Al arrancar ayer oficialmente la campaña electoral para la presidencia de la República, existe nerviosismo, preocupación y expectativas de triunfo en los equipos de campaña de los cuatro aspirantes registrados: la independiente Margarita Zavala, el abanderado de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) Ricardo Añaya Cortés, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) Andrés Manuel López Obrador y José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos por México (PRI-PVEM-Panal).
Donde prevalece el nerviosismo es en el equipo de José Antonio Meade, ya que el aspirante presidencial externo del PRI, no logra permear en las preferencias de los electores y simplemente su campaña “no prende”, ni siquiera entre las bases tricolores a pesar del enorme despliegue publicitario y presupuesto dispuestos para impulsarlo para que gane la contienda electoral del primero de julio.
Los estrategas de la campaña presidencial de Meade Kuribreña buscan alternativas que les permitan lograr el inmediato repunte del exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), sin embargo, existe un pesado lastre que lo mantiene en las profundidades de las preferencias electorales de los ciudadanos: La historia de corrupción e impunidad de los exgobernadores tricolores y de altos funcionarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Los escándalos de corrupción que involucra a militantes priistas se suceden día con día y son apenas la punta del iceberg de toda la podredumbre que habrá de salir a flote al término del sexenio de Peña Nieto, que podrían quedar sin ser castigados en caso de que el PRI repita en la presidencia de la República, pues habrá de recurrir a la “operación tapadera” para no “herir” susceptibilidades de quienes impusieron al “delfín” que heredará el poder, pero también los problemas generados por los excesos y abusos cometidos a costa del erario público.
Los medios de comunicación nacionales y extranjeros han dado cuenta de los millonarios sobornos recibidos por Emilio Lozoya de parte de la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de Peña Nieto, sin embargo, a diferencia de otros países donde la justicia ha investigado y castigado a funcionarios y políticos a los que el gigante brasileño untó sus manos de billetes, en México no pasa nada, ya que la jueza primera de distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México (CDMX) Sandra Robledo Magaña ha frenado la pesquisa que realizaba en su contra la Procuraduría General de la República (PGR).
Otro caso de corrupción también fue destapado recientemente en contra de la extitular de la Sedesol, la experredista Rosario Robles Berlanga, a quien se le señala de cometer un millonario desvío de recursos públicos a través de la contratación de servicios que nunca se otorgaron. El caso es investigado con la rapidez de una tortuga por las autoridades responsables de “encubrir” con el manto del olvido las conductas al margen de la ley en perjuicio de las arcas nacionales.
Recientemente apareció otro nuevo escándalo que involucra a 28 gobernadores priistas que no han comprobado fehacientemente el gasto de más de 140 mil millones de pesos, de acuerdo con los resultados de la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2016.
Los priistas señalados por el órgano superior fiscalizador son Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y actualmente preso, Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y Eruviel Ávila, exgobernador del Estado de México (Edomex), que por cierto tienen cargos en el partido y participan en la campaña electoral de José Antonio Meade, el aspirante presidencial que ha prometido castigar la corrupción en caso de ganar las elecciones del primero de julio.
También son señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez, cuya extradición de los Estados Unidos sigue pendiente, Rodrigo Medina de Nuevo León, Roberto Borge Angulo de Quintana Roo, Carlos Lozano de la Torre de Aguascalientes, Egidio Torres Cantú de Tamaulipas, Jorge Herrera Caldera de Durango, Miguel Alonso Reyes de Zacatecas y Fernando Toranzo Fernández, exgobernador de San Luis Potosí.
Más nombres de exmandatarios y gobernadores en activo aparecen en los resultados de las revisiones de la ASF a la Cuenta Pública 2016 y es por demás mencionarlos porque hasta ahora no existe en el país ninguna autoridad verdaderamente autónoma y con la capacidad para investigar y castigar las conductas irregulares de esos funcionarios, mismos que fueron electos por votantes que canjearon su voto por “migajas”.
Esa es la verdadera razón por la que la mayoría de los ciudadanos rechazan la candidatura de José Antonio Meade, a quien también el pueblo lo responsabiliza de los yerros cometidos en materia económica por el gobierno de Enrique Peña Nieto por ser el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como por impulsar los “gasolinazos” que continúan “desangrando” los bolsillos de todos los habitantes del país, y que afecta a los más pobres debido al aumento de precios de los alimentos.
Durante los meses que faltan para las elecciones federales del primero de julio, los ciudadanos debemos reflexionar sobre las conductas lesivas de los exgobernadores priistas y no perderse en la “guerra” de lodo que ya está desatada por quienes buscan la permanencia de la impunidad para seguir “exprimiendo” al pueblo y continuar con la venta de “garaje” de los recursos naturales del país. ¿O usted qué opina?

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