En la ocasión anterior me referí al problema del abasto de agua; hoy, a la contaminación de nuestros recursos hídricos. En 2010, 70 por ciento de los cuerpos de agua se registraban como contaminados y 31 por ciento “extremadamente contaminados”.

El tratamiento de aguas residuales es limitado: entre el 30 y 40 por ciento (20 por ciento según Conacyt, 2014). Solo el 34 por ciento de los municipios cuenta con plantas tratadoras (Inegi). Su mantenimiento y operación son caros, y los municipios no pueden costearlos, menos ahora que perdieron los recursos del Ramo 23.

Para ejemplificar: “académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en conjunto con dos comisiones de la cuenca del Valle de México… encontraron que en las cuencas de los ríos Amecameca y La Compañía, así como la de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac y sus afluentes, existen 70 plantas públicas de tratamiento; sin embargo, la mayoría opera de forma deficiente o están abandonadas, y solo 10 son susceptibles de rehabilitación. Por lo tanto, se requiere construir al menos 50 nuevas…

En conferencia de prensa, el investigador de la UAM y presidente de la comisión de la cuenca de los ríos Amecameca y La Compañía Óscar Monroy Hermosillo expuso que la Ciudad de México trata solo 10 por ciento de su agua residual… Con la infraestructura actual, dijo, hay capacidad para tratar 25 por ciento” (Obrasweb.mx, 2 de agosto de 2017).

Qué lejos estamos del verdadero desarrollo. Según la ONU: “En promedio, los países de ingresos altos (y nosotros lo somos: por su PIB, México ocupa el lugar 15 en el mundo, APZ) tratan cerca del 70 por ciento de las aguas residuales que generan, mientras que esa proporción cae al 38 por ciento en los países de ingresos medios-altos… Eso exacerba la situación de los pobres, en particular en los barrios marginales, que a menudo están expuestos directamente a las aguas residuales debido a la falta de servicios de saneamiento y agua” (Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, 2017).

Las consecuencias para la salud humana son de pavor. En México, 13 millones de personas consumen agua contaminada. Estamos, sin exageración alguna, ante una auténtica tragedia: “.. En 1991, los datos del censo reportaron que las enfermedades infecciosas intestinales son la segunda causa principal de mortalidad infantil en toda la nación (con una tasa de 278.

4 por cada 100 mil. Inegi, 1991a)…
La disentería amebiana, endémica en México (Organización Panamericana de la Salud, 1990b), se transmite bajo la forma de quistes de entamoeba histolytica, a menudo a través de agua de beber contaminada por heces…” (The National Academies of Sciences, 1995).

Las aguas contaminadas afectan también los ecosistemas en cuerpos de agua dulce y en los mares.

Lo expuesto es una evidencia de que, en lo fundamental, no se está orientando el gasto público en beneficio de la población, y del ecosistema; se lo destina a otros fines. Pero no por simple desidia, sino aplicando un criterio y un compromiso de clase social. Así como tiene sus víctimas, la contaminación tiene también beneficiarios: los grandes corporativos. El fondo del asunto es que en el modelo neoliberal vigente, sin frenos ni contrapesos reales y suficientes al poder de las grandes empresas, para maximizar la ganancia han de reducirse los costos, entre ellos, los aplicados en dispositivos de protección ambiental, como filtros anticontaminantes, tratadoras de aguas residuales o confinamientos de residuos peligrosos. Cuando las empresas no los instalan en la cantidad y calidad requeridas, ahorran mucho dinero y aumentan así sus ganancias, pero en contraparte, provocan daños en la salud de las personas, ocasionando gastos a las familias y al sistema de salud pública. Se traslada así a la sociedad y al gobierno costos que, en estricto derecho, debieran asumir las empresas, y que ahora se traducen en contaminación, destrucción de recursos y enfermedad; son las “externalidades negativas”.

Los gobiernos neoliberales, coludidos totalmente con los grandes corporativos, no defienden a la sociedad. Y, dicho sea de paso, sería necesario que las cuentas nacionales consideraran esos aspectos, máxime siendo México un país víctima de la depredación ambiental de transnacionales que generan ingresos que luego “repatrian”, dejando aquí destrucción de recursos, contaminación y enfermedad.

Ejemplos hay de sobra, y proporcionados por científicos especialistas en el tema: “Tenemos una norma ambiental obsoleta… Se han instalado industrias transnacionales que están orientadas a la exportación, por ejemplo la automovilística. Esta industrialización en el centro de la nación ha generado que la carga de contaminantes sea tan alta que los ríos son rebasados en su capacidad de asimilación o en la potencial dilución de los contaminantes” (doctor Omar Arellano Aguilar, Facultad de Ciencias, UNAM, declaraciones a la prensa, 27 de mayo de 2018).

Segundo ejemplo, relacionado con el río Santiago, a su paso por Jalisco: “En la cuenca de este río el gobierno ha permitido por años la instalación de unas 200 industrias nacionales y extranjeras que han descargado por lustros sus desechos químicos e industriales en sus aguas… Para el gobierno la causa principal de la contaminación del río Santiago han sido los desechos fecales de los hogares, pero a la fecha, ni siquiera en el discurso ha sido capaz de reconocer la responsabilidad de las industrias en esta contaminación” (Ecoosfera.com, 16 de julio de 2015).

En esa visión malthusiana, defensora a ultranza de las empresas, el pueblo, que carece de sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas, resulta culpable y chivo expiatorio de una situación de la que es principal víctima.

Por desgracia, el gobierno no tiene ni la más remota idea de la magnitud del problema, mucho menos de las acciones necesarias ni de la cuantía de los recursos necesarios; su preocupación se centra en el reparto de tarjetitas, sobornos electorales, obras inútiles y afanes persecutorios. Para quien, en lugar de la propia tozudez se guíe por la sensatez, es obvio que los grandes problemas nacionales, crónicos y complejos, requieren ingentes recursos gubernamentales, visión de Estado, jerarquización elemental de necesidades. Lo que hoy vemos, un caos sobre otro caos, exige urgentemente un gobierno realmente comprometido con la sociedad, con la patria y sus recursos. Los problemas expuestos no son solo de índole ecológica, social o económica; son también políticos, e igual su solución. Y no forzamos la lógica al afirmar que ante ese devastador panorama se requiere la acción política, enérgica, consciente y organizada de la sociedad civil, sobre todo de los pobres, los más dañados. Ellos deben gobernar este país y liberarlo para redimirse también a sí mismos.

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