“Cuenta hasta 10”, una campaña “fantasma”

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ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA/ CIMAC NOTICIAS

La Oficina de Presidencia contestó en una solicitud, que desconoce información básica como quién elaboró la campaña y cuánto costó

Ciudad de México.- A casi cuatro meses de haber presentado la campaña “Cuenta hasta 10”, que buscaba prevenir la violencia en los hogares y que tuvo que ser modificada por las críticas que generó, la Oficina de Presidencia contestó en una solicitud de información, que desconoce información básica como quien elaboró la campaña y cuánto costó.

El 26 de mayo, el vocero de la Oficina de Presidencia Jesús Ramírez Cuevas presentó en una conferencia de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob) una campaña que se identificó en medios de comunicación y boletines oficiales como “Cuenta hasta 10”. En las postales, videos y audios que la integraban se veía a familias convencionales al borde de un conflicto violento, en el que se representó a las mujeres como ejecutoras y no como receptoras de la violencia.

Cimacnoticias solicitó, vía transparencia, información a diversas áreas competentes de la Oficina de Presidencia, para conocer el monto asignado a esa campaña que fue difundida en medios digitales, radiofónicos e impresos, así como quiénes participaron en su elaboración. La respuesta fue que no existe documento físico o digital en el que obre el nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; y que el presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención algún asunto relacionado, ni se han celebrado instrumentos jurídicos para la campaña.

Esa información contrasta con lo que Ramírez Cuevas dijo a la prensa para defender la campaña el mismo día de la presentación. El funcionario aclaró que personas del “sector privado, grupos de mujeres, asociaciones” habrían revisado los materiales.

Y agregó: “La campaña ha venido desarrollándose en un diálogo con diferentes sectores y se vino afinando el mensaje. La campaña estaba preparada incluso con anticipación y justo en este diálogo se fue transformando para no estigmatizar y para no caer, digamos, en los clichés a los que estamos acostumbrados cuando se aborda el tema de las mujeres. Entonces por eso nos llevó unas semanas más darla a conocer”.

Ese mismo día, la campaña suscitó una serie de críticas de distintas organizaciones feministas que la calificaron como revictimizante, lejana a la realidad de las mujeres y clasista. Días más tarde, la Segob presentó una nueva campaña a la que llamó “complemento” de la anterior.

Segob y Presidencia “se echan la bolita”

Cimacnoticias buscó desde mayo a personal de comunicación de la Segob y de Presidencia para conocer los grupos que participaron en la elaboración de la primera parte de la campaña, así como el dinero que se invirtió para la misma; los primeros negaron tener competencia en el tema y los segundos nunca respondieron a esa solicitud.

Vía transparencia, ambas dependencias alegaron incompetencia. No obstante, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI) ordenó a Presidencia dar la información requerida tras argumentar que “resulta que en efecto la campaña fue presentada en la conferencia de prensa por la Secretaría de Gobernación en sus conferencias mensuales sobre violencia contra las mujeres. Sin embargo, estuvo presente el vocero de la Presidencia Jesús Ramírez Cuevas y de ello se advierte que no solo como un invitado”.

El INAI también observó, con base en transcripciones de las conferencias mañaneras, que el presidente de la República manifestó que atendería una recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se hará una buena campaña, haciendo alusión a la campaña que es de interés del ahora recurrente.

En conclusión, ese instituto está impedido de validar la incompetencia aludida por el sujeto obligado, toda vez que, como se analizó, cuenta con unidades administrativas que tienen atribuciones para conocer diversos aspectos físicos y financieros, así como de vigilancia, coordinación y seguimiento, por lo que hace a programas y proyectos de la administración pública federal, y de manera específica, en materia de comunicación social y estrategia de comunicación”.

Por todas esas pruebas, el INAI instruyó a la Oficina de Presidencia a que “asuma competencia, y dé la respuesta que en derecho corresponda en torno al nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña ‘Cuenta hasta 10’ para prevenir la violencia contra las mujeres…”

Obligada por el INAI, la Presidencia dijo reiteradamente que se hicieron varias búsquedas de la información “con criterio amplio” en las instalaciones de la coordinación general de política y gobierno, es decir tanto en las oficinas ubicadas en plaza de la Constitución; así como en las localizadas en avenida Constituyentes.

Sin embargo, dijo, “no se encontró en esta coordinación general de política y gobierno información referente a la solicitud, enfatizando que se realizó una nueva búsqueda exhaustiva, amplia y razonable con criterio amplio ‘…nombre de las empresas, organizaciones civiles o personas que participaron en la elaboración de la campaña “Cuenta hasta 10” para prevenir la violencia contra las mujeres; …’ en los archivos que la conforman sin localizar dicho documento ni elemento alguno que permita advertir o suponer que la misma obró en los archivos de esta unidad administrativa”.

La Oficina también alertó que “el presidente de la República no ha encomendado, ni ha girado instrucciones para dar seguimiento y/o atención a algún asunto relacionado con el requerimiento determinado por el órgano garante nacional a esta unidad administrativa, ni algún servidor público adscrita a la misma”.

Además, dijo, “no se cuenta con información que dé respuesta a la resolución de mérito, en virtud de que esta unidad administrativa no ha celebrado instrumentos jurídicos para la campaña que refiere el particular”.

Cimacnoticias también solicitó información sobre los costos de esa campaña. En ese caso, la Presidencia alegó que la búsqueda de esa información pondría en riesgo la salud del personal por la pandemia. Esa respuesta también se impugnó y está en espera de resolverse.

Declaraciones de Presidencia no tienen fundamento

Esa no es la primera vez que la Oficina de la Presidencia no consigue demostrar el fundamento de las declaraciones del presidente de México o de su vocero.

Por ejemplo, la Oficina de Presidencia se deslindó de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador respecto a que las llamadas al 911 por violencia familiar durante el confinamiento “son falsas” y señaló que quienes pueden responder por los datos son la Secretaría de Gobernación (Segob), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Lo anterior fue respondido en una solicitud de información presentada por la organización civil Equis Justicia para las Mujeres, que acompaña a víctimas de violencia en el acceso a la justicia, a la Oficina de la Presidencia.

Por otro lado, el Inmujeres respondió a Equis Justicia que en el primer cuatrimestre de este 2020, 23.9 por ciento de las llamadas al 911 fueron declaradas procedentes. Es decir, esos datos no fundamentaban sino que contradecían la declaración del mandatario. Al respecto de ese caso, el INAI también revocó la respuesta de Presidencia y se espera una nueva respuesta.

En otro caso, Cimacnoticias solicitó a Presidencia conocer el fundamento de una declaración que López Obrador hizo el 4 de abril en un informe sobre la pandemia. El mandatario aseguró: “puedo demostrar que, a la mitad de los hogares del país ya está llegando al menos un programa de bienestar y que 95 por ciento de las familias pobres de México están recibiendo, cuando menos, un apoyo o beneficio. El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento”.

No obstante, esa dependencia negó tener competencia en el tema y refirió a la Secretaría de Bienestar, quien negó que exista algún documento que demuestre que la información es certera.

  • Organizaciones feministas que la calificaron como revictimizante, lejana a la realidad y clasista
  • Las respuestas recibidas por parte de los institutos correspondientes fueron impugnadas y se encuentran en espera de resolverse

En las postales, videos y audios que integraban el plan se veía a familias convencionales al borde de un conflicto violento, en el que se representó a las mujeres como ejecutoras y no como receptoras

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