En septiembre próximo se cumplen 60 años de la nacionalización de la industria eléctrica en México, promulgada por el entonces presidente Adolfo López Mateos. Hecho igualmente relevante que la expropiación petrolera, pues contribuyó a la transformación del México rural a uno más urbano e industrial; en 1960, solamente el 44 por ciento de los mexicanos tenían acceso a la electricidad. Antes, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, creó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “con el objeto de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales, tal y como se leía en su decreto de creación”. Dicha nacionalización fue producto de la necesidad del desarrollo del sistema social capitalista y también reclamo de la sociedad. En octubre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional: “Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”. Si revisamos actualmente el artículo 27 constitucional en materia de energía, veremos los cambios que han tenido los sectores de electricidad e hidrocarburos en México: primero empresas privadas, luego han sido expropiadas para ser empresas estatales y, actualmente, permite la participación pública y privada en la exploración y extracción de hidrocarburos y en la generación y distribución de energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en boca de su director general el licenciado Manuel Bartlett Díaz, afirmó en días pasados que “la empresa no condonará los pagos de electricidad de la población durante la contingencia de salud”, a pesar de considerar al Covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria: “la CFE no puede condonar la electricidad, hay quienes piensan que puede dejar de cobrar, pero no se dan cuenta que es una empresa como cualquier otra que tiene 90 mil trabajadores, que tiene que pagar los salarios a todos”. Pues no, señor Bartlett, no es una empresa “como cualquier otra”; hasta hoy la CFE es una empresa estatal, que pertenece, en teoría, como Pemex, a todos los mexicanos y que se formó para generar y distribuir energía eléctrica sin fines de lucro. Y, dirá ¿de dónde pagar a los 90 mil trabajadores? Solo un dato para refrescar la memoria: la CFE en 2019 recibió por día, de recursos de los contribuyentes, más de 210 millones de pesos de transferencias, es decir, más de 76 mil 900 millones de pesos en el año. Por todo esto, la CFE sí puede apoyar a los mexicanos más pobres condonando el pago de luz mientras dure la pandemia; además, el ejemplo de otros países muestra que es posible. Así que, la posición asumida por el señor Bartlett es, además de un supremo acto de insensibilidad hacia los más necesitados, un soberano abuso de poder, un golpe de autoridad sin fundamento económico, jurídico y ético alguno.

Y, “a diferencia de algunos países de la región, como Panamá y El Salvador que redujeron o condonaron el pago de la energía eléctrica, o en Estados Unidos que a través de varios programas apoyan para el pago de telefonía, gastos médicos, medicamentos e incluso para el pago de electricidad y gas, la CFE, no solo se negó a diferir el pago de la energía [por la pandemia], sino que, además, puso en marcha el servicio de un centro de llamadas telefónicas para exigir el pago” (Infobae, 18 de bril). Asimismo, varios países que ni por asomo se les puede catalogar de izquierdistas, como se hace llamar en México el gobierno de la 4T, han suspendido o condonado el pago de luz y están apoyando seriamente a su población y a las pequeñas y medianas empresas; algunos ejemplos: el propio Estados Unidos ha incrementado las dotaciones para programas de asistencia alimentaria, seguro de desempleo y bajas por enfermedad, así como Medicaid, el programa de apoyo en Salud para los que tienen menos recursos; Francia dejará de cobrar gas, luz, agua y alquiler para empresas en problemas; España ha decretado moratoria en el pago de hipotecas de vivienda de personas con dificultades o que hayan perdido el empleo a causa del coronavirus y designó un fondo de 600 millones de euros para servicios sociales y garantizará los suministros de agua, luz, gas y telecomunicaciones. Los trabajadores españoles que sean enviados a sus casas tendrán prestación por desempleo.

En cambio, en México, solo se le dice a la población “quédate en casa”, pero no se da ninguna alternativa a los millones de desempleados, a los millones de hombres y mujeres que de por sí ya padecían los estragos de la gran desigualdad económica y de la enorme injusticia social que, hoy, con la pandemia, se viene a agravar poniéndolos en una verdadera encrucijada: o morir contagiados por el coronavirus o perecer de necesidad en sus casas. Seguimos escuchando los mismos discursos del presidente López Obrador, los mismos programas electoreros y los mismos proyectos inviables donde piensa gastar el dinero de todos los mexicanos, mientras la inmensa mayoría clama por alimento para su familia ante la imposibilidad de trabajar, y por verdadero apoyo para poder solventar el resto de sus necesidades. Clama por un programa alimentario emergente para toda la población, no solo para unos cuantos; por un subsidio para el pago de energía eléctrica o su condonación total; asimismo, por que se garantice la salud de todos los mexicanos y, en primer lugar, de los médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, es decir, de todo el personal de los distintos hospitales que tienen la gran responsabilidad de cuidar de nuestra salud. Los antorchistas del país seguiremos insistiendo en que se atienda realmente a la población y se hagan efectivos dichos programas a pesar de las amenazas veladas y abiertas del gobierno de la 4T.

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