El Sitmah solo contrató a 300 de los 687 trabajadores que quedaron a la deriva tras la implementación del Tuzobús y la desaparición de varias rutas del transporte convencional

ARELLY PÉREZ*
Pachuca.- Las condiciones laborales de los 387 choferes del transporte público, quienes operan bajo las concesiones de 32 empresas en la Zona Metropolitana de Pachuca, son la principal causa de inseguridad para usuarios, un tema que las autoridades evaden ya que no existe ninguna regulación para los apoderados.

Bajo el argumento de mejorar el transporte público en la Zona Metropolitana de Pachuca, el otrora gobernador Francisco Olvera Ruiz (2011-2016) implementó en 2015 el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) Tuzobús, el cual tendría una ruta troncal en el bulevar Felipe Ángeles, desde la entrada a la ciudad capitalina hasta el centro histórico, imitando un plan de movilidad que funcionó en ciudades como Bogotá y Londres; sin embargo, en la Bella Airosa no hubo estudios de factibilidad que respondieran a la realidad de la metrópoli.

Entonces fueron creadas dos nuevas instancias descentralizadas que vigilarían la operación: el Sitmah y el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH). Este último funge como eje rector y de vigilancia para el otorgamiento de nuevas concesiones a empresarios y tarjetones de identificación para operarios del transporte público.

A la deriva

Según datos obtenidos por el jefe del área académica de ciencia política y administración pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Joaquín García Rodríguez, en 2015 la Zona Metropolitana de Pachuca contaba con 93 rutas de transporte público, de las cuales 71 por ciento tenía su terminal en el centro de la capital.

Dichas unidades desaparecieron dando paso a una reestructuración, donde el Sitmah contrató a 300 de los 687 choferes que quedaron a la deriva, de los que García Rodríguez levantó un registro al no existir un padrón oficial por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot).

Esas contrataciones fueron pactadas por dicha dependencia estatal y la empresa Corredor Felipe Ángeles sociedad anónima promotora de la inversión (SAPI) y de capital variable (CV), que brindaron a los trabajadores prestaciones de ley y les aseguraron un sueldo base de 7 mil pesos mensuales, condiciones laborales con las que no contaron el resto de los conductores del transporte convencional, ya que a la fecha, de acuerdo con testimonios, ninguno de ellos cuenta con un contrato que les brinde seguridad social, salarial y laboral.

Por el contrario, cada día cubren jornadas desde las 6 horas hasta las 20, tiempo en el cual deben reunir una cantidad arbitraria asignada por el concesionario para el pago de cuotas fijas, que en algunas rutas alcanzan hasta los mil 200 pesos diarios.

En ese contexto, Héctor Martínez, conductor de la ruta San Juan Solís-Pachuca, manifestó que en una jornada obtiene una ganancia de alrededor de 120 pesos, a pesar de tener 17 años laborando como chofer.

Hidalgo, cuarto en precariedad laboral

La doctora en antropología social e investigadora de la UAEH Martha Díaz Rodríguez explicó que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en precariedad laboral, solo por debajo de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Además, destacó que de la población económicamente activa en el estado, 66.47 por ciento labora en la informalidad.

“Hidalgo tiene un millón 173 mil 621 personas ocupadas, de las cuales 390 mil 67 cuentan con prestaciones y el resto, 773 mil, solo cuenta con su salario, quiere decir que 66.47 por ciento no tiene seguridad social”, sostuvo Díaz Rodríguez, condiciones bajo las cuales se han generado cambios económicos, políticos y sociales.

“El entorno social se está deteriorando porque este trabajo precario genera desigualdad y otros tipos de problemas sociales, como violencia, inseguridad y un entorno social muy inconforme.

“En lo económico también desencadena problemas al no tener prestaciones mínimas de ley en base a tu trabajo; vemos también que los salarios son muy bajos, entonces esto origina, por ejemplo, la falta de acceso a la vivienda”, detalló la investigadora.

Sin embargo, para el titular del STCH Alexandro Xavier Aquino Ortega, las condiciones en las que laboran los operarios del transporte público no es un problema mayor, puesto que se trata de un “trabajo volátil, donde los conductores cambian rápidamente de rol”.

Pese a lo anterior, en entrevistas realizadas a operadores, estos dijeron lo contrario, pues la mayoría tiene en promedio más de cinco años frente al volante.

A pesar de que el 31 de julio fue actualizada la Ley de Transporte para el Estado de Hidalgo, esta no contempló la regulación del trabajo que realizan los choferes, ni siquiera propuso la creación de un padrón oficial que contenga rutas y concesionarios, cuestión que lamentó el titular del STCH, quien declaró que “hay cosas que se han dejado de hacer y que nos tomaría meses llevar a cabo, puesto que esta dependencia no cuenta con el personal necesario”.

Además, la Semot no reforzó los requisitos para obtener el permiso para operador del transporte público, ya que se limita a solicitar un comprobante de capacitación expedido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi), una prueba antidoping y carta de no antecedentes penales. No obstante, Aquino Ortega mencionó que eso es suficiente para “brindar seguridad al usuario”.

Sin embargo, en entrevista la exsecretaria de planeación y evaluación de la presidencia municipal de Pachuca Nadia Flores Meléndez declaró que, tras varios operativos realizados en la capital hidalguense, encontraron drogas dentro de las unidades y tarjetones falsos.

Lo anterior demuestra que la reciente reforma a la ley que regula el transporte urbano en la zona metropolitana, así como la introducción de un nuevo sistema conocido como Tuzobús, no ha significado una mejora para la seguridad de los usuarios.

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