Ante las presiones de distintos colectivos en el sector cultural, donde destacan las de la asamblea por las culturas, No vivimos del aplauso y MOCCAM, con la intervención de la Secretaría de Gobernación, lograron finalmente sentar a la titular de la Secretaría de Cultura a dialogar con la comunidad y comprometerse a otorgar apoyos-contratos directos a trabajadores de la cultura en mayor precariedad para paliar la crisis, con base en un listado que por convocatoria abierta y pública realizaron los colectivos. Un listado de más de 4 mil 300 personas de las cuales solo se reconoce a 3 mil 850 que tienen los datos correctos.

Las autoridades proponen dos vías: créditos a la palabra a través de la Secretaría de Bienestar por 25 mil pesos y un banco de funciones a través de la Secretaría de Cultura por 15 mil pesos. Sin embargo, quedan más dudas no resueltas que respuestas.

Los créditos a la palabra, originalmente diseñados para microempresas y que fueron un fracaso porque 25 mil pesos no son suficientes ni para pagar salarios y los microempresarios encima se quedan endrogados con el gobierno federal. Del millón de solicitantes que esperaban, solo el 20 por ciento los tomaron, los demás desistieron por el monto y las condiciones de pago. Ahora también se abren para la comunidad artística y cultural pero cuidado, no deja de ser un crédito con un interés del 6 por ciento y a pagar en tres años, como han señalado y constatado ya los actores culturales de los pueblos originarios a quienes inmediatamente se los ofrecieron en esas condiciones dejando en duda lo mencionado por la SC de que el pago es sin intereses.

Aparentemente todo bien si tomamos en cuenta que un crédito funciona así. El problema es que es una mentada de madre a través de un mecanismo del gobierno para salir del paso, que es una usura vulgar utilizando la desgracia y desesperación de la gente y los artistas. Capitalismo puro disfrazado de solidaridad en medio de una emergencia de salud.

¡Qué le pasa al gobierno de la 4T! ¿Dónde está el dinero de los impuestos, de lo recuperado al crimen organizado, de lo robado, de lo ahorrado con el plan de austeridad republicana? Lucrar con la necesidad de la gente en medio de una crisis económica y de salud que el pueblo no provocó, crisis consecuencia sí de una pandemia y fuera de nuestras manos, es una canallada. ¿O es que también el pueblo tiene que alimentar al monstruo de los megaproyectos y los caprichos del gobierno y sus compromisos con empresarios y trasnacionales? La Secretaría de Cultura quiere vender bien esos créditos como una de las rutas y seguir lavándose las manos del problema económico que tiene, consecuencia del paupérrimo presupuesto que le aprobó el Congreso de la Unión y de una mala administración. Una secretaría que atada de manos es incapaz de desamarrarse de las reglas de la burocracia que permean en todas las instituciones del país comenzando por la Secretaría de Bienestar que se niega a que el pago de los créditos sea con trabajo, reglas que se han vuelto las sagradas escrituras de los administradores de recursos que anteponen estas a la necesidad de la gente en una emergencia, actuando no solo con torpeza sino con mediocridad. Incapaces de responder, de crear mecanismos rápidos y eficientes, pero sobre todo la inutilidad para tomar decisiones de adaptar su burocracia a la realidad del país y escondidos en la “austeridad republicana” que a estas alturas es una farsa que están sosteniendo las y los trabajadores de este país y no los de “arriba”.

Por otro lado, el banco de funciones pensado para las artes escénicas, la comunidad logra abrirlo a todas las disciplinas y por convocatoria abierta para todo el país y se le integran mecanismos propuestos por los colectivos. Sin embargo, durante las negociaciones quedaron en el aire más dudas que respuestas entre las que cabe destacar los señalamientos de la subsecretaria de cultura sobre los criterios de selección que corren nuevamente el riesgo de ser discriminatorios. La entrega del recurso es contra proyecto a realizar cuando termine la cuarentena o cuando se pueda, pero se habla de “selección” por parte de las áreas correspondientes de la SC, tanto en el tema de la prioridad para los más precarios, como el tema de la producción. ¿Quiénes son estas personas que van a seleccionar los proyectos y bajo qué criterios curatoriales? porque, aunque no lo quieran mencionar así, las cosas por su nombre y se llaman comisarios, cuando justamente lo reclamado por la comunidad artística es el reconocimiento a su trabajo y trayectorias como elementos suficientes para recibir estos apoyos.

El panorama no es claro, tienen una bomba de tiempo en las manos pese a los acuerdos tomados, la comunidad exige trabajo digno no créditos, sigue habiendo impagos desde hace meses, las condiciones para acceder a los recursos tienen una serie de filtros que en estas condiciones resultan obscenos como el qué pasa si “no tengo INE, no estoy dado de alta en Hacienda y no tengo cuenta de Banco” como es el caso de los actores culturales de los pueblos originarios y de una gran mayoría de artistas independientes que trabajan en las calles. ¿Los van a dejar fuera? Así que no es tan “a la palabra”. Si no se paga el crédito, dentro de esta lógica habrá una larga lista de ciudadanos en buró de crédito de la 4T que quedarán imposibilitados por faltar a su “palabra” aunque durante los siguientes tres años sigan en precariedad.

Hoy, los artistas siguen muriendo de hambre, se agudizan sus problemas de salud y en la desesperación comienza a haber suicidios. Se están violando derechos humanos en México y urge la construcción inmediata del estatuto de artista y el trabajador de la cultura para obligar a los gobiernos a garantizar los derechos de toda la comunidad artística y cultural de este país.

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