Tras el impulso de los discursos feministas y desde la participación de Marea Verde en actos públicos de todo el país, el tema del aborto adquirió matices extremos, por un lado las mujeres exigieron la libertad de elegir sobre la maternidad y por el otro algunos sectores indicaron que esos actos son contra la vida. En medio de ese remolino, las instituciones de salud también tomaron un lugar dentro de la discusión. En los últimos dos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso a disposición del Ministerio Público a cinco mujeres por presunta práctica de interrupción del embarazo.

Si bien, ya son realizados algunos procedimientos para interrumpir la gestación con algunas causales como violación, inseminación no consentida, salud o riesgo para la mujer y alteraciones graves genéticas o congénitas, las instituciones de salud consideran un protocolo en caso de que las que acudan a servicios de emergencia por esa práctica y pueda ser
constitutivo de un delito.

Aunque el protocolo está desarrollado en apego a la ley, algunas activistas consideran que
eso continúa el ciclo de criminalización a quienes decidan no continuar con el embarazo.

El 12 de diciembre de 2019, el Congreso de Hidalgo no aprobó en su votación en el pleno la
despenalización legal para interrumpir la gestación, por lo que las mujeres de la entidad no
pueden tomar la decisión antes de las 12 semanas, como había sido previsto.

El código penal vigente en el estado menciona en su artículo 158, segunda fracción, que el aborto no será punible: “Cuando el embarazo sea resultado de hechos denunciados como posiblemente constitutivos del delito de violación o de la conducta típica prevista por el artículo
182 (inseminación no consentida) de este código”.

Criminalización ,aborto

La redacción continúa: “Esto siempre que el aborto se autorice y practique dentro de los 90 días a partir de la concepción y el hecho se haya denunciado antes de tenerse conocimiento de esta. En tales casos, deberá solicitarlo la embarazada, bastará la comprobación del cuerpo del delito para que el Ministerio Público (MP) o el juez lo autorice, si aquella fuere de condición económica precaria, los gastos correspondientes serán a cargo del Estado”.

Esta redacción está superada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que indica que bajo Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, los abortos en casos de violación pueden ser solicitados sin la necesidad de presentar una denuncia, únicamente con el valor de la palabra de la que lo solicita.

En 2019, una joven de 17 años ingresó de urgencia a la clínica uno del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), en Pachuca por complicaciones de salud, tras presuntamente practicarse un aborto casero con medicamentos.

Debido a ese caso que fue público, esta mesa de redacción cuestionó al instituto para saber cuántas personas habían sido canalizadas de esa forma por presuntos actos constitutivos de delito. De acuerdo con los datos, entre 2018 y 2019 fueron redireccionadas cinco por esos hechos

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El IMSS dio a conocer

Por medio de una solicitud de transparencia hecha a los servicios de la federación, el IMSS dio a conocer lo siguiente:

1. ¿En qué casos el personal de esta dependencia canaliza a mujeres por conducta delictiva por interrupción de embarazo?

La notificación la solicita el ginecólogo de admisión o tococirugía, quien identifica signos y síntomas de manipulación quirúrgica, desgarros o aplicación de fármacos que hayan sido utilizados con propósitos abortivos, otra justificación para la notificación es cuando son identificadas inconsistencias en la aportación de datos personales, es decir, falsedad de información de la paciente o cónyuge.

2. ¿Cuál es el protocolo que siguen?

Una vez identificada la actitud delictiva se avisa al departamento de trabajo social, quien mediante el formato “aviso al Ministerio Público” realiza la notificación a las autoridades correspondientes y aporta en dicho documento el nombre completo, número de seguridad social, hospital que hace la notificación y el servicio donde está la paciente con el diagnóstico identificado.

En caso de ser una urgencia calificada donde esté comprometida la estabilidad
de la paciente se procederá a realizar el tratamiento correspondiente, con o sin respuesta del agente del (MP).

Una vez recuperada la salud de la paciente mediante el tratamiento requerido, se complementa con el llenado de la hoja de alta de la institución, misma que es enviada al agente para su seguimiento, dando por terminado nuestro protocolo.

3. ¿Quiénes son los facultados para realizar este procedimiento?
El ginecoobstetra lo inicia solicitando a la trabajadora social que sea realizada la notificación y es ella quien lo concluye.

4.- ¿Cuántas han sido puestas a disposición en los últimos 10 años?
De 2009 a 2017 no se cuenta con registros de envío, mientras que en 2018 hubo dos notificaciones y en 2019 fueron tres avisos del hospital general de zona médica familiar número uno de Pachuca, Hidalgo.

5.- ¿Cuál es el artículo o reglamento que ampara esta acción?
Código penal de Hidalgo, articulo 155: “A la que aborte, interrumpiendo su embarazo o que consienta en que otro se lo interrumpa, se le impondrá de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 40 días. Igual pena se aplicará al que haga abortar a la mujer con consentimiento de esta”.

Debido al mínimo número de datos, la institución no cuenta con información sobre la dispersión por año, a qué municipios pertenecen, sus edades, el resumen de hechos, la clínica u hospital que las derivó y el (MP) que las recepcionó. Este mismo ejercicio fue realizado con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y respondió que no existen casos que hagan alusión a ese delito.

En el último año, la Secretaría de Salud de Hidalgo apoyó a abortar, bajo las causales de ley, a 26 personas, 12 de ellas menores de edad, así lo reflejó el documento de rendición de cuentas que entregó la dependencia al Congreso estatal

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En perspectiva

De 2006 a 2017, en Hidalgo fueron iniciados 23 juicios contra mujeres por el delito de aborto, de los cuales la mayoría terminó en sentencia condenatoria, además de que fue uno de los hechos más condenados, ya que en los últimos seis años, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) condenó 80 por ciento de los casos de la interrupción del embarazo que siguieron un procedimiento legal.

Es decir, es un delito que tiene una alta probabilidad de que sea castigado hasta con tres años de prisión y multas de hasta 40 días, para las personas que provean el servicio la pena podría llegar hasta los siete años de cárcel.

Es importante decir que en comparativa, el delito de violación tiene un 39 por ciento de que sea condenado, es decir, el promedio es el doble en aborto que en violencia sexual.

Tan solo durante 2019 fueron abiertas 13 carpetas por presunto aborto, que es considerado en el código penal como la interrupción en cualquier momento del embarazo.

En el último año, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) apoyó a abortar, bajo las causales de ley, a 26 personas, 12 de ellas menores de edad, así lo reflejó el documento de rendición de cuentas que entregó la dependencia al Congreso estatal.

De acuerdo con activistas, no es posible conocer el número total de abortos llevados a cabo, ya que muchas son acompañadas por asociaciones o realizan el procedimiento de forma privada, por lo que las autoridades de salud o del Poder Judicial no pueden tener acceso.

Recientemente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la SSH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) han emitido sus posicionamientos en favor de la no criminalización de la mujer en casos de interrupción del embarazo, con un argumento prodefensoría de derechos.

Hablar de aborto

Activistas y promotoras de derechos humanos han reiterado en otras ocasiones que el protocolo del IMSS está en concordancia con lo que es presumido de cualquier delito, no obstante, no está libre de posibles prejuicios o incluso del desconocimiento del personal de salud de la ley vigente.

Enfatizaron que el hecho de derivar a una mujer por posible información falsa o presunta manipulación quirúrgica, desgarros o aplicación de fármacos es un hecho que en sí mismo podría replantearse, ya que nada de ello podría comprobar quienes se practicaron un aborto.

En el marco de lo legal, las activistas han indicado que las mujeres se han realizado abortos caseros desde hace muchos años y eso ha permitido conocer las prácticas seguras, los medicamentos que no son nocivos ni el motivo de persecución ellas.

Reiteraron que en procesos de acompañamiento permitidos por el código, los abortos caseros en su mayoría pueden ser seguros, aunque en algunos casos no lo son y ese es el problema de que las prácticas no sean reconocidas por la ley o el sector salud, ya que esa población no tiene acceso a servicios médicos ni atención integral en ese tema.

De acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, el personal médico puede atribuirse únicamente anotar los detalles de lo que encontraron durante su revisión, realizar la notificación al (MP) y no emitir ningún prejuicio sobre las prácticas que ellos denominan con “fármacos abortivos”.

Por su parte, Daniela Téllez del Valle, integrante de Di Ramona AC, explicó que menos del uno por ciento de los casos de interrupción del embarazo que son seguros tienen complicaciones y pueden ser atendidas por cualquier institución del sector salud. Cabe señalar que ninguna de estas complicaciones causa la muerte.

La activista llamó a las áreas médicas a informarse incluso desde la formación educativa que considera que está plagada de subjetividades sobre los procedimientos seguros de interrumpir el embarazo: “Ellos denuncian desde sus moralidades y estigmas porque denuncian muchas veces a mujeres bajo la sospecha, no desde la certeza, lo cual genera todo este contexto persecutorio”.

Agregó que el marco legal en México es contradictorio y que las instituciones de salud, junto con su personal, en ocasiones se toman atribuciones persecutorias que ni las leyes demuestran, “hay que recordar que no existe un perfil de la mujer que aborta, pero sí de la que es criminalizada por abortar”, indicó en entrevista.

“Me parece tendencioso hablar de detectar los fármacos abortivos cuando sabemos perfectamente desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuales son los medicamentos seguros, no dejan lesiones en el cuerpo y no son peligrosos”, reiteró.

Mientras que el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) puntualizó que la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres, un pensamiento que continúa permeando no solo la cultura, sino todas las instituciones del estado y que representa una violación a los derechos humanos.

En su texto, disponible en el compendio Maternidad o castigo explicó que: “Esta criminalización no solo envía un fuerte mensaje desde el estado con respecto a las decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada, sino que afecta de manera concreta a personas generalmente procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a la información reproductiva, condenadas a perder años de su vida en prisión y sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad”.

GIRE ha trabajado durante más de 25 años por el acceso a la interrupción legal del embarazo de una manera segura y ha acompañado a diversos casos de criminalización por aborto. Para este trabajo, fueron realizadas más de 900 solicitudes de acceso a la información pública, mismas que fueron sistematizadas y analizadas en relación con otras fuentes, asimismo fueron recabadas también 56 versiones públicas de sentencias relacionadas con procesos reproductivos de todo el país.

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Una historia de muchas

Una joven de 17 años fue atendida de emergencia, le practicaron un legrado y estuvo un par de días hospitalizada. Sin embargo, cuando ya tenía el alta médica le impidieron la salida del nosocomio porque lo que realizó es considerado una conducta delictiva, con base en el código penal del estado que permite únicamente interrumpir el embarazo en casos de violación (con una orden judicial), malformación congénita o porque esté en riesgo la salud de la madre, según el artículo 158.

De 2006 a 2017, en Hidalgo fueron iniciados 23 juicios contra mujeres por el delito de aborto, de los cuales la mayoría terminó en sentencia condenatoria

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