La creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas es la nueva institución que el gobierno de Hidalgo creó para atender a los pueblos y comunidades indígenas de nuestra entidad, tal acción me remite al año de 1951, cuando por decreto presidencial fue creado el Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM) con el propósito de promover el desarrollo económico y social de las comunidades.
El PIVM permaneció funcionando cuatro décadas, su continuidad, el financiamiento y rendimiento de cuentas dependía directamente del Poder Ejecutivo federal; el organismo fue una entidad autónoma cuyas decisiones y financiamientos no pasaban por el nivel estatal transgrediendo la soberanía del gobierno hidalguense.
Hace 66 años podía requerirse un organismo centrado en la atención de un grupo de población localizada en municipios y pueblos indígenas, pues en ese tiempo el cuerpo de instituciones y la política pública estaban en proceso de construcción, hoy en día se tienen instancias federales, estatales y municipales que tienen definidos sus objetivos, funciones y financiamientos, apenas estamos madurando los mecanismos de evaluación de la política pública.
Desde los gobiernos posrevolucionarios se implementaron acciones y recursos para abatir la pobreza, luego de casi un siglo, las cifras de pobres señalan el fracaso especialmente con lo que respecta a pueblos y comunidades indígenas. Por ello me pregunto si la creación de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas en su objeto de “orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar programas, proyectos, estrategias y acciones públicas orientadas al desarrollo integral y sostenible que contribuya al desarrollo de los pueblos indígenas (Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 31/07/2017)”, contribuirá en cambiar la relación que los gobiernos anteriores estatales y federales han tenido con los y las indígenas mexicanas.
La larga experiencia de instituciones, los montos presupuestales y sus resultados medidos según las carencias sociales de los municipios predominantemente indígenas son la evidencia de su fracaso. En cambio, las instancias han sido excelentes espacios de generación de capital político para que sus titulares aspiraran a cargos de elección popular o de servicio público.
Desde mi punto de vista, el desarrollo de política pública focalizada no tiene que ver con la creación de comisiones de atención a grupos específicos como los indígenas, pues ya existen instancias federales con delegaciones estatales ocupadas de esa población; además a nivel estatal tenemos secretarías con infraestructura y presupuesto asignado para incidir en el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente (según la definición de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible). Por tanto, lo que debe asegurarse es que los presupuestos y las acciones sean realizados con perspectiva de derechos humanos y con un enfoque intercultural, porque la persistencia de la pobreza en los pueblos indígenas mucho se debe a la lógica clasista y racista que prevalece en los gobiernos ya que los presupuestos, los servicios y la infraestructura para los indígenas se inspiran en una lógica caritativa de atención al minusválido.
El decreto de creación de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas no reconoce la condición de las y los indígenas como ciudadanos con plenos derechos, sino que enfatiza la diferencia como aquel árbol al que debe cuidarse por su particularidad, aunque el bosque lo estén deforestando porque hay circunstancias que nos atraviesan a todos: la pobreza y la inseguridad social.
¿La creación de la comisión corregirá la ineficacia de las otras instancias públicas con respecto a los pueblos indígenas del estado? La historia de las instituciones y sus resultados nos dicen que no.

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