Lo que comenzó como un intercambio de acusaciones entre gobierno y la empresa TransCanada, ayer fue encauzado hacia una mejor circunstancia: la del diálogo entre ambas partes que permitió salvar una importante inversión para la entidad y que estuvo a punto de ser cancelada. El intercambio de acusaciones entre la empresa del sector energético y gobierno de Hidalgo comenzó con inserciones en la prensa local de parte de la empresa y despúes con una primera plana en uno de los diarios de mayor circulación en todo el país. El gobierno respondió, también a través de los medios de comunicación, con una narrativa similar a la que acusaba la empresa, que aducía falta de interés del gobierno estatal para intervenir en los problemas que enfrentaba para concluir la obra. En resumen, el conflicto se había reducido a un intercambio de culpas que no llegaba a nada. Pero ayer, el propio gobierno estatal informó de una reunión en la que participaron directivos de la empresa y los secretarios Simón Vargas Aguilar, José Luis Romo Cruz y José Meneses Arrieta, responsables de las carteras de Gobierno, Desarrollo Económico y Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, respectivamente. El resultado del encuentro: un calendario que permitirá destrabar los obstáculos que impedían el avance del proyecto, que por cierto, es uno de los hijos de la tan llevada y traída reforma energética. ¿Era necesario llegar a la amenaza de cancelar las inversiones y una guerra mediática para lograr esas reuniones? En este gobierno a veces falta oficio político y todos sabemos en qué oficina es donde olvidan esas funciones. De filón. Un caso similar se presentó en estos días en el Congreso del estado, donde la iniciativa para beneficiar a estudiantes y personas adultas mayores con tarifas preferenciales en el transporte público se vino abajo puesto que no se había consultado a un elemento clave para que caminara la reforma: los transportistas.

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