Corina Martínez propuso la ley de responsabilidad patrimonial para el estado y municipios

Pachuca.- La diputada morenista, Corina Martínez García, presentó una iniciativa que crea la ley de responsabilidad patrimonial para el estado de Hidalgo y municipios, que permitirá a la ciudadanía contar con herramientas legales suficientes para demandar a los gobiernos que asuman su responsabilidad por el daño patrimonial que provocan, así como exigir el resarcimiento de las pérdidas y afectaciones sufridas.

Indicó que actualmente se tiene la percepción de que el Estado pone mayor énfasis en aplicar sanciones y se desatiende de resarcir a los ciudadanos cuando le ha provocado un daño o perjuicio, pues tal parece que le preocupa solamente quedarse con todas las ventajas.

Corina Martínez, diputada morenista por el distrito 12 de Pachuca, manifestó que la ciudadanía debe tener todas las facultades para hacer responsable al Estado, cuando este es el causante directo de daños y perjuicios.

Es por ello, dijo, que la iniciativa que ayer presentó está orientada a consolidar la vía legal para que el Estado se haga responsable por perjuicios que provoca, pese a que no implique dolo de por medio.

“No se trata únicamente que sean los ciudadanos los que cumplan con sus obligaciones y paguen impuestos y, en su caso, multas, sino que exista un sano equilibrio, a través del cual, las personas que han sido afectadas cuenten con una ley que las respalde y que les lleve a resarcir sus pérdidas y afectaciones”.

Planteó algunos ejemplos de daños patrimoniales ocasionados a ciudadanos por el Estado: Son reiteradas las quejas por el pésimo estado de pavimentación de las calles; y no sólo en Pachuca, también en muchas otras localidades del estado.

Sobran evidencias que demuestran que existen verdaderos cráteres y no sólo baches comunes y corrientes. ¿Cuántos han sido los automovilistas que caen en esos tremendos boquetes y terminan con una llanta ponchada, y en algunos casos con daño en la suspensión y la carrocería?, cuestionó la diputada Martínez

Por otro lado, mencionó, entra una persona a una institución de salud y algún empleado deja el piso mojado y sin señalamiento alguno. El paciente se cae y se lastima cierta parte del cuerpo. ¿Quién debe responsabilizarse de los gastos que el accidente provocó?

“Recordemos también que hace algunos años, un grupo de policías (municipales de Pachuca) fue implicado en supuestas actividades delictivas vinculadas al narcotráfico. Los aprendieron, remitieron a prisión y meses después, tras el proceso de investigación, los declararon libres de culpa. Una vez que quisieron regresar a retomar sus respectivos empleos, les contestaron que sus plazas estaban ya ocupadas. Fue el propio Estado quien los perjudicó por partida doble”, apuntó.

Subrayó que en cada uno de estos casos, la ciudadanía no cuenta actualmente con las herramientas legales suficientes para demandar al Estado para que asuma su responsabilidad en cuanto al daño patrimonial ocasionado.

La iniciativa buscar especificar y desglosar la totalidad de sujetos obligados, establecer una serie de parámetros interpretativos en la materia, detallar el procedimiento para llevar a cabo una reclamación de responsabilidad patrimonial, contempla la responsabilidad solidaria, en concurrencia de autoridades responsables, y en los artículos transitorios se establece la previsión de que el Ejecutivo estatal designe recursos anualmente para atender y cubrir todas esas posibles situaciones.

“Estoy convencida de que las instituciones y los ciudadanos deben caminar juntos en la construcción del espacio público y el respeto a la ciudadanía, que garantizarán el estado de derecho. Y que también juntos deberán eliminar cualquier posibilidad de impunidad; debe aplicarse el peso de la ley para ambas partes y no puede ser posible que la balanza esté desnivelada hacia el lado de las instituciones”, concluyó.

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