Un hecho grave sucedió la noche del lunes en el municipio de Cuautepec. Dos jóvenes murieron por impacto de arma de fuego, presumiblemente a manos de militares. Según versiones periodísticas de la prensa local, el hecho sucedió cuando el auto en que viajaban los jóvenes de entre 20 y 21 años de edad no se detuvo frente a un retén militar. Eso provocó que militares dispararan y alcanzaran a los hoy occisos, quienes iban sentados en la parte trasera del auto Golf GTI, con placas de circulación HGS-234-B. El incidente provocó que unas 200 personas salieran a protestar y a exigir justicia contra los militares. También fue bloqueada la carretera estatal Cuautepec-Tepeapulco y un grupo de personas acudió al destacamento militar para exigir la entrega de los supuestos responsables de las dos muertes. Finalmente, se informó que los militares declararon ante representantes del Ministerio Público en Tulancingo aunque no se sabe cuál fue su versión de los hechos. El incidente es grave porque, de comprobarse la responsabilidad de los militares, la resistencia contra la guardia nacional tendría en este caso un ejemplo claro del por qué la presencia castrense lejos de ofrecer mayor seguridad implica que sucedan ese tipo de hechos, precisamente por su falta de preparación para actuar en presencia de civiles. Pero también es grave porque sucede en Cuautepec, un municipio asolado por el huachicoleo y que es escenario de enfrentamientos y problemas sociales relacionados por la presencia de bandas de criminales organizadas. Es un foco rojo en constante ebullición que puede estallar en cualquier momento. De filón. Durante su conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Policía federal preventiva no presentó denuncia alguna por el presunto desvío de 17 mil millones de pesos (mdp) en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), caso donde estaría involucrado el exgobernador Miguel Ángel Núñez Soto. La declaración sorpresiva del presidente sugiere que no hay pruebas que sustenten las acusaciones contra exfuncionarios del nuevo aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco, entre ellos el propio Núñez Soto y el exsecretario de Educación Pública estatal, Raúl González Apaolaza.

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