Desde hace aproximadamente un año, la comunidad universitaria de la Autónoma de Hidalgo ha sido objeto de diversas descalificaciones y acusaciones de forma sistemática. Como analista, esas acciones no pueden pasar desapercibidas y nuestro compromiso ético-político nos obliga a ser, como diría Marx, “sujeto de nuestro tiempo”, para buscar explicar el uso del miedo y de la violencia económica contra más de 61 mil estudiantes y 7 mil 500 trabajadores.

La escalada de violencia en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha ido en curva ascendente; pasando por acusaciones de desvío de recursos a favor del partido del presidente de la República el año pasado, señalamientos de lavado de dinero que derivó en el congelamiento de cuentas bancarias y, actualmente, la referencia sobre actos de corrupción, conflictos de interés y venta de hidrocarburos.

Las piezas del rompecabezas de la violencia cometida en contra de los universitarios tienen varias aristas, que al leerlas en conjunto nos dan claridad sobre los intereses involucrados detrás de esas acciones y nos evitan respuestas fáciles que no abonan en el fortalecimiento de la democracia y del anhelado desarrollo del estado de Hidalgo.

La primera descalificación reiterada a menudo es denostar a los liderazgos universitarios acusándolos de atender sus propios intereses. La evidencia empírica que contrapuesta con esa acusación muestra que los universitarios encaminaron sus esfuerzos para colocar a esa institución dentro de las mejores cinco del país y ser parte de las mil 200 universidades que mayormente destacan en el mundo. La UAEH es una isla de producción de conocimiento científico de alto nivel, en un estado gobernado por el priismo desde el México posrevolucionario, y que lastimosamente ha colocado a Hidalgo dentro de los siete estados más pobres a nivel nacional. Entonces, con ambos resultados cabría preguntarse ¿qué liderazgo ha faltado a su encomienda, el del gobierno estatal o el de los universitarios?
Otra mentira recurrente es indicar el desvío de recursos de la universidad hacia otras actividades distintas a su labor. Sobre ello, quienes son parte o visitan la UAEH son testigos de la calidad de sus instalaciones que dignamente disfruta la comunidad universitaria. De igual forma, es destinada una gran cantidad de recursos a la actividad docente y de investigación, lo que ha significado que la institución produzca cerca del 80 por ciento de la ciencia que es generada en el estado; además, posee el mayor número de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (326) y cuenta con un amplio número de profesores (593) con perfil del Programa de mejoramiento del profesorado (Promep). No hay desvío, hay canalización normada y auditada de los recursos destinados a todas las actividades universitarias.

La universidad pública, a diferencia de la privada, surge como una estrategia nacional para que las clases menos favorecidas pudieran acceder a la educación superior con la intención de que los hijos de los trabajadores, obreros y campesinos pudieran permear en la escala social. Ese beneficio social costó muchas batallas y la defensa de la autonomía actualmente también significa la defensa de esa máxima social.

Sin embargo, la violencia económica perpetrada en los recientes días está atentando contra cerca de 68 mil universitarios que ponen en riesgo su formación profesional, y vulnera el derecho humano al salario de miles de trabajadores que no podrán atender las necesidades básicas de sus familias. Desde nuestra perspectiva, poner en riesgo a esa comunidad atiende a intereses estratégicos que pretenden evitar que ese segmento social pueda profesionalizarse y sea parte de un contrapeso real a los poderes en turno, porque un pueblo sumido en la ignorancia es mucho más fácil de doblegar, igual que en los tiempos del fascismo, las universidades, los artistas y los científicos estorbaban a los sistemas de poder autoritarios. Eso ya no cabe en democracias que dicen ser de avanzada.

A pesar de las violencias cometidas en contra de la UAEH, los detractores están haciendo mal el cálculo político de sus acciones porque la historia universitaria forjada en más de 150 años ha creado una comunidad viva y crítica de su tiempo, que resistirá trabajando hasta donde las condiciones lo permitan, sabrá defender por los cauces legales y políticos la dignidad de la universidad ejemplar.

Los poderes en turno tienen miedo de que les arrebaten los últimos bastiones políticos que les quedan: la gubernatura y las municipalidades. Son tiempos preelectorales y, en consecuencia, tiempos de confusión que nos invitan a recordar aquella frase de Bertolt Brecht, a propósito del régimen nazista que padeció, “no acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad conciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar”.

Aunque lo intenten una y otra vez, ¡150 años de historia universitaria no se pueden congelar!

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