José David Olvera

Promotor de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de infancias

El pasado miércoles 26 de abril, el famoso equipo de los Tuzos del Pachuca (Club de Futbol Pachuca de los grupos Pachuca y Carso, teniendo como presidente a Jesús Martínez Patiño y como entrenador al argentino Jesús Alonso) celebró su triunfo de la Liga de Campeones de la Concacaf ante la derrota del equipo de los Tigres, sin duda la ovación dejó cimbrar a su afición por su quinta estrella de Concachampions y por asistir por cuarta vez al Mundial de Clubes.
Sin embargo, dicho club deportivo ha sido de igual forma señalado por diversas acciones que ponen en tela de juicio su responsabilidad fiscal, puesto que durante 24 años no ha pagado impuestos al ayuntamiento de la capital hidalguense, por conceptos de servicios como luz, agua, predial, boletaje y venta de bebidas alcohólicas (El Universal, 2017).
Lamentablemente, la mano dura que en su momento promovía la alcaldesa Yolanda Tellería, brindó su reblandecimiento ante el “Borrón y cuenta nueva”; que llevará a que dicho club pague sus impuestos en especie, es decir, “30 pases dobles (equivalentes a 3 mil pesos), tres becas (costo anual de 240 mil pesos,) 50 balones (20 mil pesos) y 100 entradas mensuales (13 mil 500 pesos), de igual forma, la empresa llevará a deportistas a barrios populares para promover el deporte y hará transmisiones de espacios publicitarios del ayuntamiento en días de encuentros deportivos del club” (Quadratin-Hidalgo, 2017). Pero de acuerdo con las declaraciones y cálculos del regidor independiente Nabor Rojas, ni así se logrará cubrir lo correspondiente al ayuntamiento, ya que habrá una evasión de 6 millones 200 mil pesos al año.
Por si fuera poco, el 15 de noviembre de 2016, un niño de seis años fue víctima de violación sexual en las instalaciones del Club de Futbol Pachuca AC, acción de la cual, según la carpeta de investigación 1246/2016 de la PGJEH, se acusa al profesor Luis Ángel Salas Bustamante. Pero a casi seis meses de investigación, no existe castigo alguno para el inculpado, según declaró la madre de la víctima y su abogado, quienes además manifestaron “que solo ha habido evasivas, eliminando las evidencias e intención de desviar la investigación, con el riesgo de que haya impunidad ante el suceso y no se castigue conforme a la ley a la persona responsable” (Quadratin-Hidalgo, 2017).
En dicho suceso, tal y como lo evidencian diversas notas periodísticas a través de las declaraciones de la madre del menor, víctima de violación sexual, ninguna institución ha asumido responsabilidad de restitución de derechos, ya que la PGJEH ha sido omisa para la atención psicológica y, por otra parte, la Procuraduría de la Defensa de NNA se declaró incompetente para la atención integral.
El escenario que se pone de manifiesto es, sin duda, uno de los tantos malestares que sigue padeciendo nuestra estructura sociopolítica para el ejercicio de los derechos humanos, que laceran las acciones de prevención de la violencia en que se desenvuelven las infancias y consolidan las situaciones de vulnerabilidad en las que se desarrollan y crecen niñas, niños y adolescentes.
Reconociendo el suceso y señalando a una empresa que puede brindar elementos para ejercer justicia y no haya un caso más de impunidad, las personas representantes de dicho club tienen una responsabilidad de ejercer acciones favorables para que haya una sanción con base en la ley a la persona señalada por violación equiparada. Si se posicionan en una acción omisa o no actúa con base al derecho, sería lamentable que ondeen su bandera con una estrella negra que simbolice la impunidad y deslealtad a su afición que espera que ejerzan congruencia en sus acciones deportivas y sociales.
Finalmente, se exhorta a las instancias públicas correspondientes a brindar atención y actuar con base a sus responsabilidades, la restitución de los derechos del niño y, a su vez, determinar las sanciones y delimitación penal para la persona acusada y señalada desde hace más de cinco meses. Actuando con base a los principios rectores de los derechos de las infancias que fueron reconocidos desde hace dos años en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo.

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