El 28 de abril de 2017 concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, donde se votó por mayoría la minuta sobre el dictamen de las comisiones unidas de salud y justicia, sobre la despenalización médica y de investigación de la mariguana.
Dicha minuta de acuerdo autoriza la investigación y el uso de medicamentos elaborados con base en esa planta y/o sus ingredientes activos, para lo cual otorgarán los registros correspondientes por parte de la autoridad sanitaria.
Aunque mínimo, ese hecho es un avance positivo para nuestro país, porque se reconoce institucionalmente el uso medicinal y fortalece el debate científico sobre sus usos industriales y alimentarios de esa planta.
Sin embargo, debemos de ser claros que con esa reforma no hay una legalización o liberalización de la mariguana, porque las leyes y códigos en nuestro país seguirán penalizando su uso, portabilidad y producción de quienes incumplan con las condiciones establecidas, por lo que no desaparecerá la persecución y la extorsión hacia los usuarios habituales y seguirán siendo orillados a relacionarse con el crimen organizado para conseguirla.

Despenalizar no significa legalizar la mariguana

Lo que ocurrió el viernes pasado no fue una legalización de la mariguana, sino una despenalización que regula su uso para fines médicos y de investigación, incluyendo su comercialización y producción. Para tal fin, se reformaron y adicionaron artículos de la Ley General de Salud (LGS) y del código penal federal (CPF), de los que destacamos los siguientes:

¡Se adiciona un último párrafo al artículo 198 del CPF: “La siembra, cultivo o cosecha de plantas de mariguana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo federal”.
Se adiciona el artículo 235 bis de la LGS: “La Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o mariguana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos.
Se reforma el artículo 237 de la LGS en su párrafo primero: “Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes sustancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones”.
Se reforma el artículo 245 de la LGS, en su fracción quinta: “Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones de uno por ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria”.
Se reforma al artículo 290 de la LGS en su párrafo primero: “La Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, indica y americana o mariguana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas…”

Como puede apreciarse, ningún artículo señala la legalización de la mariguana, más bien regula su uso médico y científico y mantiene el esquema prohibicionista para su uso y portabilidad y, además, mantiene el esquema prohibicionista de la amapola, la coca y sus derivados.
Para el comercio e industriales interesados en ese producto se abre la posibilidad de un área de oportunidad que había sido restringida, por lo que el mercado regulado de la mariguana requerirá de expertos en la materia y/o deberán acelerar su curva de aprendizaje para comprender el negocio.
Por otra parte, debemos de estar atentos para que la delincuencia organizada no se aproveche de estos esquemas regulacionistas y se facilite su actuación, en un marco de corrupción que compra voluntades institucionales. Cerremos el paso a la delincuencia organizada y tipifiquemos a los consumidores, distingamos menudistas de los dueños del negocio y a productores para sancionar o proteger conductas con justicia.
Nuestras autoridades, los académicos y la sociedad civil deberán alejarse de mitos moralistas generados hacia el uso de las drogas, y más bien generar un debate científico orientado hacia la educación y el respeto de los derechos humanos. El uso de las drogas ha acompañado a la civilización entera desde sus orígenes, el paradigma prohibicionista está viejo y debe replantearse, porque lejos de disminuir el número de consumidores, éste ha incrementado.
Eduquemos a nuestros hijos para que aunque las drogas se encuentren en la tienda de la esquina, estos filtren su decisión para usarlas con conocimiento científico de las consecuencias.

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