Combatir el problema, pide Coparmex

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Coparmex

 

Pachuca.-

Erradicar la corrupción, mejorar la seguridad pública, personal y patrimonial, así como el combate a la impunidad, son temas que requieren atención prioritaria, sentenció ayer el presidente de Coparmex Hidalgo Ricardo Rivera Barquín, en el marco del Foro Seguridad y Justicia.
En su mensaje ante socios Coparmex e invitados especiales, mencionó que al inicio de la administración federal fueron aprobadas reformas estructurales de gran calado para incidir en distintas dimensiones de política pública, desde relaciones económicas y productivas, hasta dinámicas sociales.

Sin embargo, abundó, el potencial de esas reformas para inducir en el desarrollo de México no se ha materializado cabalmente.
Añadió que la ausencia de credibilidad en las instituciones en México tiene un efecto determinante en los bajos niveles de productividad y crecimiento económico, por lo que detona un desencanto con la democracia como medio eficaz para ordenar la convivencia social.

“En los últimos años, esa desconfianza ha crecido de manera alarmante respecto al promedio de los países de la OCDE, al punto que México es el país con menor confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes”, expresó.
En ese contexto, comentó: “En Coparmex Hidalgo tenemos claro que dentro de los retos que enfrenta el país, el más apremiante sigue siendo el fortalecimiento del Estado de Derecho”.
Indicó que es necesario emprender una cruzada contra la corrupción. Lo anterior toda vez que según cifras del Inegi en 2016, las motivaciones para incurrir en actos de corruptela están mayoritariamente asociadas a agilizar trámites, evitar multas y obtener licencias o permisos.

Por lo que respecta a Hidalgo en el mismo año (2016), 77.2 por ciento de la población percibió actos de ese delito por parte de algunos servidores públicos al realizar dichos trámites.
Por ello, priorizó, resulta impostergable que en el Senado de la República se nombre al fiscal anticorrupción, así como que sean designados los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que juzgarán las faltas graves en esa materia.
En cuanto al tema de mejoría en la seguridad pública, personal y patrimonial, comentó que por lo que respecta a Hidalgo, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, con cifras a julio de 2017, 63.4 por ciento de la población hidalguense se siente insegura.
Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, en Hidalgo existe una tasa de 23 mil 564 delitos por cada 100 mil habitantes.

“Los cambios al sistema de justicia penal y a leyes secundarias asociadas no podrán ser eficaces, a menos que garanticemos políticas públicas coherentes que garanticen su adecuada implantación”, expuso.
Por lo anterior, reiteró la necesidad de que el Poder Legislativo apruebe una reforma a la Ley General de Seguridad Pública, que después de un difícil proceso de consenso en el Senado de la República, fue desechada inexplicable de forma íntegra por la Cámara de Diputados.

En la legislación se debe regular el modelo policial de nuestro país, el desarrollo, la formación y la certificación de las fuerzas policiales civiles, así como la naturaleza del mando.
Concluyó que tanto la corrupción como la seguridad pública, y desde luego la falta de certidumbre jurídica en muchas áreas de la convivencia social, son problemas directamente asociados a la impunidad que priva en nuestro país.
En cifras, destacó que más de 91.6 por ciento de los delitos que ocurren en Hidalgo no se denuncian, no tienen averiguación previa o carpeta de investigación que por lo menos indique la intención de castigar a quienes violan la ley, según datos del Inegi en la Envipe 2017.

“Sostenemos la necesidad de promover una reforma de fondo al artículo 102 constitucional, en el que se sienten las bases de una fiscalía general de la República, un órgano verdaderamente autónomo y funcional, que no represente ningún interés político y cuente con la confianza ciudadana”, dijo.

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