen ellos mismos habitualmente.

Es así que el sábado pasado, decenas de usuarios de redes sociales buscaban linchar a un hombre de la localidad Huaxto, perteneciente al municipio de Actopan, la razón: era señalado de haber arrastrado a su perrita desde la caja de su camioneta.

Y no fue solo el sábado, el domingo y lunes, usuarios seguían compartiendo posibles nombres y direcciones que aseguraban pertenecían al hombre en cuestión; también se juntaron los defensores del señor, quienes argumentaban que era sordo y que no había escuchado los aullidos de dolor de la perrita mientras era arrastrada por el pavimento, aunque este llevara puestos sus aparatos auditivos prendidos.

La verdad es que no sabemos cuál es la versión, y no porque no podamos creer en la palabra de tal o cual persona, sino porque finalmente los dimes y diretes sociales se vuelven lo más cercano a la verdad de la historia, pues las autoridades competentes para realizar una investigación seria han decidido una vez más transitar por el camino de la opacidad.

Resulta que aunque en Hidalgo el maltrato animal está tipificado como delito desde 2016, los funcionarios siguen haciendo caso omiso a la exigencia ciudadana de tratar el tema con respeto y seriedad, así nos queda de ejemplo el caso de Campanita –como fue nombrada la perrita rescatada–, que aunque fue denunciado ante la agencia del Ministerio Público de Actopan, la servidora pública que recibió la querella decidió remitirla a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), instancia sancionadora; es decir, decidió que ese acto no era un delito, sino una acción que tan solo merece una multa.

¿Bajo qué argumento el MP de Actopan decidió que no se trataba de un delito sino de una falta administrativa arrastrar a un perro incalculables metros? Lo desconocemos, pues no solo el primer contacto con los denunciantes fue deficiente, sino que además involucraron a dos instancias más en menos de una semana.

Todavía el viernes –a siete días del incidente–, cuando los denunciantes intentaron conseguir una copia sencilla de su denuncia, como es su derecho según la fracción segunda del artículo 43 del código de procedimientos penales para el estado de Hidalgo, personal de la Proespa dijo desconocer que dicha carpeta haya sido remitida a su instancia; mientras que de vuelta al MP de Actopan, los servidores públicos negaron las copias porque la carpeta ya no se encontraba en sus manos.

Después de una larga jornada solicitando información sobre la investigación, supuestamente iniciada, los denunciantes fueron notificados que recibirían una visita pericial para conocer el estado de Campanita hasta el momento, peritos que fueron desplegados por la Procuraduría General de Justicia cabe destacar; es decir, hasta el momento hay tres dependencias que presuntamente están atendiendo el tema, pero ninguna asegura tener en sus manos la carpeta de investigación, por lo que no pueden brindar información sobre el desarrollo de la averiguación ni las copias sencillas o certificadas.

¿Dónde quedó la bolita? Ojalá en el área correspondiente que tenga el equipo necesario para realizar una averiguación cabal que pueda –si así lo determina– emitir acciones penales contra quien –accidental o intencionalmente– causó daños tan graves a un ser vivo que tendrá que pasar por un largo proceso de recuperación, que no solo irá de lo físico, sino a lo psicológico.

Lo que queda de consuelo es que la búsqueda de justicia para Campanita ha unido a protectores, dependencias gubernamentales y ciudadanos, aunque hasta el momento las instancias que realmente deben atender el hecho, como la Procuraduría General de Justicia, la Proespa Hidalgo o el MP de Actopan, se pronuncie siquiera con los denunciantes para proveerles datos sobre su propia carpeta de investigación iniciada bajo la clave NUC-1-2019-0757.

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