Ahora que está de moda ahorrar recursos en virtud de los recortes presupuestales producto de la crisis en Pemex y los bajos precios del petróleo, entre otros factores, en Hidalgo también se discute la pertinencia de gastar, o no, en instituciones que parecen superfluas frente al entorno de estrechez económica que padecemos. Los debates en torno a esa premisa han sido, incluso, propuestos desde el Ejecutivo estatal, como fue la decisión de compactar secretarías y adelgazar la nómina gubernamental. Aunque también la discusión pública se ha centrado, por ejemplo, en la conveniencia de reducir el presupuesto a los partidos, recortar el gasto en el Instituto Estatal Electoral (IEE) o de plano desaparecer el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC), como propuso el diputado local panista Luis Baños. Sobre esta última propuesta, se pronunció ayer el gobernador Omar Fayad Meneses, quien dijo que ya revisa el asunto con legisladores y personajes ligados a la política. Incluso adelantó que revisará cómo se aplican los recursos públicos destinados al organismo autónomo con los propios integrantes del CCC y después esperará el análisis y decisión de los diputados locales. Es decir, en concreto, el gobernador ya tomó el tema en serio y revisará pesos y centavos para tomar una decisión con elementos de juicio. La apertura del gobernador a discutir la pertinencia del CCC es sana en estos tiempos en que cada peso debe ser justificado cabalmente. Así como se abrió la discusión sobre la pertinencia de tener legisladores de representación proporcional a nivel federal, en tiempos de alta competencia política, es razonable hablar sobre la utilidad de tener órganos de representación ciudadana cuando la Ley estatal de Planeación y Prospectiva mandata la participación civil mediante juntas representativas y de inclusión. O cuando se supone que los congresos locales y el federal tienen la misión, justamente, de ser la tribuna de la ciudadanía. Aunque, ya que andamos en ese ánimo, los diputados federales, el propio presidente de la República, y los gobernadores deberían plantear la revisión de los programas sociales que, como se ha denunciado, solo sirven, en algunos casos, para mantener clientelas políticas. De filón. Y hablando del Congreso local, es positivo que legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hayan llamado a cuentas al director del Periódico Oficial de Hidalgo y al secretario de Servicios Legislativos del Congreso local por la extraña modificación a la Ley de Ingresos 2017 que provocó que empresarios pagaran indebidamente una tasa de 3 por ciento sobre el impuestos sobre la nómina (ISN). Los poderes Legislativo y Ejecutivo no son la escuelita y alguien debe asumir la responsabilidad por este “error” que costó tiempo, dinero y esfuerzo a los empresarios locales.

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