Ya Montesquieu en su célebre obra Espíritu de las leyes (1748) defendía el pensamiento sobre la evolución de todos los fenómenos con arreglo a leyes, que de acuerdo con su definición son “relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las cosas: todo lo que existe tiene sus leyes”, y, obviamente, estas tienen validez también en el terreno de las relaciones sociales; la ley (positiva), planteaba él, designa una regla establecida para garantizar la seguridad y la libertad, una regla que aparece como una expresión de la razón humana.

Para Montesquieu, la libertad, que la define en su relación con la ley, es el derecho a hacer lo que la ley permita, no hacer lo que venga en gana e igualmente, entiende el Estado como una sociedad donde existen leyes; es el creador de la teoría de la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Dicha división, dice, tiene tres propósitos fundamentales: uno funcional, que tiene como fin especializar a diversos órganos del gobierno en el cumplimiento de ciertas funciones, y, por tanto, hacer más efectiva su labor. El segundo es la tarea de desconcentrar, es decir, evitar la acumulación de poderes en un mismo cuerpo, sobre todo si dicha acumulación puede dar lugar a injusticias y tiranías.

Y el tercero, la función de control mutuo: “Los poderes y los órganos se dividen no solo para evitar la acumulación de poder y de competencias, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, control que por supuesto ha de obedecer a normas constitucionales y legales”.

Si analizamos con detenimiento dichos planteamientos, los cuales han sido incorporados en las instituciones de México y en las relaciones sociales entre todos los mexicanos, vemos cómo en la actualidad, sobre todo en los tiempos que corren del nuevo gobierno morenista, tanto las leyes como la separación de poderes se han vuelto polvo: ahora se persigue al que el Ejecutivo determine y se violan las leyes sin ningún empacho; el Legislativo (Cámara de Diputados y Senado) en lugar de hacer contrapeso, control político ante el Ejecutivo, hace y ejecuta sin chistar lo que este le ordena, y vemos cómo el presidente también se arroga el poder de juzgar y condenar a ciudadanos, a aquellos que considera sus adversarios políticos o traba para sus propósitos.

En este contexto, y como un claro ejemplo de que en México nos gobierna un autócrata, que no respeta las leyes ni la división de poderes, y, al parecer, tampoco la soberanía de los estados, quiero sumarme, a nombre de mis compañeros hidalguenses, a la protesta por el acto arbitrario, nugatorio de la ley, realizado por el gobierno federal por el presidente López Obrador al prohibir el evento de festejo de los 45 años de lucha y de gestión del movimiento antorchista nacional, que sería realizado en Chiapas el 13 de octubre, y donde se concentrarían más de 60 mil mexicanos.

Es una clara violación a los derechos humanos y al derecho que tenemos todos los mexicanos de organizarnos, manifestarnos o reunirnos de forma pacífica, como lo establece nuestra Carta Magna. El presidente de la República debe recordar que el poder que le confirió solamente una tercera parte de los mexicanos en edad de votar no es para el abuso del poder, no es para que se convierta en el mayor infractor de la ley.

La mayoría de los mexicanos medianamente informados deberíamos estar muy preocupados por las acciones emprendidas por la 4T, por López Obrador, quien con aureola de izquierda nos está aplicando una política de extrema derecha, completamente neoliberal; nos gobierna un déspota, pues se considera un soberano con un poder total, sin someterse a leyes ni a limitación alguna; estamos, pues, en la antesala de una dictadura del gobierno: prohibir la reunión y libre organización del pueblo es una grave violación a los derechos constitucionales de los mexicanos.

Al señor López Obrador le falló la campaña de calumnias contra Antorcha y, cuando, a casi un año de su gobierno, esa organización que creyó estaría acabada se muestra vigorosa y en constante crecimiento, ahora, simplemente le aplica las acciones de fuerza, prohibiendo en los hechos la organización y movilización popular.

Pero también muchos mexicanos informados saben que los antorchistas no somos los únicos agredidos, calumniados y difamados por este gobierno; conoce perfectamente que se está ninguneando las instituciones públicas, que se están creando leyes ad hoc para reprimir a los que considera opositores de la 4T y que se están pisoteando la constitución y los derechos humanos.

¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la causa de fondo para impedir un evento festivo, pacífico, de miles de antorchistas, mexicanos todos y en pleno uso de sus derechos constitucionales? ¿A qué le teme la 4T? La respuesta certera la tienen ellos, los señores del poder.

Estamos presenciando una serie de acciones gubernamentales muy peligrosas y que probablemente en algunos estados van a pretender imitar algunos gobernadores con aires de monarcas, esos que consideran que el voto ciudadano también los hace dueños de los recursos públicos; que olvidan que el erario es riqueza generada por todos los mexicanos y que, por lo tanto, debe aplicarse en su bienestar.

Por lo pronto, todos los antorchistas del país reclamaremos nuestro derecho a existir como organización y seguiremos planteando a lo largo y ancho del país las verdaderas alternativas, nuestro proyecto de nación que incluye a todos los sectores de la población y que contempla un verdadero cambio de modelo económico hacia uno que reparta equitativamente la riqueza nacional.

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