A la par de los discursos triunfalistas con un elevado tinte electoral para las presentes y futuras elecciones, se deja entrever que la crisis económica, consecuencia de una depredación nacional, se ha traducido ya en una crisis política, donde la desconfianza aumenta ante la mercantilización de los procesos electorales, las estrategias surgen y se agotan sin lograr la legitimidad, es decir, el apoyo de los mexicanos, la estrategia de alianzas partidistas se han desgastado, ya sin capital político ni oferta electoral, se ha adoptado a la amenaza, a la dádiva y a la compra de voluntades, todas ellas prácticas antidemocráticas que no logran la necesaria legitimidad.
El triunfo legal debe estar respaldado por la legitimidad, o sea, el apoyo de la ciudadanía que haya votado por convicción y no por haber vendido su voto. La corrupción y la ambición por perpetuarse en el poder para enriquecerse ha convertido a la democracia mexicana en un mecanismo, donde los que ganan no son los que votan, sino los que cuentan los votos.
La legitimidad se gana con ofertas políticas sustentadas con hechos y compromisos cumplidos, pero la pobreza y la desigualdad no son los mejores avales ni de los discursos oficiales, ni de la oferta política electoral, porque no son creíbles, sin evidencia no hay credibilidad.
Según datos de la CEPAL, un millón 250 mil personas concentra 33 por ciento de la riqueza que genera la economía mexicana, y 12 millones de personas 66 por ciento restante, en conjunto representa uno por ciento de la población total nacional, con 99 por ciento de la riqueza nacional; mientras que 99 por ciento de la población, o sea 109 millones de mexicanos, se reparte tan solo uno por ciento de la riqueza, esta asimetría es la evidencia de una abismal desigualdad, es la antidemocracia económica.
La explicación está en el cambio de orientación de la política social como de las políticas salariales y laborales, puesto que se puso en práctica la eliminación progresiva de subsidios al consumo y la liberación de precios de los productos básicos.
A partir de la aplicación del modelo económico que tiene como motor a la empresa transnacional, la economía mexicana ha mostrado una mayor inestabilidad que en el pasado, ya que esta más expuesta a las fluctuaciones de los mercados internacionales.
Al finalizar la década de 1970, los sueldos y salarios representaban 40 por ciento del PIB, pero ahora representan 35 por ciento, súmele usted que el deterioro del poder adquisitivo de los salarios supera 76.3 por ciento en casi tres décadas; según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, en 2016 el salario era de 73.4 pesos y el costo de la canasta básica sumaba 218 pesos, tan solo alcanzaba para comprar 33 por ciento de la canasta; imagínese usted que en 1987 el salario era de 6.47 pesos y el costo de la canasta básica era solo de 3.95 pesos, lo que significa que el salario superaba en 39 por ciento el costo de la canasta y ahora es a la inversa.
Hasta antes del gasolinazo, el poder adquisitivo del salario cayó 11.11 por ciento, pero después del incremento de los precios de gasolina, aunque suban el salario a 90 pesos, que es poco probable, no se recuperaría el poder adquisitivo que tenía, por el incremento de los precios que hasta abril era de 5.8 por ciento el índice general y el no subyacente ascendió a 9.25 por ciento, el deterioro en los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos es brutal. ¿Cuál avance tenemos? Si la devaluación del peso cayó en 46 por ciento en lo que va del sexenio de Peña Nieto.
El secretario de Hacienda José Antonio Meade, sí, el que declaró que el gasolinazo no impactaría en el incremento de los precios, comparó a la economía mexicana con el equipo de futbol de los Xolos de Tijuana que son más rentables, porque son los que pagan salarios más bajos que otros equipos y tienen un buen desempeño; esto a la luz de las declaraciones de Francisco Díaz, presidente del grupo BBVA-Bancomer, quien declaró que “es admirable la resistencia de la economía mexicana ante los desafíos recientes”, esto es porque la filial en México logró utilidades por 119 millones de euros, algo más de 2 mil 499 millones de pesos, entre otras cosas porque la tasa impositiva que se paga en México es más baja que en España y por la reducción de sueldos y salarios mexicanos.
O sea que la Secretaría de Hacienda subsidia a las grandes empresas transnacionales a costa del bienestar de los mexicanos. ¿Si la economía crece, a quién beneficia?, ¿y si no crece, quién paga los costos?

Comentarios