En Pachuca cada vez es más común que colonos se organicen para enfrentar la delincuencia, ante la incapacidad de las fuerzas policiacas que en teoría deberían salvaguardar el orden y la seguridad. Los vecinos conforman asociaciones civiles que les permiten tener personalidad jurídica y así llevar a cabo trámites u acciones que les brindan más fuerza. Ayer colonos del Valle de San Javier decidieron presentar en sociedad su asociación cuyo objetivo es “blindar” su colonia ante la inseguridad y ante la decadencia de su entorno urbano. Según se pudo conocer durante el acto de presentación, los vecinos de esa colonia, ya de larga tradición en Pachuca, son víctimas de extorsión, robos a casas y abandono de vialidades que lucen descuidadas. Para ello han puesto en marcha, por ejemplo, un sistema de comunicación a través de la red social de Whatsapp, que les permite estar comunicados y además tener línea directa con la Secretaría de Seguridad Pública municipal. Además, la Asociación de Vecinos y Empresarios del Valle de San Javier impulsará acciones de rescate urbano “para que las propiedades de los habitantes no pierdan valor” y además respaldará demandas como la de reubicar la Central de Abastos de Pachuca, situada en las inmediaciones de la colonia. En otras palabras: los vecinos de las colonias de la capital y de otros municipios del estado están tomando el papel que es responsabilidad de los gobiernos. Esto, por un lado, es saludable porque permite a los ciudadanos involucrarse en acciones para mejorar su entorno; pero, por otra parte, también es síntoma de que los gobiernos simple y sencillamente se encuentran rebasados. Y como los ciudadanos no podemos esperar a que vengan a salvarnos de la debacle, entonces tomamos cartas en el asunto. Pero, entonces… ¿para qué el poder público? Habría que replantear el papel que tienen todos los gobiernos. De filón. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y las escuelas de nivel básico están en una encrucijada: o protegen los derechos humanos de sus estudiantes no revisándoles sus mochilas o se arriesgan a que se presente una agresión en sus aulas que, como vimos en el caso Monterrey, puede suceder en cualquier momento. O hay otro camino: que las familias escuchen y vean a sus hijos y que eso mismo ocurra con docentes y administrativos de la escuela.

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