El proclamado alcalde electo Jorge Márquez pretende regresar a la alcaldía de Tulancingo, a pesar de haber heredado una deuda de más de 60 millones de pesos cuando gobernó la ciudad de los satélites entre 2009 y 2012. Tras una accidentada sesión de cómputo que raya en el cinismo de la autoridad electoral local, que permanece bajo el yugo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pretende socavar la voluntad de las mayorías que eligieron a la fórmula conformada por Damián Sosa y Héctor Herrera. Lo ocurrido en la última semana en Tulancingo es muestra inequívoca de que el proceso, aún en marcha, transcurre con escasa legitimidad por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), cuya imparcialidad ha sido severamente trastrocada por intereses malsanos. La consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez es testigo y, se sugiere, cómplice de la violación a los principios de legalidad y justicia que deben regir a ese órgano desconcentrado. El PRI y su candidato pretende arrebatar a base de triquiñuelas, intimidaciones y amenazas la legítima decisión de más de 15 mil ciudadanos y ciudadanas de Tulancingo, lo que demuestra la indefensión del Estado de Derecho. El momentáneo triunfo de Jorge Márquez Alvarado no es otra cosa sino la muestra de un sistema electoral en avanzado estado de descomposición, subordinado a las órdenes del poder en turno. La imagen que muestra a un edil electo con constancia de mayoría en mano es un insulto a la democracia. Una vergüenza que Márquez no haya podido derrotar a la fórmula Sosa- Herrera sin el aparado del Estado detrás. Mientras los tricolores se relamen las heridas, el bufete jurídico de la coalición Juntos Haremos Historia en Hidalgo prepara una férrea defensa en tribunales. De filón. El apoyo a la comunidad artístico-cultural del estado parece más bien una vacilada. El gremio mendiga lo que por derecho le corresponde. Así el interés de la autoridad por este importante sector.

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