Hoy en día los celulares o teléfonos móviles se convirtieron en el instrumento de tecnología móvil más común y accesible para poder comunicarnos, entretenernos o para obtener información. De acuerdo con el Inegi, existen en México 77.7 millones de personas que utilizan el celular, de ellas 69.9 millones son usuarios que cuentan con un teléfono inteligente (Smartphone).

El 70 por ciento del total de los teléfonos vendidos se manejan a través del servicio de prepago, es decir, obtienen sus recargas mediante pagos electrónicos anticipados o a través de tarjetas.

La necesidad de tener un celular hoy en día es vital al grado que nos hemos hecho adictos al teléfono celular (nomofobia), pretendemos manejar todo a través de ese “aparatito”, diría un amigo “se nos podrá olvidar la cartera, pero el celular nunca”. Eso ha generado que la delincuencia se aproveche de esa necesidad para robar y comercializar los celulares. Pero a la vez los teléfonos móviles les funcionan como una herramienta básica de trabajo, independientemente de su transporte (vehículo de motor o motocicleta) y un arma blanca o de fuego, como sus principales instrumentos de trabajo.

Desde 2008, en México empezaron a robarse más cotidianamente los celulares para extorsionar telefónicamente, fenómeno que aún continua hasta la fecha. En 2012, se estimó que robaron 156 mil celulares, pero en 2017 fueron 936 mil; solo en la Ciudad de México, en 2018 se denunciaron 21 mil 95 celulares robados y ese fenómeno sigue en ascenso para el presente año, particularmente en el transporte público. Obligó al gobierno de la ciudad de México a poner en marcha el programa #BloqueaTuCel.

El antecedente del programa se inició con la puesta en marcha en 2010 del Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), cuyo sistema de registro asociaría a millones de líneas telefónicas móviles con el CURP de los usuarios, pretendiendo buscar la coordinación entre autoridad, proveedores de servicio y cuerpos de seguridad en tiempo real, para así poder identificar a los delincuentes que se dedicaban a extorsionar. Sin embargo, ese no prosperó; miles de usuarios registraron sus celulares con nombres apócrifos como de Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari, Hugo Sánchez, Vicente Fernández, etcétera, etcétera… es decir, los datos proporcionados por los usuarios fueron falsos, llevando al fracaso dicho proyecto. Lamentablemente el costo real del Renaut fue de 100 millones de dólares.

En agosto de 2012, las empresas telefónicas que operaban en el país (Telcel, Iusacell, Nextel entre otras) y el gobierno de la República firmaron un convenio para desactivar y bloquear a los celulares reportados como extraviados o robados a través de dar a conocer el código de identidad internacional que tiene cada teléfono y es único (IMEI), el cual los usuarios al conocerlo lo reportarían en caso de robo o extravió para bloquearlo e inutilizarlo, pero pocos lo hicieron.

En 2014, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de una iniciativa que reformó el tercer y cuarto párrafos a la fracción ocho del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar el bloqueo de la señal de teléfonos celulares dentro de los penales y con ello evitar las extorsiones telefónicas. Pero hasta la fecha, de los penales siguen saliendo el 85 por ciento de las llamadas de extorsión. ¿Qué pasa?
Con el programa #BloqueTuCel, que el gobierno de la Ciudad de México ha puesto en operación, considero, es una estrategia importante mediante la cual dejará de funcionar totalmente el celular robado y además sancionará a quienes vendan en tianguis celulares de dudosa procedencia.

Pero qué se hará para evitar que se sigan robando los celulares, y más aún, cómo evitar que siga el problema de la extorsión telefónica cuando a las empresas dedicadas a la producción masiva de celulares (chip y sim) nadie las controla y a ellas solo les interesa vender cantidades enormes de celulares, particularmente los de prepago, o chips donde no existe un control real a quién se les vende.

Ante esa excelente oportunidad, la delincuencia fácilmente se surte de lotes de chips y de aparatos, cuya procedencia es lícita al momento de la compra, no así al momento de proporcionar los datos del comprador, facilitando con ello los secuestros virtuales o las llamadas extorsivas.

En países como Colombia, al comprar un celular la coordinación entre las compañías telefónicas y la Policía es total, al grado que la Policía registra el IMEI de cada celular y los datos de quién lo compra.

Concluyo, el uso de celulares por parte de la delincuencia es una constante. Con desactivar los celulares robados o sancionar a quienes los venden en tianguis, inhibirá parcialmente el robo de celulares, pero la política pública debe ser estratégica, ir más allá. Prevenir el robo de ellos, pero también es muy recomendable regular la venta de celulares y chips por la modalidad prepago, pues nunca se sabe a quién se le vende, es ahí donde está el verdadero problema. Se deben de coordinar las telefonías con la Policía para identificar a quienes delinquen.

¿Cómo ven?

@Francisco53824445
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