Cuando la tarde lluviosa del 9 de febrero de 1996 agentes federales, encabezados por el entonces fiscal especial Pablo Chapa Bezanilla, tomaron por asalto las instalaciones de la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari en la delegación Cuajimalpa, del entonces Distrito Federal, el Partido Acción Nacional estaba a punto de echar campanas al vuelo porque uno de los suyos, el diputado federal con licencia Fernando Antonio Lozano daría un golpe severo al expresidente Carlos Salinas de Gortari.
Y es que Lozano Gracia había solicitado licencia al cargo de diputado federal de mayoría, para asumir la cartera de procurador General de la República, a invitación del entonces debutante presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, entre cuyas prioridades como mandatario era cobrar una factura a su antecesor, Carlos Salinas, quien obligado por las dramáticas circunstancias políticas, derivadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo designó candidato sustituto y le entregó el poder.
Es conocido que Zedillo, vísperas del magnicidio, estaba en sus últimos días como coordinador de campaña de Colosio, incluso no lo acompañó a esa etapa que tuvo como destino fatal a la populosa comunidad de Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Zedillo no estaba en el ánimo del equipo de campaña ni en el del entonces presidente de la República.
La puntilla en la ruptura Zedillo-Salinas fue el llamado “error de diciembre”, cuando la economía nacional se fue a pique y derivó en una severa crisis que provocó la renuncia de Jaime José Serra como secretario de Hacienda, lugar que ocupó contra la recomendación de Carlos Salinas de que Pedro Aspe Armella continuara en esa posición.
Así, en una jugada que implicaría el respaldo del Partido Acción Nacional, cuya insistencia en castigar a los responsables de los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, fue una bandera de campaña, acordó con los altos mandos panistas, especialmente con Diego Fernández de Cevallos, que fuera uno de los suyos el procurador general de la República.
Y la designación recayó en el entonces diputado federal Fernando Antonio Lozano Gracia, quien asumió la cartera de la PGR el primero de diciembre de 1994, para concluir el encargo el 2 de diciembre de 1996, bajo severos cuestionamientos respecto de la seriedad de su desempeño, con nulos resultados y, en cambio, acompañado del escándalo derivado del uso faccioso de la PGR para cobrar facturas políticas.
La mañana del lunes 2 de diciembre de 1996, Lozano Gracia fue llamado a la residencia oficial de Los Pinos. Después de ser recibido por Zedillo, salió con la obligada renuncia al cargo en la bolsa.
Lozano Gracia, por recomendación del abogado Juan Velázquez –recomendación de la que me confió se arrepiente– y el visto bueno del entonces presidente de la República, nombró a Pablo Chapa Bezanilla fiscal especial para atender los casos Posadas, Colosio y Ruiz Massieu. Pero el flamante fiscal, con antecedentes nada recomendables en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con la anuencia absoluta de su jefe, el procurador Lozano, fabricó delincuentes y culpables.
Detuvo a Raúl Salinas de Gortari bajo la acusación de la autoría intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y le armó tal comedia policiaca, que provocó el escándalo que evidenció cómo, por enésima ocasión, la Procuraduría General de la República, entonces en manos de un equipo de filiación panista, tanto que hasta el secretario particular de Lozano Gracia luego sería presidente de la Cámara de Diputados, servía para la venganza política.
Las “pruebas” aportadas por Chapa Bezanilla y aprobadas por Lozano Gracias, se derrumbaron tiempo después, de forma tal que Raúl Salinas, acusado de haber asesinado al entonces diputado federal del PRI Manuel Muñoz Rocha, autor material del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, fue absuelto.
Lo mismo ocurrió con Othón Cortés Vázquez, a quien se detuvo el viernes 24 de febrero de 1995 bajo la acusación de haber sido el segundo tirador en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. En agosto de 1996, Othón fue absuelto. Pero, en contraste con Raúl Salinas de Gortari, dueño de una considerable fortuna, Othón fue estigmatizado y la tarea justiciera de la PGR panista le desgració la vida.
Porque, a sabiendas de que era un montaje, el “hallazgo” de unos huesos en la finca El Encanto, el 9 de febrero de 1996, fundado en la versión de la vidente Francisca Zetina (a) la Paca, dijo que eran de Muñoz Rocha, Lozano Gracia negó que el uso de este personaje fuera en detrimento de la credibilidad de la PGR y de la aplicación de la ley.
–¡Se equivoca! Más que desprestigiarse, la procuraduría se prestigia con ese trabajo técnico y especializado que ha tenido estos resultados– me respondió, palabras más palabras menos, un molesto Lozano Gracia, en la conferencia de prensa convocada, entonces, para presumir el hallazgo y, por ende, un elemento toral para el proceso seguido a Raúl Salinas.
Hoy, el caro despacho Lozano Gracia Abogados, tiene como misión: “Defender con alto compromiso y eficacia los derechos e intereses legítimos de personas e instituciones, a través de estrategias integrales de negociación jurídica y de atención especializada y profesional”.
La amnesia política. Hoy el PAN y su candidato presidencial, Ricardo Anaya, acusan al gobierno de Enrique Peña Nieto de usar a la PGR para desbarrancarlo de la carrera presidencial. Se olvidó, casualmente, ese servicio albiazul al priismo de Ernesto Zedillo, que seis años después entregaría al PAN la presidencia de la República. Lo cierto es que la PGR, lamentablemente ha servido en diferentes administraciones federales como mecanismo para el cobro de facturas política. Pero, luego le platico más de las andanzas del procurador general de la República que se vistió de justiciero al servicio del PRI. Conste.

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