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Cronología de un “madruguete” en el Congreso

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En dos semanas, el Congreso estatal aprobó nombramientos para dependencias de justicia, redujo la capacidad del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, aprobó iniciativas emanadas del gobernador y cambió las reglas de la propia legislatura, situación que causó revuelo entre la minoritaria oposición que calificó los hechos como un “albazo” o “madruguete”, que tiene el fin de blindar al Ejecutivo estatal del próximo gobierno federal y de los congresos con mayoría morenista.

“Albazo” en Hidalgo

De acuerdo con un análisis realizado por el diputado local afín al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Miguel Ángel de la Fuente López y la recuperación de notas periodísticas de diferentes medios de comunicación, entre el 17 y 31 de julio la actual legislatura aprobó de una manera rápida y sin análisis profundo importantes cargos para la vida política del estado, además de leyes que llegaron al filo de la última sesión.

En la del 17 de julio, con 21 votos a favor y seis abstenciones de los simpatizantes morenistas, el pleno del Congreso de Hidalgo aprobó a Raúl Arroyo como nuevo procurador de Justicia, a cinco días de ratificar la renuncia de Ramiro Lara Salinas, quien dimitió del cargo por “motivos personales”.

Desde aquella sesión, Jorge Miguel García Vázquez, quien al igual que De la Fuente y otros cuatro diputados renunciaron en marzo a sus partidos políticos para declararse afines a Morena, denunció que la designación del nuevo procurador se trataba de un “albazo legislativo” para blindar al gobierno estatal de las administraciones morenistas.

Dos días después, el 19 de julio, con 22 votos a favor y seis en contra de los morenistas, quienes protestaron desde tribuna con carteles que mostraban la frase “No al fiscal carnal”, el pleno designó a Sergio Zúñiga Hernández como titular de la fiscalía de delitos electorales dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en sustitución de Arturo Sosa Echeverría, quien renunció días antes.

El 26 de julio, el pleno aprobó apenas una semana después de ser propuesto, el recorte de cinco a tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) a partir de este diciembre, situación que de acuerdo con los opositores tendría un trasfondo para que los tres magistrados que queden defiendan intereses del Ejecutivo y no sean removidos, pues sus periodos culminan más adelante.

El 30 de julio, en la penúltima sesión ordinaria, el Congreso nombró siete nuevos magistrados: Jaqueline Velázquez, José Luis Mendoza, Iram Zúñiga y Alfredo Uribe para el tribunal de justicia administrativa; Janeth Herrera, Isabel Sepúlveda y Eduardo Castillo para el Tribunal Superior de Justicia y Víctor Juárez será nuevo consejero de la judicatura, perfiles de confianza del gobernador, según el documento.

Protestas y cambio de sede en la última sesión

Finalmente y entre otros temas, como la negativa para derogar los delitos contra el honor del código penal para el estado, en la última sesión ordinaria de la actual legislatura, efectuada el 31 de julio, morenistas protestaron a las afueras de las instalaciones del Congreso contra una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Ese cambio quitaría facultades a los siguientes diputados locales de Morena y tiene como objetivo que el PRI mantenga el control del Congreso y este no sea autónomo del gobierno del estado, de acuerdo con una entrevista que Miguel Ángel de la Fuente dio a Libre por convicción Independiente de Hidalgo.

La situación desembocó en el bloqueo de al menos seis accesos al recinto legislativo y más tarde elementos de la Policía estatal desalojaron de una entrada a los inconformes, con golpes y gas lacrimógeno, para que cuatro diputados pudieran completar el mínimo para sesionar.

Una vez que entraron, 18 de 30 legisladores aprobaron el cambio de sede a la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, pese a que la ley establece que lo tendrían que decidir al menos dos terceras partes del total, es decir 20 legisladores.

Ahí, con la presencia de ya 21 diputados, aprobaron diversos temas como el otorgar permiso al gobierno estatal para el refinanciamiento de la deuda pública, lo que de acuerdo con el análisis, haría que los próximos gobiernos estatales continúen con el pago de la misma, teniendo a su disposición mayor cantidad de dinero.

Además, aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que limitaría la mayoría en el siguiente periodo a través de una junta de gobierno rotativa, es decir, en la siguiente legislatura la presidencia del Congreso no la tendrá Morena los tres años, sino que cada año uno de los tres partidos con más diputados la encabezará.

  1. Jorge Miguel García Vázquez denunció que la designación del nuevo procurador de Justicia se trataba de un “albazo legislativo” para blindar al gobierno estatal
  2. En la última sesión ordinaria de la actual legislatura, efectuada este 31 de julio, morenistas se manifestaron a las afueras de las instalaciones del Congreso en contra de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
  3. Solo queda un mes de sesiones permanentes con la posibilidad de convocar a extraordinarias para designar al titular de la CDHEH y la entrega de la Medalla Pedro
    María Anaya

Aprobaciones, en tiempo y forma, justifican

De la legislatura que termina, solo queda un mes de sesiones permanentes con la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para designar al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y la entrega de la Medalla Pedro María Anaya.

Además, de acuerdo con la presidenta de la actual legislatura, la priista María Luisa Pérez Perusquía, los diputados trabajarán en el tiempo que resta para que los temas pendientes sean tratados, a través de acuerdos en las comisiones o, en su caso, en el pleno, por lo menos para la elección del ombudsperson.

Respecto al pronunciamiento de los morenistas, quienes acusaron de aprobaciones fast track, es decir, por la vía rápida y sin análisis profundo, la presidenta del Congreso dijo que todos los dictámenes se dieron en el tiempo y forma que la ley establece.

“Todo es legal, nada más que hubiéramos querido que no se hiciere ahorita; el tema es que los diputados de la 63 Legislatura no nos hemos muerto, somos diputados, la legislatura no ha concluido, tenemos responsabilidades y obligaciones, ya varios de mis compañeros lo han dicho, llegará el momento en que la nueva legislatura tome posesión de su función y entonces habrán de tomar sus decisiones.”

En el caso específico de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual aprueba una presidencia rotativa de la junta de gobierno, previo a la votación Pérez Perusquía comentó que el cambio abona a la democratización de los órganos de gobierno e incluso el propio Congreso de la Unión trabaja de esa manera.

También justificó la aprobación en una semana de las iniciativas enviadas por el gobernador Omar Fayad, como la de movilidad y cultura, al reiterar que el Congreso ya tenía seguimiento de ambas.

Además, luego de la última sesión, mencionó que el cambio de sede se dio conforme a la ley; por su parte, en entrevista para un programa radiofónico nacional, Fayad Meneses negó que las iniciativas sean para protegerse y recalcó que la propuesta para reformar la ley del Poder Legislativo no fue enviada por él, sino que provenía del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Siguiente legislatura podría revertir el “albazo”

La serie de nombramientos, leyes y reformas aprobados en dos semanas están ya avalados, sin embargo, para al menos dos partidos de oposición, aún quedan recursos legales para revertir las acciones, si no en lo que queda de esta legislatura, en la próxima.

En ese sentido, luego de una marcha contra la “represión y el abuso de autoridad” que sufrieron los morenistas en el Congreso el martes, el diputado afín a ese partido Jorge Miguel García Vázquez declaró que sus abogados ya analizan las alternativas para que en la siguiente legislatura puedan revertirse las “chicanadas” y “albazos” que realizaron los actuales legisladores.

Lo anterior, de acuerdo con el análisis morenista, porque en el caso del procurador y el fiscal electoral la convocatoria no se dio bajo el criterio de máxima publicidad, por lo que impugnarían los nombramientos ante un tribunal especializado.

Mientras que en el cambio de sede, los morenistas argumentaron que se requieren para aprobarlo las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, es decir, 20 legisladores, cuando solo hubo 18.

Además de que debe elaborarse un decreto y ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, mismo que no se hizo, dejando sin efectos todo lo aprobado en la sesión llevada a cabo fuera del recinto legislativo.

En el caso de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se trataba de una iniciativa retirada por quien la propuso, el perredista Marco Antonio Ramos Moguel, quien argumentó que desde la comisión cambiaron el sentido de su propuesta de reforma, lo que calificó como un “albazo”.

Ramos Moguel no descartó interponer un recurso legal y Morena lo tratará de revertir, pues de acuerdo con ellos, traería consecuencias como que cada año será removido el personal que se emplee para el funcionamiento de la legislatura, además de que limita el mandato que los ciudadanos dieron a ese partido.

También obliga a que las dos comisiones de mayor importancia del Congreso, la de hacienda y presupuesto, así como la de legislación y puntos constitucionales, no se integren de forma proporcional de acuerdo al número de representantes populares, sino por representación partidista, es decir, si un partido tiene 17 diputados y otros uno, tendrán la misma representación.

Por lo que, según los morenistas, seguirían una estrategia jurídica de impugnación a las iniciativas de ley aprobadas.

 

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