Miembros de organizaciones religiosas y de provida no bajan la guardia en el tema antiaborto. Ayer se registró una movilización simultánea en Pachuca y Huejutla para denunciar iniciativas que “atentan” contra la vida. El debate sobre ese tema, que se constituye como uno de los más controvertidos de la vida pública, continúa en calles y, en menor medida, en los congresos federal y estatales, lo cierto es que será la razón jurídica la que tenga la última palabra. Mientras eso ocurre, durante el primer trimestre de 2019, al menos 22 hidalguenses buscaron información y asesoría psicológica en la asociación Di Ramona sobre la interrupción legal de la gestación. Este asunto, como muchos otros, no se trata de dogmas, sino de apreciaciones que conforme a derecho convengan. Tampoco de confrontaciones entre bandos, sino de un debate serio que se respalde con argumentos sólidos. Seguramente asociaciones como Marea Verde responderán en los próximos días con manifestaciones de apoyo al aborto legal y seguro. Ambos movimientos tienen sin duda su dosis de legitimidad y abonan por supuesto a la discusión. Pero no se trata de porras y la que brinque más alto se llevará la recompensa. Sino de un asunto que compete absolutamente al Poder Legislativo y que, por cierto, no parece avizorarse en la agenda inmediata de los diputados locales. Sin embargo, la 64 Legislatura se ha caracterizado por promover y aprobar iniciativas progresistas. Punto para Marea Verde. Por otro lado, si el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no logra conservar la presidencia del Congreso del estado los tres años, la legalización del aborto podría quedarse nuevamente en la congeladora. Punto para los conservadores. Mientras los grupos de la ciudadanía luchan por sus causas, en este momento el Legislativo del estado trae otra agenda que no es precisamente la de los asuntos que “atentan” contra la vida. De filón. El proyecto de conectar a Pachuca con la Zona Metropolitana del Valle de México mediante el sistema ferroviario, como plantean los ingenieros civiles, forzosamente deberá convocar a otra consultora que no sea Cal y Mayor, no sea que se nos estafe a los hidalguenses con otros 27 millones de pesos.

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