El voto no debería ser un derecho para cualquier persona, por el mérito dudoso de ser mayor de 18 años. Deberían tener derecho al voto únicamente quienes pasaran un examen en que quedara demostrada su habilidad para discernir lo que es necesario para el bien común. Y los otros, los demasiado torpes o indolentes para estudiar la materia, los que votan por intereses, por que un candidato les simpatiza o tiene buen aspecto, o porque odian a los otros contendientes, o porque una reforma es contraria a sus intereses, deberían tener vetado el voto.

Si la mayoría tuviera la sabiduría para entender qué es necesario para un buen gobierno, el gobierno no sería necesario. Sería posible una notable y sabia anarquía, dinámica. En que cada cual hiciese lo necesario para la felicidad común. Sin embargo, la democracia, cuando es auténtica, sigue siendo el mejor de los sistemas posibles, no porque sea un gobierno de todos, por todos y para todos, sino porque es el único capaz de controlar el poder del Estado, de los políticos y de sus partidos mediante una inteligente y eficaz red de cautelas, frenos, contrapesos y contrapoderes.

El problema es que esa democracia verdadera ya no existe, ni siquiera en los Estados Unidos, que es el país que la instauró por vez primera, ni en ningún otro país del mundo. Y no existe porque ni los políticos ni los ciudadanos saben llevarla a cabo.

Escuchar a la población es importante, pero la democracia directa es mucho más compleja, como Thomas Meaney y Yascha Mounk escribieron en la revista Letras Libres en el número 238: “Afirmar que la participación política de la gente en la toma de decisiones hace de la democracia una forma de gobierno legítima no es sino otra vacuidad”. Para esos historiadores, el problema recae en que los ciudadanos no quieren asumir las responsabilidades de gobernarse a sí mismos, no están informados o siquiera interesados. De tal manera que las consultas pueden convertirse en un ejercicio poco fructífero si no se escucha a las voces expertas.

En estos días se lleva a efecto la consulta nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ciudadanía mexicana puede emitir su opinión sobre dónde debe construirse la nueva terminal aérea: en Texcoco o en Santa Lucía. Las consultas son un ejercicio que, bien efectuado, permite conocer la opinión de una parte de la ciudadanía sobre temas polémicos. Sin embargo, no se puede esperar que toda la población sea experta en el tema o que tengan propuestas claras sobre cómo contribuir a la solución de los problemas que afectan al país. El abuso de las consultas puede provocar que cualquier decisión, por más insignificante que sea, se someta a un voto, por ejemplo, por medio de Twitter.

En la antigua Atenas, los ciudadanos constituían, a lo mucho, la quinta parte de la población, el resto eran mujeres, niños, residentes extranjeros y esclavos. Sin embargo, aquellos atenienses que sí contaban como ciudadanos tenían voz directa en cuestiones de justicia y guerra. La idea de que un pueblo debe reunirse en público para discutir cómo actuar no era exclusiva de los griegos (varias sociedades indígenas de Asia y América deliberaban de manera similar), pero en el mundo moderno no se ha intentado a escala masiva algo que se aproxime a la democracia directa.

Los fundadores de Estados Unidos fueron muy firmes al decir que no podía ser de otro modo. “El cuerpo entero del pueblo no puede actuar, hacer consultas o razonar reunidos, porque no puede andar quinientas millas ni perder el tiempo ni hallar un espacio lo bastante grande para reunirse. Por tanto, la propuesta de que son ellos los mejores guardianes de su libertad es falsa, son los peores que se pueda imaginar, no son guardianes en absoluto”, declaró John Adams. Por más de 200 años, casi todo pensador político ha concedido que las limitantes de espacio y tiempo hacen impracticable la democracia directa. Incluso aquellos que no compartían la aversión de los fundadores de Estados Unidos hacia el gobierno popular (Robespierre, Bolívar o Lenin) han reconocido que las instituciones representativas son inevitables.

En tanto, la democracia directa era impracticable dentro de los confines del Estado territorial moderno, la aseveración de que las instituciones representativas constituían la forma más verdadera del autogobierno era casi plausible. Pero ahora, a principios del siglo XXI, la afirmación de que la democracia directa es imposible a nivel nacional, y más allá, ya no es creíble.

El problema no es en si el hecho de ejercer una opinión acerca de lo que se cree es importante para la comunidad, el dilema estriba en que la mayoría de las personas que conforman una nación no tienen la menor idea del porque votan, para ello se requiere una educación política, económica, cultural, ética, moral, etcétera. ¿El pueblo mexicano está capacitado para tales decisiones? Ojala que así sea ya que de lo contrario las consecuencias serían catastróficas. ¿Tú lo crees?.

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Yo también.

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