La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) documentó un caso más de tortura en la entidad que trae a la agenda pública la urgencia de que los agentes investigadores de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) estén capacitados, no solo para las tareas propias de sus labores investigativas, sino para proteger y salvaguardar los derechos humanos, tanto de las víctimas como de quienes son sospechosos de haber cometido un ilícito. El caso que hoy ocupa nuestra portada demuestra cómo hace falta no solo una ley que castigue la tortura, sino cultura que permita a la población saber cuáles son sus derechos y para que los agentes investigadores sean conscientes de lo que implica su trabajo. Pueden, y de hecho lo hacen cotidianamente, arruinar la vida de las personas en unas cuantas horas. María, como decidimos nombrar a la protagonista de este caso –su nombre real se omite por razones legales–, fue torturada para que aceptara la responsabilidad de un homicidio que no cometió. Esto le costó casi tres años de prisión y las implicaciones sociales, económicas y psicológicas que conlleva. Sin orden de aprehensión de por medio, María fue obligada a entrar a un auto y después torturada durante cuatro horas en que estuvo ilegalmente retenida. Eso fue en noviembre de 2013 y apenas en septiembre de 2016 fue absuelta, pues no hubo pruebas que sostuvieran su culpabilidad. Los agentes la torturaron hasta que aceptó su culpabilidad, justo como lo tipifica la Ley para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Tortura y el Uso Excesivo de la Fuerza por Funcionarios Encargados de Aplicar y Hacer Cumplir la Ley en Hidalgo, que establece que el funcionario ejerce tortura cuando infringe “dolores y sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ésta o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto u omisión que haya realizado o sospeche que haya cometido”. Derivado de este reprobable caso, la CDHEH recomendó al actual procurador Ramiro Lara Salinas que inicie procedimientos contra los agentes de investigación que torturaron a María. De igual forma, le pide que repare el daño, por todas las violaciones a sus derechos humanos. Por supuesto, no habrá reparación que alcance para el daño hecho, pero es indispensable que el procurador tome cartas en el asunto. Aunque también que asegure que un acto de barbarie similar no se repita. De filón. En Tula tiene lugar otro caso en el que se instalan grandes y poderosas empresas, que aparentemente traerán bienestar y progreso, pero que al final solo degradan el medio ambiente sin beneficios de por medio para los pobladores originarios. Y si no, que pregunten a pobladores de la comunidad de Bomintzha.

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