En un hecho arbitrario, con precedentes lamentables en materia de los derechos del público de medios masivos de difusión, la comisión de radio, televisión y cinematografía de la Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que favorecen los intereses comerciales de las empresas de comunicación y anulan derechos ganados en favor de las audiencias como la información plural e incluyente de grupos marginados; la distinción entre información, opinión y publicidad; el resguardo de contenidos sensibles a la niñez y a la equidad de género y, sobre todo, la función vigilante y de sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el mandato de imparcialidad e independencia para designar a titulares de la defensoría de audiencias.
La Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias (AMDA) se pronunció públicamente contra ese atentado a los derechos del público de los medios y demandó a la Cámara de Diputados y Senadores convocar a una consulta ciudadana, abierta y plural, para hacer valer estas garantías ganadas.
En su manifiesto firmaron la presidenta de la AMDA Adriana Solórzano, la defensora de la audiencia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Beatriz Solís Leree, el defensor de las audiencias de Canal 11 Felipe López Veneroni, su homólogo de Canal 44, UDGTV Gabriel Sosa Plata; el defensor de la audiencia del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Alberto Velasco Vera; los integrantes de la defensoría de la audiencia de Radio Educación Lenin Martell Gámez y Mariana López Salazar; la defensora del lector de Libre por convicción Independiente de Hidalgo Josefina Hernández Téllez; la defensora de la audiencia de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) Maricruz Zamora Rodríguez, el consejero Guillermo Orozco Gómez y la consejera Carmen Patricia Ortega Ramírez.
Los puntuales señalamientos de la AMDA a las propuestas presentadas por los diputados Federico Doring del Partido Acción Nacional y José Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, que actualmente están en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son:
1. Las audiencias ven acotados sus derechos debido a que el artículo 256 mutila y queda eliminado de la ley el mandato de que el servicio público de radiodifusión deba prestarse en condiciones de competencia y calidad y de que a través de sus transmisiones brinde los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo tercero de la Constitución.
La mutilación del artículo 256 es especialmente atentatoria contra los pueblos originarios y las poblaciones históricamente vulneradas, pues el principio de pluralidad se ve afectado, además de que abre la posibilidad a modificaciones posteriores relacionadas con obligaciones regulatorias del IFT para fomentar la competencia y evitar la concentración y los monopolios.
2. Elimina el derecho de la audiencia a que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Este derecho, que constituye un precepto ético protege a las audiencias al proporcionarle elementos para valorar adecuadamente los mensajes que recibe al tiempo que mejora la práctica periodística evitando que los sesgos y subjetividad del presentador de las noticias modifique el sentido de información noticiosa verificada e investigada con un criterio de imparcialidad.
3. Se elimina la obligación de los concesionarios de aportar elementos para distinguir la publicidad de la información. Con las modificaciones, el mandato constitucional de no hacer pasar publicidad por información queda constreñido a la programación informativa (y solo cuando se trate de un análisis o comentario editorial), con lo cual las audiencias quedan desprotegidas cuando se trata de programas diversos, como revistas matutinas o emisiones de espectáculos en las cuales se suelen vender entrevistas a políticos o supuestos especialistas que recomiendan un determinado producto sin que al público se le aclare que se trata de un segmento pagado.
4. Se eliminan como derechos de las audiencias todos los que se derivan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y no están incluidos expresamente en el artículo 256, con lo cual quedarían sin efecto, por ejemplo, las líneas de acción establecidas para que los contenidos respeten el interés superior de la niñez o la equidad de género.
5. Se eliminan atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del Instituto Federal de Telecomunicaciones: pierde competencia para multar a los concesionarios que rebasen los topes máximos de transmisión de publicidad establecidos en la ley (artículo 311); se deroga la atribución de determinar suspensión precautoria de transmisiones (artículo 15, fracción 61); se elimina el ordenamiento para que el instituto emita lineamientos de clasificación del material grabado para ser transmitido por televisión restringida (228).
6. La figura de la defensoría de las audiencias se debilita pues ya no se mandata a que se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia: los concesionarios elegirían libremente al defensor de sus audiencias, sin que sea posible establecer requisitos que eliminen conflicto de interés; las defensorías se regirán exclusivamente por lo dispuesto en los códigos de ética expedidos libremente por los concesionarios. Sobre los códigos de ética el IFT no podría ni siquiera emitir una opinión, mucho menos objetarlos; los titulares de las defensorías ya no rendirían informes ante el IFT y éste ya no podría sancionar por incumplimiento a lo establecido en los lineamientos sobre defensa de las audiencias.
En resumen, la AMDA y las varias defensoras y defensores exigen, a diputados y senadores, congruencia y honestidad en sus decisiones y en favor de la ciudadanía con la que supuestamente están comprometidos. El resultado y escucha a estos legítimos reclamos y petición está por verse en los días siguientes. El público masivo, ante la carencia de voz y canales adecuados para reclamar, pero sobre todo para ejercer y tener una postura crítica, inerme y hasta indiferente se dará cuenta de la envergadura del tema cuando las consecuencias se padezcan y se reflejen en la calidad de vida democrática del país. Tiempo al tiempo.

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Doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM y especialista en estudios de la mujer por El Colegio de México. Periodista colaboradora en medios desde 1987. Defensora de lectores y articulista del diario Libre por Convicción Independiente de Hidalgo. Integrante del consejo editorial de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC. Docente universitaria desde 1995 en la UNAM. Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde 2008. Integrante y cocoordinadora del grupo de investigación Género y Comunicación en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Línea de investigación y publicaciones sobre periodismo, comunicación y género.