Controversia por designación, mala apreciación de la ley: Lara Salinas

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Ramiro Lara Salinas, titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo

Pachuca

Una mala apreciación de la ley y no una cuestión con tintes políticos es como apreció el procurador estatal Ramiro Lara Salinas las acusaciones de diputados locales respecto a que detrás de su designación intervino un conflicto de intereses.
El fiscal estatal, en su posicionamiento, descartó la presencia de que sea un ataque de tipo político, sino una errónea interpretación de la ley de quienes exclamaron que en su designación existieron irregularidades.
“Yo estoy tranquilo, yo considero que mi designación fue realizada conforme a derecho, que no tengo ningún impedimento legal; ya manifesté los motivos por los cuales considero que mi designación fue legítima”, manifestó el procurador.
Abundó que al momento no existe convocatoria para asistir al Congreso local y exponer esa situación.
El reclamo por la designación de Lara Salinas como fiscal estatal llegó hasta las instancias más altas, pues será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), bajo la representación de la magistrada María del Carmen Alanís, quien resuelva la impugnación por el nombramiento.
El recurso emitido por dos ciudadanos se registra con la clave SUP-JE-97/2016 y tiene como autoridades responsables al Congreso de Hidalgo por la aprobación de la designación de Lara Salinas como procurador y al exgobernador Francisco Olvera Ruiz, quien lo propuso.
En el documento se lee que los ciudadanos impugnaron el decreto 704 emitido por el órgano legislativo que dio el visto bueno a que Lara Salinas ocupe ese puesto, quien anteriormente se desempeñó como magistrado del Tribunal Electoral en Hidalgo.
Con anterioridad, la representación del PRD en el Congreso local denunció que en dicha designación existió un conflicto de intereses, pues Lara Salinas en su papel como magistrado votó en favor para confirmar la participación de Fayad en la elección de gobernador, la cual ganó en la pasada jornada electoral.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica que concluido su encargo, los magistrados electorales no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales se hayan pronunciado por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función.

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