Vaya conflicto que desató el nombramiento del procurador General de Justicia de Hidalgo Javier Lara Salinas por su participación como magistrado en el pasado proceso electoral. La sustancia de la controversia radica en que, siendo magistrado, Lara validó la elección del actual gobernador Omar Fayad Meneses, luego de que fue resuelta la impugnación que interpuso el Partido Acción Nacional (PAN) ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) y que pretendía echar abajo la elección del jefe del Ejecutivo estatal. El asunto fue llevado ayer a la tribuna del Senado de la República, a través de la senadora panista Sonia Rocha Acosta, quien pidió al Consejo de la Judicatura Federal investigar y determinar las responsabilidades y sanciones por el conflicto de interés en que habría incurrido Lara Salinas. La misma Rocha Acosta recordó que el procurador fue seleccionado como magistrado electoral justo cuando Omar Fayad aún era senador de la República. La legisladora solicitó,  por tanto, un punto de acuerdo para que el Congreso local y el Ejecutivo estatal analicen ese asunto y evalúen si Lara Salinas ostenta su cargo con una sólida base legal. En contraparte, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH) emitió ayer un comunicado en el que argumenta que no hay alguna irregularidad en el nombramiento de Lara Salinas. La PGJEH sostiene que fue la pasada legislatura, la 62, la que recibió la terna de aspirantes de donde emanó el actual procurador. Además, no fue Fayad, sino el exgobernador Francisco Olvera Ruiz, quien propuso la terna para renovar al procurador de justicia estatal. En ambos casos, según la PGJEH, no se cumple lo que dice el artículo 18 de la Ley General de Delitos Electorales en el sentido de que un magistrado electoral no puede ser designado en cargos públicos por los poderes Ejecutivo o Legislativo cuya elección haya calificado. En consecuencia, como Lara no fue electo por los diputados de la 62 Legislatura ni tampoco por el actual gobernador, “no existe tal impedimento ya que el procurador General de Justicia del estado no fungió como magistrado electoral durante la elección de los diputados de la 62 Legislatura ni tampoco fue nombrado por el exgobernador Francisco Olvera. De cualquier modo, el asunto será resuelto en la sala superior del tribunal luego de que ya hay una controversia en curso. No obstante, esto nos debe dejar una elección: en primer lugar, los nombramientos, en este caso de procurador de Justicia estatal, debe estar perfectamente fundamentado. Debe analizarse además cualquier escenario que sea controvertible. Las trayectorias de los servidores públicos deben ser incuestionables. De filón. Nos leemos el próximo sábado, en virtud de que mañana no habrá edición. Disfrute estas fiestas patrias.

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