Por unanimidad de votos de los magistrados electorales

Pachuca.-

La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la multa por un millón 300 mil pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la sesión del pleno realizada la tarde de ayer, la ponencia de la magistrada presidenta Martha Martínez Guarneros dio cuenta al recurso de apelación interpuesto por el PRI con el número de expediente ST-RAP-19/2017.
En la lectura de la resolución fueron declarados inoperantes los motivos de agravio hechos valer por el PRI, pues no controvierten las razones estructuradas por la autoridad responsable.
Además, los argumentos de la demanda no precisan qué aspectos de la impugnación ocasionan perjuicio a sus derechos, ni la causa que consideren por la cual fueron infringidos.
Los magistrados electorales confirmaron el acto y la resolución reclamada por unanimidad de votos.
El PRI reclamó el dictamen INE/CG517/2017 y la resolución INE/CG518/2017, ambos emitidos por el consejo general del INE, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016, específicamente en lo relativo a Hidalgo.
De acuerdo con el dictamen disponible en el portal web del INE, el organismo fijó varias sanciones que en conjunto suman un millón 390 mil 351 pesos.
Entre las irregularidades detectadas por la autoridad electoral figura el reporte de gastos por concepto audio, videos, pantallas, servicio de enlonado, alimentos, renta de mobiliario, escenarios y renta de salón, correspondientes a seis eventos, que carecen del objeto partidista; eso generó una sanción de reducción de 50 por ciento de la ministración mensual por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de hasta 444 mil 825.20 pesos.
De acuerdo con el INE, la falta más grave del PRI en Hidalgo durante el ejercicio fiscal 2016 está en el reporte de operación con un proveedor por 107 mil pesos, sin embargo, el prestador del servicio negó haber realizado dicha operación, por lo que fue considerado un acto doloso.

  • Los argumentos
    de la demanda
    no precisan qué aspectos de la impugnación ocasionan perjuicio a sus derechos, ni la causa que consideren por la cual fueron infringidos

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